Por quinto año consecutivo el Estado de Derecho ha disminuido en la mayoría de los países. De acuerdo con el Índice de Estado de Derecho elaborado por la organización World Justice Project (WJP)--en el cual se evalúan ocho factores entre los que se incluyen: limitaciones de las competencias del gobierno, ausencia de corrupción, derechos fundamentales, gobierno abierto, orden y seguridad, cumplimiento de la normativa, justicia civil, y justicia penal--, el 56% de la población del mundo vive en un país donde el imperio de la ley se debilitó en el último año.
Se considera relevante reflexionar que, según los análisis de WJP la tendencia a nivel global muestra que la pandemia exacerbó la ruptura preexistente del Estado de Derecho. Y que tres factores podrían explicar los resultados del continuo deterioro: 1. un debilitamiento de las limitaciones de los poderes, 2. una erosión generalizada de los derechos fundamentales causada por el crecimiento autoritarismo y la reducción del espacio cívico, y 3. el deterioro de la justicia civil. Por ejemplo, en el caso del primer punto se evidenció que, en al menos 58% de los 140 países y jurisdicciones estudiados disminuyeron los equilibrios y controles de los poderes del gobierno –la supervisión por parte del poder judicial, el poder legislativo, y los medios de comunicación–. En cuanto al segundo punto, se encontró que el 66% de los países disminuyó el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Por lo que corresponde a punto 3, se explicó que el deterioro a la justicia civil se debe a la creciente discriminación, los retrasos en los procedimientos y el debilitamiento en los mecanismos de aplicación.
En relación con la justicia civil, el Índice de Estado de Derecho de WJP dio cuenta que, la eficacia de estos sistemas descendió en el 61% de los países. La ausencia de discriminación y corrupción, y la accesibilidad y asequibilidad de los procedimientos son algunos de los factores que se estudian para conocer la eficacia de la justicia en materia civil.
En ese sentido, es menester recordar que, como ha estipulado la Organización de las Naciones Unidas, el acceso a la justicia es un principio básico del Estado de Derecho, una vía para hacer frente a la discriminación y hacer valer los derechos. Por ello, a través de la Declaración de la Reunión de Alto Nivel sobre el Estado de Derecho de las Naciones Unidas se enfatizó el derecho a la igualdad de acceso a la justicia para todas las personas, especialmente personas de grupos vulnerables. En esta Declaración los Estados Miembros reafirmaron su compromiso para adoptar servicios justos, transparentes, eficaces, no discriminatorios y responsables.
En esta coyuntura, dadas las atribuciones del Instituto Nacional de Transparencia, resulta prioritario destacar la importancia de la transparencia y el cumplimiento de las obligaciones que de este principio constitucional derivan, para la apertura de los procedimientos. La transparencia ha sumado al conocimiento público y la posibilidad de ejercer mayor escrutinio a las autoridades, lo que consecuentemente, podría derivar en el fortalecimiento de la confianza social en el ejercicio de sus labores, y a la verdadera rendición de cuentas.
Convencidos de que, la transparencia del quehacer público favorece un modelo de justicia abierta en México y por ende mayor equidad en el acceso a la justicia, que en el Instituto Nacional de Transparencia convocamos al Semanario Internacional de Justicia Constitucional y Parlamento Abierto, que se llevó a cabo este 10 y 11 de noviembre. Para la edición del año 2022, el análisis se centró en tres principios constitucionales que el INAI comparte con la jurisdicción constitucional y la actividad parlamentaria en México: primero, los derechos humanos como núcleo indisponible de la deliberación democrática; segundo, la ponderación y la proporcionalidad de derechos; y, por último, la transparencia en el debido proceso legal, parlamentario, así como judicial.
Les invito a consultar los interesantes análisis y reflexiones vertidas en las conferencias magistrales y las mesas de análisis en las que se deliberó sobre seguridad nacional, el límite del derecho de acceso a la información, derechos fundamentales, justicia abierta en las sentencias, democracia constitucional y polarización política.
Estas conferencias y mesas de diálogo podrán ser consultadas aquí.