Durante el periodo de análisis del Paquete Económico 2023, que inició el 8 de septiembre, se tuvieron diversas reuniones, discusiones y propuestas para modificar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2023 entre la sociedad en general, sociedad civil organizada y las distintas comisiones de la Cámara de Diputados. Dentro de los espacios de discusiones más importantes resaltan dos: la 3a Semana Nacional de Inversión en Primera Infancia 2022, que se llevó a cabo del 3 al 7 de octubre, y el parlamento abierto, que tuvo lugar del 14 al 26 de octubre de 2022; ambos encuentros se realizaron en la Cámara de Diputados.
En estos foros se presentaron las implicaciones de la aprobación del presupuesto tal y como se entregó al Congreso. En el análisis del Paquete Económico 2023 realizado por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), se destaca, entre otras cosas, que el gasto exclusivo para el cuidado de la primera infancia sería de 21 mil mdp en 2023, 3% menos que lo aprobado para 2022; mientras que, a pensiones, se destinarían 1.7 billones de pesos, lo que profundiza la desigualdad entre generaciones. También, se apuntó que el costo financiero de la deuda aumentaría 30% respecto de 2022 y sumado los demás gastos ineludibles, dejaría al país con un espacio fiscal del 2% del PIB para financiar otras necesidades y garantizar derechos humanos.
Sin embargo, el viernes 11 de noviembre, el PEF 2023 fue aprobado en lo general y particular, sin considerar las discusiones y propuestas que se pusieron sobre la mesa. Como en años anteriores, el monto total no cambió y lo cuadraron con los ingresos, los cuales consideran requerimientos financieros que ascienden a 4.1% del PIB. Se presentaron reasignaciones, como también ha sucedido en años anteriores, del presupuesto de los órganos autónomos a los dos programas de pensiones que opera la Secretaría de Bienestar, principalmente.
Para 2023 se planea gastar 8.3 billones de pesos, 11.6% más que lo aprobado para el 2022. Las reasignaciones por 7 mil 437 mdp provienen, como se mencionó anteriormente, de recortes a organismos autónomos, entre los cuales destaca la disminución de 4 mil 475 mdp al presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE). Esta cifra es 32.1% menor a los recursos ejercidos por el INE en 2021 y 7% menor a lo aprobado para 2022.
En cuanto a las reasignaciones, de los 7 mil 437 mdp, 85.2% se destinan a los programas de pensiones de la Secretaría de Bienestar. En específico, 3 mil 841 mdp más a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores que ya contaba con un presupuesto de 335 mil mdp. La Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad recibirá 2 mil 500 millones más.
El 13.4% de los recursos reasignados van a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en específico para la Guardia Nacional; mientras que 0.6%, 47 millones, son para la Secretaría de Gobernación, repartido entre el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF); Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos y Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres. El restante 0.8% será para atención a víctimas y el Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas.
Por tanto, el presupuesto para el 2023 seguirá ignorando las implicaciones de no contar con un financiamiento público suficiente en temas de salud, educación, primera infancia y medio ambiente, los cuales contribuyen a generar oportunidades y bienestar para la población en el mediano y largo plazo.
* Alejandra Macías Sánchez
Directora ejecutiva
Es economista por la UDLAP y doctora en Políticas Públicas por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del ITESM. Ha trabajado en gobierno federal y en organismos internacionales. Tiene experiencia en temas de evaluación, finanzas públicas, seguridad social y desarrollo social, sobre los cuales ha publicado. Actualmente es directora ejecutiva en el CIEP y se especializa en cambio demográfico y finanzas públicas. Le interesa mejorar las finanzas públicas con base en evidencia y perspectiva de género.