En un escenario en el que el conflicto político se incrementará, lo que pase en la Corte las próximas semanas nos dará el escenario en el que se encauzará parte de dicha conflictividad en lo que resta de este sexenio.
La próxima elección de quien presida la Suprema Corte marcará el talante de la voz protagónica del colegiado y, muy probablemente, la reconformación de las posiciones de los ministros y ministras. La elección de la presidencia, necesariamente requiere de acuerdos. La cuestión, por tanto, estará en torno a qué se podrán construir.
Resulta también inevitable referir que un elemento siempre presente, pero ahora con mayor intensidad, lo será el interés y aún más, la intervención del Ejecutivo en la orientación de quién debe presidir. La experiencia que se ha dado en casos análogos lleva a dar por supuesta que la intervención se hará mediante el uso de buenas y malas artes.
El presidente de la República quiere una Corte militante, que los jueces tomen partido, que se alineen a sus propuestas. En el esquemático entendimiento de la función judicial, los jueces también se clasifican en amigos y enemigos según resuelvan asuntos en favor o en contra de sus propuestas.
En el discurso presidencial no está presente la idea de un diálogo institucional, incluso no está presente la idea de la argumentación., menos lo está la posible construcción de un discurso constitucional. En cambio, lo está el de la instrucción (el presidente cita a los ministros en Palacio); el de conceptos que a su juicio deberían ser verdades autoevidentes (seguridad nacional, soberanía, justicia, neoliberalismo, etc.), que apelan invariablemente a la excepcionalidad; el de diatribas en contra de juzgadores apelando al poder intimidatorio que desde su posición de poder puede hacer valer.
El presidente no se asume como parte en juicios ante un tercero imparcial. Prefiere a jueces como correas de transmisión de sus decisiones. Piensa en judicatura partidaria.
El discurso del presidente es el de la aconstitucionalidad cuando la Constitución se le presenta como un límite. A su juicio, la Constitución es prescindible por ejemplo cuando se trata de la Guardia Nacional o en el anunciado Plan B en la reforma electoral.
En tales casos, la Corte se convierte en un escenario estratégico en el que no importan ya los argumentos sino la posibilidad de que no se integren mayorías suficientes para integrar mayorías para invalidar normas generales. El juego es integrar una minoría con capacidad de veto.
Tal concepción sobre la función de los jueces y del funcionamiento de los órganos de la judicatura no pudo ser más claramente expresada que en discurso del Consejero de la Judicatura Bátiz en la toma de protesta de nuevas juzgadoras:
El mensaje es claro: las nuevas juzgadoras deben ser parte de la transformación y asumir una posición frente a los opositores. La justicia es un campo de batalla en el que la judicatura debe tomar partido y asumir una posición militante. Delicado discurso para quien forma parte de un órgano que entre otras cuestiones vigila la disciplina de los juzgadores. Discurso que niega la esencia de la función de la justicia: la imparcialidad; así como la función de los derechos: la protección de las minorías.
Existe, por supuesto, la posibilidad de que la nueva presidencia de la Corte tenga una posición militante y partidista, si esto es así, cederá aún más su función constitucional como contrapeso.