Es vergonzosa la manera como están tratando a los servidores públicos que han laborado en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México (JLCACDMX); sin importar su antigüedad, su profesionalismo, ni mucho menos los resultados que han dado durante la vida de esta instancia laboral.
Algunos con más de treinta años de servicio, que simplemente fueron enviados a la calle con el pretexto de que se requiere presupuesto para operar el nuevo sistema de justicia laboral.
Llama la atención que la propia Secretaría del Trabajo anunció en el Boletín 079/2022 del 3 de octubre de 2022 que “se trata de un cambio integral, de dimensiones impresionantes que busca transformar el mundo del trabajo en beneficio de trabajadores del sector productivo, y de la sociedad en general…contar con una justicia cercana a las personas trabajadoras”.
Y precisamente el tres de octubre del presente año los servidores públicos de la JLCACDMX se manifestaron frente a las instalaciones de esa instancia laboral protestando la violación de sus derechos laborales, y de manera muy humillante e indigna fueron recibidos por policías.
¿Acaso se les olvidó considerar el respeto de los derechos laborales de las y los trabajadores de la JLCACDMX, y brindar la certeza de la que tanto se habla a dichos servidores públicos que están siendo despedidos cuando se da inicio la reforma laboral en todo el país?
No sabemos cómo se tomó la decisión de quitar recursos públicos que integran el presupuesto de la JLCACDMX para entregarlo al nuevo Centro de Conciliación, y que con esos recursos se contratara personal y se despidiera a otros como si fueran basura.
Mucho menos si se consideró el impacto social, laboral y familiar que tendrá para los servidores públicos que laboraban en la JLCACDMX, y hoy en día están despedidos.
Creemos que puede y debe existir justicia laboral para todos, no para unos cuantos.
Quien informó a Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, que se podía separar a los servidores públicos para que ingresaran otros en la nueva etapa de la reforma laboral no tiene idea de la gravedad de los problemas y su impacto en la sobrecarga de trabajo que enfrenta la JLCACDMX para la solución de conflictos laborales de muchos años.
La JLCACDMX con sus 135 mil expedientes a cuestas es la instancia laboral con mayor rezago en todo el país y requiere el principal apoyo (incluyendo para su viabilidad, la suficiencia de recursos humanos debidamente capacitados, con experiencia, profesionalismo y ética) para concluir todos los procesos laborales pendientes.
Pero no solo obedece a satisfacer una necesidad, sino porque la propia legislación que creó la reforma laboral mandató que los servidores públicos de este proceso debían conservar sus empleos y con ello, el respeto de sus derechos humanos y laborales… y como puede observarse, el ordenamiento se está pisoteando.
Me cuesta trabajo creer que esté ocurriendo este atropello en la Ciudad de México, donde se supone debía ser el ejemplo de cómo se deben implementar las políticas públicas en todos los órdenes.
Sobre todo, porque quien encabeza el gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, conoce las problemáticas que se enfrentan, así como la necesidad de contar con un sistema de justicia laboral eficiente.
De la agresión policiaca me entero mediante videos que han circulado en redes sociales y descubro que los servidores públicos separados tienen reconocimiento por su trabajo, su profesionalismo y honestidad.
Con su declaración manifiestan que ni siquiera les dieron una razón de su separación, solo les dijeron que su relación laboral había concluido. Otros acusan que nunca les informaron que estaban fuera, sino simplemente les dejaron de pagar.
Esta reflexión la escribo desde la ciudad de Monterrey para acudir a un evento convocado por la Coparmex con el fin de analizar precisamente los escenarios que brinda la reforma laboral en materia colectiva.
En estas horas he tenido oportunidad de conversar con diversos funcionarios que están impulsando los nuevos procesos de implementación de la reforma laboral, quienes comentan que han aprovechado la experiencia de los servidores públicos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Nuevo León.
Los ahora jueces laborales fueron presidentes de juntas especiales y son quienes actualmente están inmersos en los nuevos proyectos. Lo mismo sucede con el personal que ha sido reubicado en los Centros de Conciliación del estado de Nuevo León, aprovechando su experiencia.
Servidores públicos de Nuevo León, resaltan la importancia de aprovechar la experiencia de las personas que tienen reconocido prestigio y honestidad para incorporarlos en los tribunales y centros de conciliación laboral.
Si nos referimos a salarios dignos, los 40 conciliadores del Centro de Conciliación del estado de Nuevo León empezarán ganando cuarenta mil pesos mensuales, mientras que, en la Ciudad de México, los conciliadores ganarán la mitad.
En nuestro país, el pago de los salarios a los conciliadores en cada entidad federativa es distinto y no hay legislación que uniforme sus salarios.
Señalan el proyecto de impulsar una ciudad laboral en una misma zona dentro de la capital del estado, para concentrar en ella todas las instituciones laborales para que tanto los funcionarios, trabajadores y patrones puedan acceder con facilidad en la atención de sus casos; este trinomio es indispensable para lograr el fortalecimiento del nuevo sistema laboral.
Para los funcionarios neoloneses es prioritario que los abogados de los trabajadores participen acompañando y asesorando a éstos cuando se les cite en los Centros de Conciliación, dejando claro que la mejor política para la solución de los conflictos es no hacerlos a un lado.
Gilberto Chávez, director del Instituto de Posgrado en Derecho presente en estos relatos considera que el inhibir el acompañamiento de abogados a los trabajadores violenta su derecho humano. Hace la comparación con la materia penal donde resulta fundamental la presencia de defensores, y hasta es motivo de nulidad su inasistencia en cualquier etapa del proceso.
Contrariamente a esto, en la capital del país se avala que los trabajadores acudan sin asesor legal, para facilitar, según esa visión, mayor rapidez en la celebración de los convenios, no importando su monto y si se logra o no con estos acuerdos la justicia laboral.
Impera por supuesto la sorpresa e indignación que sea en la Ciudad de México donde se usa la ilegalidad para imponer un nuevo modelo laboral, a costa de los derechos de sus propios trabajadores que ahora están fuera, y que dieron tanto prestigio y resultados a la maltratada Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México.
La institucionalización del nuevo modelo de justicia laboral está operando bajo el autoritarismo, la violación de los derechos laborales y el olvido de la JLCACDMX en contra de sus propios servidores públicos, quienes preservaron durante décadas su empleo y aportaron a esta instancia su trabajo para la solución de conflictos, mismos que hoy en día continúan siendo despedidos.