Una noticia publicada esta semana señala que, de acuerdo a un testigo protegido, Juan Carlos Monedero “recibió fondos del gobierno de Venezuela procedentes de la venta de petróleo en el mercado negro, que traspasaba en efectivo a sociedades venezolanas a través de testaferros”. Consigno aquí este episodio de las prácticas de corrupción en Petróleos de Venezuela, como un ejemplo más, pero he podido escoger entre muchos otros. Desde hace cuatro o cinco años, PDVSA se ha posicionado como una especie de paradigma mundial de la gran empresa estatal corrupta. La lista de asuntos es cada más amplia y, expediente a expediente, luce como inagotable: pagos por obras que no se realizaron, sobreprecios, comisiones sin contraprestación alguna, operaciones financieras fraudulentas gestionadas por operadores cambiarios, producción que no se registraba para luego ser vendida en el mercado negro, supuestas inversiones en programas sociales o laborales que iban directo a los bolsillos de políticos, gerentes o dirigentes sindicales. Y más. Mucho más.
Uno de los aspectos comunes y más sorprendentes que tienen cada uno de los casos que se van conociendo, producto de investigaciones todas realizadas fuera de Venezuela, es el de las magnitudes. Petróleos de Venezuela ha sido sometido a un saqueo en todos los órdenes posibles, pero esa sucesión de fraudes y asaltos a la empresa se ha realizado, alimentada por ambiciones grotescas y desmedidas, sin control alguno. El mencionado caso de Monedero es elocuente de lo que intento señalar aquí: por elaborar un documento de título engañoso, “Informe de estudio comparativo de los ámbitos financieros de los países del ALBA y análisis de las bases de armonización jurídico-financiera, implementación y asesoría puntual sobre el proyecto hasta el 31 de diciembre de 2014” (¿existirá realmente el estudio en cuestión?), recibió un pago de 425 mil euros. En su momento, alrededor de medio millón de dólares. ¿Qué clase de esfuerzo de investigación, cuántos militantes de Podemos, profesores y tertulianos trabajaron, en cuántos países, para armonizar qué, que justifique un pago de medio millón de dólares?
Entiendo que los hechos de corrupción no deben relativizarse: en su fondo todos, por encima de sus especificidades y procedimientos, comparten una misma lógica, la de obtener provechos personales sobre bienes públicos. Pero en el incalculable torrente de la corrupción del régimen de Chávez y Maduro, hay unas realidades que constituyen una diferencia: lo exorbitante, desproporcionado, enloquecido de sus montos. En el caso de Petróleos de Venezuela las magnitudes tienen el carácter de lo insólito, por lo abultado de los montos como por el descaro de las supuestas justificaciones. ¿O no es un descaro extremo cobrar y pagar medio millón de dólares por un supuesto documento que los venezolanos no conocemos y que deberíamos conocer y evaluar?
Para cualquier venezolano, pensar en lo ocurrido con Petróleos de Venezuela, desde 1999 hasta ahora, constituye un verdadero desafío. Hablar de destrucción probablemente resulte insuficiente. Es mucho más grave que eso: la que era la tercera empresa petrolera del mundo ha sido pulverizada. El país que producía 3.2 millones de barriles al día en 1999, apenas produce alguna cifra entre 600 y 700 mil barriles (una cuarta parte o menos), sin que tampoco tengamos ninguna seguridad al respecto, porque bajo el estatuto de un poder cuya única política pública es la de mentir y ocultar, también los datos reales de los resultados de las operaciones petroleras han desaparecidos en el agujero negro informativo dispuesto por el poder.
En el momento mismo en que Chávez distorsionó la misión y el carácter de la empresa, para convertirla en una quincalla para el supuesto financiamiento de programas sociales; cuando se la transformó en campamento base para la acción partidista y en oficina de empleo para camaradas ignorantes; cuando, con un pito en la boca y en cadena nacional despidió a casi 20 mil profesionales de la empresa, gente experimentada y calificada; cuando se la obligó a ser fuente de financiamiento para la actividad política de la izquierda populista en varios países; cuando se la promovió como La Meca de los Monedero que viajaban a Venezuela, se arrodillaban ante el líder supremo y recibían a cambio cheques y transferencias millonarias; en el momento en que una frase infame, siniestra por su absoluta falsedad, “ahora PDVSA es de todos”, comenzó el proceso cuyas consecuencias sufre hoy la sociedad venezolana y padecen, de forma gravosa, sus trabajadores: dejó de producirse petróleo y gas, y dejó de invertirse en mantenimiento y seguridad.
Desde antes de la explosión de la refinería de Amuay en 2012, tragedia sin responsables y cuya mortandad real y consecuencias todavía no conocemos, los indicadores de siniestralidad en las operaciones de PDVSA ya venían aumentando. Después de eso, no han parado de crecer.
La PDVSA pulverizada es una industria cada día más peligrosa, en todos los sentidos que sea posible evaluar. Peligrosa no, peligrosísima para sus trabajadores, puesto que en sus instalaciones son cada vez más recurrentes los accidentes, las explosiones, los escapes. Me cuentan trabajadores de Anzoátegui y Zulia con los que hablé justo antes de escribir este artículo, que basta caminar por las instalaciones para constatar, a simple vista, como la corrosión, las filtraciones, el deterioro se ha apoderado de tuberías, maquinarias, depósitos, instalaciones de todo tipo. A este estado de cosas hay que añadir el que la PDVSA pulverizada se ha convertido en una fuente de contaminación, cuyos constantes derrames han afectado aguas marinas, de ríos, zonas protegidas y parques nacionales, en no menos de 7 estados. Hay que insistir en esto: los riesgos para la salud y el ambiente que PDVSA produce están presentes dentro y fuera de las instalaciones.
Esa PDVSA pulverizada no le sirve ya a los venezolanos. Lo poco que ella produce, tiene dos grandes beneficiarios: los que la saquean, dentro y fuera de Venezuela -saqueo que no ha terminado-, y lo que el régimen invierte para mantener organizadas y en armado funcionamiento, las estructuras dedicadas a reprimir y a torturar, únicos garantes del poder ilegítimo, ilegal y fraudulento que pulveriza a Venezuela.