La corrupción es un fenómeno delictivo que se impregna en los regímenes políticos como un cáncer que gangrena desde adentro un sistema político y con ello, irrumpe las directrices de un sistema democrático y hasta la estabilidad de una sociedad. Transparencia Internacional ha definido a la corrupción como el abuso del poder público en beneficio privado.
De acuerdo con Informe País 2020, documento integrado por el Instituto Nacional Electoral (INE) en colaboración con una alianza con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la Secretaría de Gobernación y un grupo de especialistas, refiere, entre otros aspectos, que la corrupción es considerada uno de los principales problemas del país. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Cultura Cívica 2020 (ENCUCI), la corrupción es percibida por la ciudadanía como uno de los problemas más importantes del país (55%).
Por su parte, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2021 del INEGI, publicado en mayo de este año, refiere que el 86.3% de la población consideró frecuentes los actos de corrupción en las instituciones de gobierno; 14.7% de la población que realizó algún tipo de trámite tuvo algún contacto con alguna persona servidora pública en los que experimento corrupción.
En razón de estos antecedentes, considero muy relevante que el INE, firmara el pasado 19 de octubre un Convenio de Colaboración con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción cuyo objetivo es la realización de actividades conjuntas encaminadas a elaborar herramientas que estén orientadas al combate de la corrupción, a establecer parámetros de transparencia en la fiscalización y rendición de cuentas, así como de prevenir, detectar y sancionar las responsabilidades administrativas y electorales dentro de las atribuciones correspondientes.
Entre las actividades más representativas parte de este Convenio de Colaboración, en cuyo diseño tuve la oportunidad de participar, resaltan las siguientes:
Construir una metodología en materia de adquisición de materiales electorales que, además, pueda proponerse para su implementación a los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) del país.
Generar un modelo para la Gestión de Riesgos de Corrupción tanto para el INE como para ser planteado a los OPLE.
Diseñar herramientas técnicas para el combate a la corrupción tanto a nivel federal como local.
Intercambiar información para el adecuado proceso de fiscalización de los recursos de los partidos políticos y las candidaturas, así como combatir el posible desvío de recursos públicos en el desarrollo de las contiendas electorales.
Desarrollar e impulsar estrategias que, dentro de las atribuciones respectivas, habiliten el uso de la tecnología para prevenir la corrupción en materia electoral en la Plataforma Digital Nacional del Sistema Nacional Anticorrupción.
Interconectar los sistemas electrónicos que correspondan que permitan el suministro e intercambio de información para la prevención, investigación y, en su caso, sanción de las faltas relacionadas con prácticas que sean consideradas como actos de corrupción.
Para el cumplimiento de éstas y otras actividades más, ambas instancias se comprometieron a través del Convenio de Colaboración, a organizar foros, talleres, cursos, diplomados y otras acciones más para generar una cultura de la legalidad, prevención, transparencia y rendición de cuentas para el combate a la corrupción.
Este Convenio permitirá al INE contar con mayores elementos para fortalecer las atribuciones que tiene en materia de fiscalización lo que abonará en dar mayor certeza y generará un esquema de plena transparencia y rendición de cuentas, lo que se traducirá en un ingrediente fundamental de equidad en las contiendas electorales que se llevan a cabo tanto a nivel federal como local a lo largo y ancho de nuestra nación.