El hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por parte del colectivo Guacamaya, no tiene precedentes en la historia moderna de México y se puso al descubierto que desde esa institución se espió, al menos, a tres periodistas y defensores de los derechos humanos.
Es un escándalo mayúsculo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha intentado soslayar. Son miles de documentos que dejan al descubierto la vulnerabilidad en materia de seguridad cibernética de esta administración.
Deberían rodar cabezas por dos claras razones: la primera la ineficiencia de los responsables cibernéticos y, segundo, por haber sembrado virus para espiar a comunicadores que investigan violaciones de los derechos humanos por parte de militares.
El colectivo de hackers Guacamaya que extrajo información de los ejércitos en Chile, Colombia, El Salvador, Perú y ahora del de México ya comenzó a difundir la información.
AMLO, sin embargo, rechazó que este tercer hackeo ponga en riesgo la seguridad del país.
El 19 de septiembre, los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fueron vulnerados y ahí se conoció, a través de documentos oficiales, que la Sedena compró el software espía Pegasus, en 2019.
Una investigación de R3D, Animal Político, Proceso y Aristegui Noticias, indica que la administración de AMLO ha usado el spyware Pegasus para ingresar de manera ilegal a los celulares de periodistas y un defensor de derechos humanos.
El Citizen Lab, el laboratorio de expertos de referencia sobre Pegasus, con sede en la universidad de Toronto, confirmó que los celulares del periodista Ricardo Raphael, de un colega de Animal Político –quien prefirió guardar el anonimato-- y del activista tamaulipeco Raymundo Ramos Vázquez fueron atacados con Pegasus durante la presente administración.
Esto revela el doble discurso de AMLO quien ha dicho que su administración no recurre al espionaje pero ha quedado comprobado que el Ejército mexicano compró, en 2019, un programa para el “servicio de monitoreo remoto de información”.
Documentos oficiales indican que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) hizo esa contratación con la empresa Comercializadora Antsua, SA de CV, representante en México de la empresa NSO Group, dueña del software de espionaje Pegasus.
El espionaje ha servido a muchos gobiernos para obtener, de manera encubierta datos, información confidencial y los ha utilizado para acosar a políticos, empresarios, periodistas, entre otros.
Según las primeras investigaciones quien espió a los periodistas y al defensor de los derechos humanos pudo acceder a todo el contenido en el equipo: contraseñas, archivos, fotografías, correo electrónico, contactos, aplicaciones de mensajería, incluso encriptadas.
La investigación comprueba, por primera vez, que el espionaje a través de la infección del sistema Pegasus ha continuado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Ya en el 2017, durante la administración de Enrique Peña Nieto, la investigación denominada “Gobierno espía” hizo público el espionaje en contra de activistas y personas defensoras de derechos humanos sin que hasta el momento la Fiscalía General de la República (FGR) haya encontrado a los responsables.
“No hay nada que no se sepa”, dijo a manera de justificación el presidente López Obrador al minimizar el hackeo, realizado por el colectivo de hackers Guacamaya.
López Obrador dijo que su administración decidió no espiar a nadie "porque era muy vergonzoso eso, además de que son prácticas ilegales, inmorales. Nosotros la padecimos, padecimos mucho de eso”, indicó pero las evidencias revelan lo contrario lo que deja descobijado al presidente de la República.
Raymundo Ramos, que ha sido defensor de derechos humanos desde hace 25 años, es víctima de espionaje desde el sexenio pasado y según las investigaciones de Citizen Lab, su celular fue infectado en tres fechas: alrededor del 28 de agosto, el 2 y el 3 de septiembre de 2020.
Las investigaciones han puesto en evidencia que las Fuerzas Armadas continúan cometiendo violaciones a derechos humanos, pese a que el presidente López Obrador diga que eso no es cierto.
“Hago responsable al Ejército, a la Marina, de lo que pueda pasarle a mi familia, a mis colaboradores, a mí, en estos momentos de crisis, de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas por encima de las instituciones y de debilidad presidencial (…) De ser el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente ha quedado evidenciado como defensor de oficio de las Fuerzas Armadas ”, advierte Ramos.
De acuerdo a los documentos extraídos por el colectivo Guacamaya, el periodista y escritor Ricardo Raphael fue espiado a través de la infección de su teléfono celular en tres fechas de 2019 y una en 2020, además de que tuvo otros ataques detectados en 2016 en el análisis forense de Citizen Lab.
Sus columnas publicadas en 2020 incluyen la cobertura de la violencia y desapariciones forzadas en Tamaulipas, el proceso judicial del exsecretario de la Defensa Salvador Cienfuegos y el caso Ayotzinapa.
Ricardo Raphael considera que “el presidente tiene que llamar a cuentas a la cúpula militar que nos ha venido propinando estas limitantes propias de un Estado autoritario, militarizado, de control militar”.
“Es cierto, hubo un ataque cibernético. Así le llaman al robo de información, mediante estos mecanismos modernos extraen archivos, pues es gente muy especializada, no cualquiera. No sé si en México haya especialistas en este campo, ¿no? De la cibernética. Tengo entendido de que este mismo grupo ya ha hecho lo mismo en otros países. Creo que en Colombia, en Chile, por eso pienso que es algo que se maneja desde el extranjero, que no es de México”, señaló el último fin de semana López Obrador.
Como haya ocurrido esto es grave ya que se extrajeron más de seis terabytes de información solo en México lo que revela que los militares no pueden protegerse de los ciberataques.
Hace nueve años también fueron hackeados los servidores de Sedena y los hackers tomaron el control de la página web y subieron un video con el manifiesto zapatista y amenazaron con publicar datos que encontraron en el servidor.
La magnitud del robo llegaría hasta las comunicaciones generadas en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con la información proporcionada por Latinus, le fueron entregados más de seis mil documentos en formato PDF, 1.5 millones de fotos o 3 mil horas de video. El medio precisó que la información en su poder va de 2016 a la fecha.
López Obrador confirmó el hackeo de los sistemas informáticos de la Secretaría de Defensa, que incluyen informes sobre su estado de salud y el fracaso de la operación conocida como el “Culiacanazo” para capturar a Ovidio Guzmán, uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, ocurrida en 2019, entre otros.
Estos son tiempos de espionaje aunque el presidente diga lo contrario.