No hay registro, en la historia de México, de que polarizar a las personas ciudadanas desde el gobierno, haya sido estrategia de control político y distractor de las audiencias, frente a la corrupción y el abandono de los grandes problemas nacionales, como lo es hoy día.
En la polarización —confabulada desde Palacio Nacional— se emplean calificativos como “achichincles”, “conservadores”, “fifís”, “minoría rapaz” y “peleles”, para referirse a quienes no secundan las políticas inconstitucionales e ilegales de Andrés Manuel López Obrador, o a quienes se atreven a cuestionarlas.
Los aduladores del régimen (desde servidores públicos, hasta pseudoperiodistas beneficiados económicamente por el gobierno), se rasgan las vestiduras ante los insultos vertidos por los particulares críticos al régimen, pero guardan silencio ante la rampante corrupción de todas las áreas de la administración pública federal, ante la inseguridad y el dominio territorial de la delincuencia organizada y ante las expresiones peyorativas de quien debiera gobernar para todos los mexicanos y no sólo para aquellos que le alaban.
Parte de la estrategia de deterioro institucional, que le resulta útil para acumular poder al habitante de Palacio Nacional, pasa por pisotear los límites entre los Poderes de la Unión y entremeterse con las atribuciones de los órganos de autonomía constitucional, ponderadamente del Instituto Nacional Electoral.
Al mismo tiempo, se vulnera el principio de legalidad, sin consecuencia jurídica alguna, en la medida en que el presidente de la República actúa como particular y no como servidor público constreñido por lo que las normas le mandatan hacer.
Una jurisprudencia constitucional precisa que nuestra norma máxima no reconoce el derecho al insulto; sin embargo, señala que, en la evaluación del lenguaje empleado por las personas gobernadas, debe tomarse en consideración el contexto: la situación política y social del Estado, lo cual puede “disminuir la significación ofensiva y aumentar el grado de tolerancia”.
Que las personas gobernadas insulten a sus gobernantes es cosa común y puede ser que hasta positiva, ya que con ello demuestran en pocas palabras, su crítica ante el desempeño ineficiente y corrupto. Por el contrario, los insultos y descalificaciones dirigidas a las personas gobernadas, formuladas desde el poder, denotan rasgos de autoritarismo, sin relación alguna con los principios de la democracia.
Y no es que Andrés Manuel López Obrador tenga la piel muy fina; es sólo que con su estrategia discursiva, permanentemente reiterada, espera que las y los gobernados polemicen, se dividan y aparten la mirada de los temas de real interés público, como lo son la ausencia del Estado frente a las organizaciones criminales, el deterioro de la economía, el incremento de la deuda pública y la inflación, por sólo citar algunos.