Desde hace semanas Rusia había criticado la salida de granos por el corredor marítimo acordado con Ucrania por dos motivos. Primero que a la fecha han salido 9.5 millones de toneladas, pero solo el 23 por ciento hacia países de medianos y bajos ingresos. Segundo que la salida de sus propios cereales y fertilizantes seguía enfrentando los obstáculos del boicot a las transacciones financieras y al aseguramiento de sus transportes.
La madrugada del sábado 29 de octubre hubo un ataque masivo de drones sobre la flota rusa en Sebastopol, Crimea. Rusia declaró que ese ataque fue lanzado desde el corredor marítimo de salida de los granos y suspendió su participación en el acuerdo tripartito Rusia – Turquía – Ucrania.
Cuatro días después, tras activos esfuerzos de la diplomacia turca, Rusia regresó al acuerdo tras el compromiso de Ucrania de no utilizar el corredor marítimo para lanzar ataques militares y a realizar más exportaciones a países pobres. Por su parte Rusia se comprometió a regalar cereales a Djibouti, Somalia y Sudán entre otros países en pobreza extrema. También advirtió que si Ucrania no respetaba el acuerdo lo suspenderían.
Los últimos datos del Banco Mundial indican que la tonelada métrica de maíz costaba 343.6 dólares el pasado mes de octubre mientras que su precio medio en 2021 fue de 259.5 dólares; bastante más que 165.5 dólares que costaba en 2020. En cuanto al trigo, para las mismas fechas los precios fueron de 438 dólares en octubre; 280 en 2021 y 227.7 en 2020.
Los precios de la urea, un fertilizante fundamental, se cotizaba en 636.3 dólares la tonelada en octubre, 483.2 en 2021 y 229.1 en 2020. Este es un dato que podría ser más preocupante que el de los granos porque a estos precios se está reduciendo su uso. Cierto que el mayor precio de venta es atractivo; pero sólo es aprovechable para los que pueden realizar una inversión más costosa. Es decir, que los más afectados serán los productores pobres que están dejando de producir.
El precio del gas en Europa se encuentra en 39 dólares los 26.8 metros cúbicos; el promedio de 2021 fue de 16.12 pero muy inferior a los 70 dólares de agosto pasado. La caída reciente se debe a la saturación del almacenamiento, pero el precio subirá en unos meses dependiendo de la intensidad del invierno y con ello se afectará, en mayor o menor intensidad el precio de los fertilizantes.
En los Estados Unidos el galón de diésel, un combustible esencial para la agricultura y el transporte de bienes, se vende a 5.32 dólares en promedio mientras que hace un año costaba 1.59.
La unión de países petroleros Opec y más decidió, en contra de las presiones norteamericanas, reducir su producción para mantener elevados los precios.
Sirvan los datos anteriores para ilustrar la volatilidad en torno a lo más esencial, alimentos, fertilizantes y energía. El mundo ha cambiado radicalmente tras la pandemia, la guerra en Ucrania y las sanciones occidentales contra Rusia. El divorcio económico entre los países de la alianza occidental y Rusia hace que los primeros busquen nuevos proveedores mientras la segunda busca nuevos clientes.
Ahora en el comercio internacional privan las motivaciones político-militares. Predomina la incertidumbre y los imprevistos. El mundo ya no es confiable.
Es en este contexto que el combate a la inflación en México no debe limitarse al horizonte inmediato, liberalizar las importaciones, sino a construir una mayor seguridad futura. Lo cual como ocurre en otras latitudes, requiere decisiones independientes, no las que impone nuestra maltrecha globalización.
El incremento de la tasa de interés como instrumento del combate a la inflación es una medida que limita la inversión y el consumo; es decir que promueve el empobrecimiento como medida antiinflacionaria. Sostener con gasto público los precios bajos de los energéticos y continuar con las transferencias sociales, son medidas positivas en sí mismas, pero no cuando se plantean como el máximo esfuerzo que puede hacer un gobierno que apuesta a la pobreza franciscana.
Urge equilibrar el combate neoliberal a la inflación con el impulso a la producción interna. No hacerlo implica dejar que siga empeorando la inequidad entre un México globalizado y el de la mayoría de la población que sobrevive en la informalidad y la pobreza.
Hay una posible salida a este dilema. Aceptar la existencia de dos rutas complementarias; por un lado, una globalización avanzada, pero deficiente en tanto que no ofrece bienestar para todos. Y por otro, trabajar en crear una nueva ruta, no alternativa sino complementaria, de producción, trabajo y mejoría de bienestar para la mayoría excluida.
Es posible si el fuerte gasto en transferencias sociales se convierte en capacidad de compra sobre la producción local y regional de pequeña.
Hay la estructura institucional adecuada, aunque muy golpeada, en la red comercial de Diconsa que podría reconvertirse en eje del comercio entre productores y consumidores excluidos de los beneficios de la globalización.
Existe sin embargo un fuerte obstáculo político; el enorme desprecio y desconfianza de toda forma de participación social organizada que predomina en la actual administración.
Organizar un mercado social de micro productores convencionales requeriría una fuerte alianza política del Estado con organizaciones de productores, beneficiarios de las transferencias sociales y consumidores en general. Las instituciones del Estado, las que manejan los programas sociales, los de comercialización, los de desarrollo rural y agropecuario, los de medio ambiente y manejo del agua tendrían que aceptar un trato colaborativo con la población en la que inciden. Es decir que tendría que existir una efectiva, muy efectiva, contraloría social y no el actual remedo.
Si no le damos una ruta de desarrollo productivo y bienestar a los excluidos todo el modelo globalizador estará en riesgo.