Un referente importante en un sistema democrático como el nuestro, ha sido ir pavimentando el camino para que las mujeres gocen de los mismos derechos que los hombres. Si bien, es ya un referente constitucional y legal, es necesario trabajar para materializar las disposiciones normativas ya establecidas.
Entre las múltiples leyes que han cimentado condiciones de igualdad de derechos, encontramos, entre otras que, en 2014 se eleva a rango constitucional el principio de paridad de género; en 2019 se edifica el principio de paridad en todo y, en abril de 2020, fue publicada una reforma que atiende diversos aspectos que han impedido a la mujer gozar de todo su potencial, me refiero a la violencia política en razón de género del que son objeto muchas veces. Esto derivo en la modificación de 6 leyes generales y 2 federales que buscan prevenir, atender, sancionar, reparar y erradicar dicha violencia.
Para 2021 en otra importante reforma se incorpora lo referente a la violencia digital y mediática y, en 2022 se agregan conceptos como la violencia física, la utilización de ácido o sustancia corrosiva, cáustica, irritante o inflamable o cualquier otra sustancia similar que atente contra la integridad de las mujeres.
Todas estas reformas han tenido un objetivo común: buscar la protección e igualdad sustantiva que genere una mejor sociedad, libre, edificada en principios y valores y, por supuesto, en derechos. No obstante, diversas instituciones cuando sus mediciones muestran que estamos aún muy lejos de poder alcanzar esta igualdad y equidad entre hombres y mujeres.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) publicó en su edición 2022 su índice de Competitividad Estatal (ICE) que mide la capacidad de las entidades federativas del país, de generar, atraer y retener talento e inversión; esquema fundamental para el desarrollo y bienestar de los Estados y sus habitantes.
El ICE se conforma de 72 indicadores clasificados en 10 subíndices en los cuales las entidades se clasifican en seis niveles según su grado de competitividad. En este sentido, destaca que la Ciudad de México obtiene el primer lugar, seguido de Nuevo León, Coahuila Querétaro y Jalisco. En sentido contrario, es decir, las entidades con menos competitividad encontramos a Zacatecas, Michoacán, Chiapas, Oaxaca y Guerrero.
Ahora bien, de este estudio que es importante revisar con detenimiento, resalta la determinación que trabajar en nuestro país equivale a enfrentar condiciones de desigualdad entre los estados del norte y los del sur, o bien, entre hombres y mujeres.
Así, por ejemplo, encontramos la desigualdad de ingreso entre los hombres y las mujeres. La brecha de ingresos laborales fue del 15%, es decir, mientras un hombre recibe 100 pesos por su trabajo, una mujer por un trabajo igual recibe 85 pesos.
Sobre este aspecto los Estados menos competitivos encontramos a Tlaxcala y Oaxaca en donde la brecha está ponderada en un 21% y 24%, respectivamente. Consecuentemente, el IMCO propone algunas medidas que son dignas de ser analizadas y, eventualmente, convertir en políticas públicas. Entre otras tenemos las siguientes:
Adoptar prácticas para atraer el talento de mujeres tanto en el sector público como privado;
Generar un entorno de negocios con condiciones propicias para la inversión en el país, en donde agregaría que dichas condiciones busquen un equilibrio entre hombres y mujeres, es decir, a través de la implementación de políticas públicas con perspectiva de género.
Estos datos permiten observar que para lograr una auténtica igualdad de derechos entre hombres y mujeres no basta con que existan solo las bases legales, sino la voluntad política de irlas materializando, con lo que lograremos una sociedad más justa, equitativa, más funcional, incluyente y plena que genere una mejor nación y fortalezca a nuestro sistema democrático y se incruste en un auténtico Estado de Derecho.