La actual discusión, referente a la reforma del Instituto Nacional Electoral (INE), propuesta por el presidente López Obrador, ha puesto sobre la mesa –de nueva cuenta, y entre otros temas importantes– el asunto del financiamiento se destina al funcionamiento y operación de los partidos políticos.
El tema de presupuesto al INE está bajo la lupa de la opinión pública debido a otros señalamientos, además del dinero destinado a partidos. Pero quizás sea bueno discutirlo ahora, ante la posibilidad de que la reforma propuesta transforme al Instituto y con ello, a los mecanismos de asignación de los recursos destinados a su funcionamiento, y en especial de los que otorgan dinero a los partidos políticos.
El INE es producto de la transformación del Instituto Federal Electoral (IFE) creado para sustituir a la Comisión Federal Electoral, un órgano dependiente de la Secretaría de Gobernación que era el encargado de organizar las elecciones. El IFE se constituye gracias a una reforma constitucional aprobada en 1990.
Desde ese momento, el Instituto luchó por avanzar en su autonomía y profesionalización. En 1994 se llevó a cabo un proceso de ciudadanización de las y los consejeros, que formaban parte del máximo órgano de dirección, sin embargo, fue hasta 1996 que la presidencia del organismo dejó de estar a cargo del secretario de Gobernación y se instaló la figura de “Consejero presidente” electo por el voto de las dos terceras partes de la Cámara de Diputados.
En este proceso de consolidación, el financiamiento a los partidos políticos tampoco fue una atribución que existiera de origen como la conocemos. La posibilidad de que se asignaran recursos a los partidos de acuerdo a la votación alcanzada tenía el muy loable objetivo de poner el “piso parejo”, es decir, que dejara de ser una competencia desigual entre el partido en el poder –que utilizaba recursos públicos sin ninguna rendición de cuentas– y los demás partidos y/o asociaciones políticas.
Es evidente que todo eso sonaba a justicia democrática en un país donde el PRI habría gobernado más de 70 años aprovechando que no existía un mecanismo democrático que permitiría de manera autónoma hacer valer el voto de la ciudadanía, y avanzar hacia la muy necesaria democracia.
Además, en aquel momento, el país vivía un importante impulso a favor de los derechos políticos, la participación ciudadana, la democracia representativa y el combate a la corrupción. En este ajedrez, igualar las condiciones de participación para propuestas y visiones distintas, era un avance significativo y decidido para que el país dejara de ser la dictadura de un solo partido.
Fue en 1994, que el entonces presidente del Consejo General, el Dr. Jorge Carpizo, hizo público un acuerdo suscrito por 8 partidos, que incluía un punto para hacer una revisión del financiamiento a partidos políticos.
El tema del financiamiento no ha estado exento de cuestionamientos, especialmente cuando en la práctica, más dinero otorgado a partidos no se ha traducido en mejores formas de convivencia democrática. Organizaciones como Alianza Cívica, entre otras a lo largo de los años, han desarrollado campañas para fiscalizar los recursos de los que disponen los partidos, e incluso han puesto sobre la mesa la posibilidad recortarlos.
Actualmente, el INE (así nombrado después de la reforma político-electoral de 2004), enfrenta además de una nueva reforma, el cuestionamiento hacia el monto de su presupuesto y del otorgado a partidos políticos.
Hay que decir que el asunto del dinero, que empezó siendo una prerrogativa necesaria, terminó siendo de poco valor para garantizar procesos democráticos transparentes. En la práctica, el que los partidos contaran con recursos públicos no impidió que se allegaran recursos de diversos grupos que financiaron campañas a cambio de prebendas. Y lamentablemente, de esas acusaciones ningún partido se escapa.
El INE además demostró tener pocos mecanismos para la adecuada fiscalización de dichos recursos, y/o atribuciones que resultaran contundentes para castigar o sancionar este tipo de financiamientos externos, mal uso de recursos, desviación o corrupción.
En este, como en muchos otros casos que involucran el acceso a un derecho –en este a los derechos políticos– se hace evidente que más dinero, no siempre se traduce en el acceso a más derechos.
El dinero en sí mismo no ayudó a que las elecciones pusieran el piso más parejo, ni tampoco que los grupos de interés dejaran de ‘participar’ financiando a la clase política y capturando al estado.
La actual reforma a discusión, pudiera ser la oportunidad –bien aprovechada– de hacer una evaluación seria de estos mecanismos, o de proponer un mejor modo de utilizar los recursos destinados a los partidos políticos. En este caso, como en muchos otros, más importante que el dinero que cuesta el instituto, son las decisiones políticas que animarían la posible reforma porque, a fin de cuentas, en ello estriba el costo de nuestra democracia.
Finalmente, es importante resaltar que el INE debe seguir siendo autónomo y de carácter ciudadano. Y también que debe seguir trabajando para que lo que en principio parecía justicia democrática, no se transforme en el beneficio de una clase política que no está acostumbrada a rendir cuentas de sus malos manejos y despilfarros.
* Norma Loeza
Educadora, socióloga, latinoamericanista y cinéfila. Orgullosamente normalista y egresada de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM. Obtuvo la Medalla Alfonso Caso al mérito universitario en el 2002. Fue becaria en el Instituto Mora. Ha colaborado en la sociedad civil como investigadora y activista, y en el gobierno de la Ciudad de México en temas de derechos humanos análisis de políticas y presupuestos públicos y no discriminación, actualmente es consultora. Escribe de cine, toma fotos y sigue esperando algo más aterrador que el “Exorcista”.