Caso Ayotzinapa
Como hemos venido explicando en columnas anteriores acerca de la violación al debido proceso y el uso de pruebas ilícitas para incriminar al personal militar, queda claro que a Alejandro Encinas lo chamaquearon. El subsecretario de Derechos Humanos ha demostrado que no debe colocarse la gorra de Ministerio Público o la toga de Juez, ya que sus declaraciones tienen en la cárcel a cuatro elementos militares, con pruebas ilícitas. No le importó en lo más mínimo que esos hombres dejaran desprotegidas a sus familias, mientras que él se iba a vanagloriar de resolver el caso, culpando a los militares y exonerando a los bandidos, quienes son los autores materiales de los hechos, y que hoy gozan de impunidad.
Al subsecretario se le olvidó que sus declaraciones destruyeron la vida de cuatro militares; los padres de los jóvenes normalistas exigen justicia para que los criminales que desaparecieron a sus hijos paguen por sus actos, por lo que se le exhorta a que se ponga a trabajar, que verifique la información antes de darla a conocer, porque lamentablemente su trabajo ya ha criminalizado a cuatro elementos militares y a sus familias, estigma que nunca se podrán quitar de encima aunque demuestren su inocencia.
El discurso de la militarización se desinfla
La demagogia de una supuesta militarización ha quedado sin argumentos ante la verdad de los hechos que se han expuesto en la anterior columna. Sin embargo, 53 juicios de amparo colectivos fueron interpuestos con el fin de que se declare inconstitucional el traspaso de la Guardia Nacional al Ejército. En consecuencia, un Juez Federal de Guanajuato otorgó a un grupo de organizaciones de la sociedad civil la primera suspensión provisional.
Todos estamos de acuerdo en que el personal militar deberá actuar en forma temporal, en tanto se depura y se profesionaliza a las instituciones policiales. Pero no se observa de fondo lo que es urgente y lo que es ordinario, mi pregunta sería, ¿Dónde queda el interés público y social?, ¿Por qué no existen amparos de estas organizaciones civiles para exigir a los titulares de los municipios y las entidades federativas que cumplan con sus facultades, atribuciones, obligaciones tanto en materia de seguridad pública como la persecución del delito? ¿Por qué sólo existe crítica, sin que se realicen propuestas para solucionar las diferentes problemáticas? ¿De qué sirve tanto erudito y especialista en seguridad pública, si no pueden proponer soluciones tangibles, medibles y alcanzables? Por estas razones, nos queda a deber el Poder Legislativo, quien “supuestamente” constituye la representación del pueblo, pero casualmente, es al que menos escuchan y prostituyen sus votos en contra de una supuesta “militarización”, beneficiando indirectamente al crimen organizado, quien sigue operando con toda impunidad. Lamentablemente estas organizaciones NO levantan la voz en contra de los criminales que dañan a la sociedad y la exorbitante omisión de todos esos funcionarios municipales y estatales.
El cáncer del dinero en el verde olivo
Por otro lado, hace algunos años, en los noventas, en las cuentas presupuestales para el pago de nómina, existió un rubro llamado NIVEL DAMAX Y NIVEL DAMIN, junto con un bono trimestral. Muchos recordarán que debido a los malos manejos y discrecionalidad al momento de asignarse este beneficio, se compraban voluntades, iniciándose una problemática dentro de las jerarquías de Oficiales y Jefes, donde comenzaron muchas inconformidades, porque mientras unos trabajaban servicio tras servicio, otros se “mochaban” con el nivel, el cual era utilizado para pagar fiestas privadas, comidas y regalos. Las generaciones de aquellos años podrán desmentir si fue o no cierto, la verdad no peca pero incomoda a quienes abusaron de su posición, y se les llama ladrones o bandidos uniformados, indignos de usar el uniforme de la Patria.
Debido a que comenzaron las cascadas de demandas y quejas por este tipo de abusos en aquellos días, la solución de esta problemática fue homologar los sueldos (haber y sobre haber), y el dinero que era denominado NIVEL fue dividido en cada grado en forma de la actual Compensación Garantizada, de tal manera, que en cada una de las jerarquías ganarían lo mismo, no importando su cargo o comisión, y si querían ganar más sueldo, tendrían la obligación de prepararse para ascender al grado inmediato.
Hoy nuevamente el fantasma de la inconformidad ha surgido entre las diferentes jerarquías,. En primer lugar, por la asignación de las comisiones para planear y ejecutar los contratos de los proyectos que fueron asignados por el Señor Presidente de la República a SEDENA; en segundo lugar, por los nombramientos de personal militar para ocupar cargos en instituciones civiles; y en tercer lugar la problemática del personal militar retirado, quienes YA NO RECIBEN LA COMPENSACIÓN GARANTIZADA (lo cual impacta en su economía) y LAS BECAS (pago al 100%) PARA SUS HIJOS, debido a que al momento de retirarse del servicio activo, se suspenden de inmediato estas prestaciones. Por lo que nuevamente se les hace un atento llamado a todos los legisladores de derecha e izquierda para que se les haga justicia a los militares retirados y se elabore un proyecto de nuevo tabulador de haber de retiro. Se debe equilibrar su economía ante la falta de la COMPENSACIÓN GARANTIZADA al momento de retirarse y NO tengan la necesidad de estar buscando puestos o cargos para personal civil o lleguen a ser cooptados por el crimen organizado, porque hasta el momento, todos hablan de militarización, pero se quedan calladitos ante esta solución.
Por último, el robo de correos electrónicos por parte del grupo de hackers Guacamaya, es el robo de información más grande de la historia de la SEDENA, lo cual no es cosa menor. Veremos cómo esa información será utilizada en los años por venir contra la misma Secretaría de la Defensa. Si bien es cierto que no es información que ponga en riesgo la seguridad nacional, sí es un duro golpe a la vida interna de la secretaría, la cual tardará muchos años en poder arreglar ese error. Ojalá la sección segunda de inteligencia se pusiera a trabajar para conocer los pormenores de dicho robo de información que, por supuesto, tuvo cómplices al interior de la misma secretaría; en lugar de andar espiando a personajes que les son incómodos a los encargados de dicha área.