Desde 2021, propuse como Consejera Electoral y entonces Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral (INE), la creación de una Defensoría Pública para Mujeres, a fin de maximizar y proteger los derechos políticos y electorales de las mujeres en México desde la autoridad administrativa electoral, garantizando el acceso a la justicia de manera pronta, completa e imparcial; así como para brindar asesoría legal especializada en defensa de las ciudadanas que ocupan o pretenden acceder a espacios de liderazgo político de manera segura, legal, gratuita y con perspectiva de género.
Esta propuesta obedece a que el aumento de la participación de las mujeres en la vida pública y en escenarios de liderazgo político ha traído, desafortunadamente, un aumento en la violencia política contra las mujeres en razón de género que padecen; derivado de la discriminación estructural que enfrentan, como resultado del estado patriarcal que se manifiesta de distintas formas, tales como barreras y restricciones para acceder a una tutela judicial efectiva para promover, respetar y proteger los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, tal como lo establece el artículo 1 de nuestra Constitución.
No pasa desapercibido que la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer ha establecido que todas las autoridades deben tomar medidas para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de las mujeres en todas las esferas sociales, políticas, económicas y culturales; así como de acciones tendentes a eliminar la discriminación de las mismas en la vida política y pública del país en todos los planos gubernamentales.
Una de las ventajas de crear la Defensoría de las Mujeres en el INE es que, a nivel nacional, se cuenta con oficinas en los 300 distritos uninominales del país, por lo cual sus servicios serían más cercanos y efectivos en beneficio de las mujeres a lo largo y ancho del país, por medio del acompañamiento y asesoría legal en los procedimientos administrativos y jurisdiccionales en la materia.
El Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del INE advierte que las personas sancionadas con más frecuencia corresponden a presidencias municipales, la ciudadanía, regidurías, periodistas o autoridades pertenecientes a los sistemas normativos internos.
En este sentido, contar con una Defensoría Pública para Mujeres en el INE obligaría a emitir lineamientos en la materia; manual de procedimientos; bases de organización y funcionamiento; criterios de identificación, turno, control y seguimiento; criterios de calidad del servicio; selección de personas especializadas para brindar asesoría legal o defensa jurídica de cara a la violencia política contra las mujeres con perspectiva de género; implementar políticas interseccionales con otros grupos históricamente discriminados; utilización de herramientas tecnológicas (cuando el contexto así lo permita); avalando su funcionamiento bajo los principios de gratuidad, integridad, honradez, profesionalismo y transparencia; así como de la optimización de los recursos presupuestarios.