La violencia vista desde la política es una nueva tragedia encima de la otra. Recientemente conocimos el caso de una mujer fallecida en el estado de Morelos, quien había sido vista con vida por última vez en la CDMX, desde donde se usó el caso para golpear políticamente a un funcionario del estado de Morelos, usando una diferencia en las conclusiones sobre las causas de la muerte. No hubo una crítica a los médicos que hicieron la autopsia, sino al político titular de la fiscalía. Durante el golpe político se hicieron manifestaciones sobre el proceso de la muerte, a partir de un video, señalando que al momento de las imágenes la víctima ya se encontraba sin vida, pero sin exponer cómo alcanzaron dicha conclusión. Dicha afirmación afecta la línea temporal de los hechos. Como en casos anteriores, la investigación se encuentra estancada y en medio de contradicciones que solamente le sirven a un eventual acusado, en caso de haberlo, como ya lo hemos comentado en publicaciones anteriores.
Este incidente me hace recordar el caso de Debanhi. Otro fallecimiento en el que la autopsia hecha desde la Ciudad de México estableció que se trataba de un homicidio, contradiciendo entonces a la conclusión emitida por el estado de Nuevo León, pero, estableciendo una fecha de la muerte completamente fuera de la línea temporal de la investigación. Otra vez, las conclusiones en oposición en medio de una enorme carga política. Esa investigación también se encuentra estancada entre contradicciones. En ambos casos una primera investigación había concluido muertes accidentales y una segunda determinó homicidio. En un caso ya casi olvidado, primero se dijo que a la víctima la habían quemado, y luego se informó que la fallecida se había prendido fuego intencionalmente.
En otro de los incidentes recientes, se habló de una mujer joven se había aventado de un taxi para evitar un secuestro aparentemente. Luego, se dijo que la mujer en realidad se había caído cuando se abrió la puerta del carro, eso sí, manteniendo la hipótesis de un secuestro. El problema será determinar la intención del conductor del taxi, cuando no podemos tener certeza sobre la mecánica de los hechos.
Si bien la violencia contra las mujeres es un cáncer que nos come los ojos, aplicar conceptos políticos para atenderlos y así quedar bien con la sociedad, no es el mejor mecanismo. De manera similar a la batalla de declaraciones desde la CDMX con las autopsias, tenemos nuestras fiscalías y leyes que reflejan esa visión política más que técnica del combate a la delincuencia, y que se hacen visibles cuando un ojo desde el exterior nos alcanza, y que empiezan con la presentación apresurada de actualizaciones de la investigación para luego desmentirlas.
Hace unos días, una turista estadounidense de nombre Shanquella Robinson, falleció en San José del Cabo, Baja California Sur. Las versiones iniciales apuntaban hacia una congestión alcohólica, pero, el acta de defunción apunta como la causa del fallecimiento a lesiones causadas en la médula espinal. Un video publicado en redes sociales parece mostrar cómo una mujer golpea a la víctima en varias ocasiones al interior de la casa donde vacacionaban. Ello parece corroborar la hipótesis de que hubo violencia en el lugar. Las autoridades y los medios estadounidenses contactan a las instituciones locales mexicanas para solicitar los avances del caso. Posteriormente, se vuelven a acercar para pedir aclarar lo que inicialmente informó la fiscalía estatal, ya que no les quedó claro, entre otras cosas, porqué lo primero que expresa esa autoridad es que se trata de un incidente aislado (aislado de dónde o de qué); o cuál es la razón y la diferencia técnica policial de estar realizando esta investigación con “perspectiva de género”; o si al decir que se están siguiendo todas las líneas de investigación posibles, estando todos los compañeros de viaje de la víctima de regreso en EU, significa que ya están excluidos de responsabilidad; y, por qué en el formato del acta de defunción, donde debe aclararse si la muerte obedece a razones accidentales o violentas, la respuesta fue “sí”.
Claramente nosotros podemos identificar el mensaje político que esperamos escuchar en México cada vez que hay un incidente violento, sobre todo contra una mujer, y que erróneamente lo confundimos como parte de la técnica de una investigación criminal.
La dificultad para “traducir” el discurso policial mexicano descubre lo absolutamente ambiguo y vago del mensaje, como reflejo de una investigación siempre mezclada con perspectiva política y mediática, no de género.
Pero no es el único problema. En adición a los errores técnicos de la investigación de nuestras autoridades y su uso político, también es de resaltar la actitud de la sociedad mexicana hacia las investigaciones policiales. Esta actitud me hace recordar un chiste malo, viejo y misógino que relataba el proceso de decisión de un hombre para elegir esposa entre tres candidatas, quienes desplegaban una serie de actitudes en competencia para buscar ser la elegida. Al final, la actitud no importaba y el hombre elegía a la más atractiva. Punto.
Algo así es nuestra posición hacia los casos y crímenes que toman relevancia. Además de exigir que nos revelen todo lo que debería ser reservado en una investigación, entre dos o más hipótesis con distinta cantidad de evidencia sobre lo ocurrido, de manera sistemática elegimos como verdadera, no a la que tiene mayor evidencia, sino simplemente a la más violenta o escandalosa, punto. Desde el caso de un menor recientemente ahogado hasta los sucesos de Ayotzinapa reflejan tal criterio social.
Ojalá lográramos despojar a la investigación criminal mexicana, sobre todo en lo relacionado con la violencia de género, de nuestras expectativas como público y de la visión política de las autoridades.