La transparencia como principio, valor y conjunto de prácticas normadas e institucionalizadas con respecto al ámbito público, descansa sobre el presupuesto lógico necesario de la prevalencia, respeto y efectiva garantía del derecho humano de acceso a la información pública. Este derecho, fundamental en todo Estado democrático constitucional por su valor instrumental respecto del ejercicio y potenciación del goce y disfrute de muchas otras libertades y derechos humanos, se desdobla o proyecta en otros derechos de suma importancia, entre los cuales destaca el derecho a saber, a entender y a la verdad. En esta entrega, centraremos nuestras reflexiones en torno al último de estos derechos.
Primeramente, es preciso comprender que hablar del derecho a la verdad es aludir a la eficaz y garantizada posibilidad de construir o reconstruir nuestra historia a partir de información accesible, cierta, completa y verdadera respecto a su sustancia; esto es, en cuanto a su correspondencia verificable con hechos o eventos efectivamente ocurridos.
En ese orden de ideas, el derecho a la verdad y su respeto nos permiten, como personas y sociedad, dar sentido y significado a un continuo temporal y de eventos pasados, sin el cual no es posible entendernos y explicarnos en plenitud. Asimismo, y en esa misma medida, cuando nos referimos a este derecho, es preciso visibilizar la conquista democrática que el mismo representa. Esto, si tomamos en cuenta que en nuestro país, su construcción conceptual, eventual aplicación jurídica y su debida garantía, fueron avanzadas desde restrictivas interpretaciones jurisdiccionales, que inicialmente lo relacionaban exclusivamente con las víctimas de violaciones graves de derechos humanos y sus familiares, hasta llegar a su entendimiento y concepción actuales como un derecho del que son titulares todas las personas y la sociedad en su conjunto, tal y como lo establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos y nuestro orden jurídico lo reconoce desde el año 2002 en relación con la materia de acceso a la información.
La verdad, como objeto accesible y susceptible de conocerse por las personas en virtud de este derecho, permite la transformación y el avance de un país y el de su sociedad tras eventos y periodos de represión, violencia y/o violaciones graves a los derechos humanos, como los que hemos vivido en el pasado reciente en México y en nuestra región. Lo anterior, al ser el elemento indispensable sobre el que se construye un proceso de diálogo que, necesariamente, pasa por la reconstrucción y resignificación de la verdad y, por ende, a la reconciliación social con nuestra historia sobre bases de certeza, sin las cuales, la cicatrización de heridas y afrentas sociales, simplemente, no puede existir.
En dicho proceso de diálogo, que no es sino un reencuentro con nuestro pasado, es preciso tener la mayor apertura y sobre todo voluntad, compromiso y convicción para ejercer la autocrítica que dicho proceso implica y que se relaciona con el hecho de que la justicia sustancial no es dable ni adjudicable sin verdad.
El reconocimiento y respeto por parte de las instituciones del Estado mexicano al derecho a la verdad posibilitará cerrar círculos que nos lleven a poder dividir entre un antes y un después. A su vez, la garantía de no repetición que implica este derecho, legitima y es capaz de generar confianza constructiva de cara al futuro.
Nuestro país, lo sabemos, tiene una deuda con su gente en esta materia respecto de dolorosos sucesos como, por ejemplo, los de Ayotzinapa y las de personas desaparecidas o privadas de la vida y que se encuentran sin resolver y/o conocerse del todo. Sucesos que, sin duda alguna, nos han marcado como personas y sociedad.
Para que eventos como los mencionados no se repitan o sigan ocurriendo, es preciso entender que la verdad, en su percepción y aplicación como derecho, se ubica en el marco de la rendición de cuentas entendida como una debida relación democrática, responsable y responsiva entre instituciones y personas al interior de un Estado.
Por ello, es imperativo que las instituciones migren normativa, proactiva y sustancialmente hacia nuevas formas de registrar y compartir con veracidad, la historia de su cotidiano desempeño sobre la base de que la concatenación entre archivos, acceso a la información y el derecho a la verdad son parte de un todo que se denomina derecho a saber.
El reconocimiento y visibilización de la verdad sobre el pasado, nos permitirá sanar y marchar hacia adelante. Ello, siempre, velando los unos por las otras, y los más por los menos. Aprovechemos la invaluable oportunidad que así se nos presenta para trazar rumbos de certeza, seguridad y paz social para todas y todos.
*Mtro. Julio César Bonilla Gutiérrez, Comisionado Ciudadano del INFO CDMX