Desde que Rosario Piedra fue nombrada por el Senado como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en medio de un cuestionado procedimiento debido a las acusaciones respecto a que no se reunieron los votos suficientes para obtener la mayoría calificada, así como por el incumplimiento de requisitos que la hacían inelegible ya que hasta pocos días antes de la elección formaba parte del Consejo Nacional de Morena, esta importante institución prácticamente desapareció del mapa en un contexto de inseguridad y violencia que ha provocado una grave crisis humanitaria tal y como lo han señalado diversos organismos internacionales.
En estos tres años al frente de la CNDH, poco o nada ha dicho sobre el desabasto de medicamentos y en particular de los tratamientos oncológicos que ha puesto en riesgo la vida de niñas y niños que padecen cáncer, sobre los aproximadamente 11 feminicidios diarios, las frecuentes masacres en las que se cometen asesinatos incluso de familias completas -incluyendo bebés y adultos mayores- con extrema violencia, las desapariciones de personas que suman más de 35 mil casos sin resolver tan sólo en lo que va de este sexenio, o los ataques contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos que han cobrado la vida de alrededor de 140 -lo que contrasta con la inmediata y desproporcionada reacción ante un altercado en el que le rompieron los lentes a un periodista cercano al gobierno federal-.
Tampoco se ha pronunciado sobre el abuso en la aplicación de la prisión preventiva oficiosa que atenta contra la presunción de inocencia, se negó a presentar una acción de inconstitucionalidad por las reformas a la legislación secundaria mediante las cuales la Guardia Nacional se subordina al mando de la Secretaría de la Defensa Nacional contraviniendo flagrantemente lo mandatado por la Constitución a pesar de que se lo habían solicitado integrantes del consejo consultivo al que nunca toma en cuenta, y ha sido omisa respecto a las quejas que se han presentado por presuntas violaciones de derechos humanos en contra de la misma Guardia Nacional (1056) y del Ejército (964) en el periodo que va de enero de 2020 a mayo de 2022.
Tal parece que la CNDH está siendo muy cuidadosa para no poner en tela de juicio las decisiones del presidente o incomodar a su gobierno sin importar sus posibles consecuencias, con lo que ha perdido la necesaria independencia que exige el cumplimiento de su función convirtiéndose así en una institución irrelevante y por tanto sumamente costosa tanto en términos económicos -nada más costoso que mantener una institución que no atiende sus responsabilidades más elementales- y, más preocupante aún, por su abandono a las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Hay que reconocer que no es la primera vez que la CNDH atraviesa por tiempos sombríos como nos recuerda su errática actuación en el caso de la matanza de Tlatlaya en 2014, pero nunca se había visto tal nivel de sumisión al gobierno en turno como ahora. Llama la atención que en días pasados rompió el silencio que la ha caracterizado en los últimos años, para fijar postura y apoyar la reforma electoral que se discute en la Cámara de Diputados, equiparar absurdamente al INE con la Comisión Federal Electoral -controlada por el gobierno y que por cierto fue presidida por Manuel Bartlett cuando se “cayó” el sistema en la cuestionada elección presidencial de 1988-, y acusarlo de sabotear la voluntad popular, todo ello usando como pretexto la publicación de la síntesis de una recomendación emitida sobre hechos ocurridos entre 1951 y 1965, cuando evidentemente no existía un organismo electoral autónomo. Pero además de que los argumentos esgrimidos por la CNDH son muy poco serios, no debemos pasar por alto que está impedida para involucrarse en temas electorales conforme se establece expresamente en el artículo 102 constitucional. Es claro que a este gobierno le estorban los órganos autónomos y busca su sometimiento y control -lo que lamentablemente ha logrado en muchos de los casos-, y la CNDH representa un ejemplo de lo que no podemos permitir que suceda con el INE. Lo que está en juego es la democracia, nuestras libertades y derechos.