La encomienda de la administración López Obrador a Claudia Sheinbaum para terminar la construcción del tren de pasajeros México-Toluca será un grillete en el tobillo para la jefa de Gobierno capitalino, pues heredó un proyecto cuestionado cuya entrada en marcha exigirá nuevas inversiones –en total, quizá el cuádruple de la cifra original–. También supondrá para ella un riesgo de desgaste político, cuando está cada vez más cercana la definición de quién abanderará a Morena y sus aliados hacia la sucesión presidencial.
Sin duda el mayor fardo que la señora Sheinbaum tuvo que echarse a cuestas fue no recordar públicamente que esta obra está manchada por múltiples acusaciones de corrupción desde que fue impulsada durante los gobiernos del expresidente Peña Nieto y, en la ciudad, de Miguel Ángel Mancera. La denuncia pudo haber documentado con facilidad que el último tramo pendiente, el Tres –de Santa Fe a Observatorio– fue asignado a una constructora afín a Mancera, que recibió no uno sino dos anticipos, pero nunca cumplió lo pactado.
Se trata de la compañía CAABSA Constructora, propiedad de los hermanos Luis y Mauricio Amodio Herrera, considerados entre los favoritos de Mancera, con quien habían logrado antes un contrato para el manejo de los estacionamientos y las casetas de peaje de la Central de Abasto que, según estimaciones, constituye un negocio de 1,800 millones de pesos anuales, en su mayoría en efectivo. Ello ocurrió por conducto del entonces director de la Central, Julio César Serna, compañero de juventud del ahora senador y encarcelado en noviembre de 2021 bajo diversos cargos.
El tren México-Toluca, anunciado en 2014, incluyó también la participación de la española OHL, a su vez muy cercana a Peña Nieto. En los años recientes esta historia ha dado giros curiosos. Los hermanos Amodio compraron la mayoría de las acciones de la matriz OHL, la renombraron como “OHLA” (por el apellido Amodio, se asume) y buscaron lavar su rostro con una nueva marca: Aleática. En esta operación se hicieron acompañar como alto ejecutivo por Tomás Ruiz, exfuncionario hacendario durante el gobierno de Ernesto Zedillo y dos veces secretario en el gabinete del gobernador Javier Duarte en Veracruz (2011-2014). Ruiz fue implicado en su momento por la PGR en presuntos desvíos por 35 mil millones de pesos que llevaron a su jefe a prisión.
En septiembre de 2020 López Obrador encomendó públicamente a Sheinbaum concluir el Tramo Tres –que cubrirá 17 kilómetros, entre Santa Fe y Observatorio–. Y dijo que la entrada en operación del tren ocurriría en 2022. Pero en julio pasado pospuso el arranque hasta septiembre de 2023. En mayo último ya había expresado: “Este tema nos está sacando más canas de las que teníamos”.
La jefa de Gobierno capitalino intentó recuperar los cientos de millones de pesos que el pasado gobierno otorgó a CAABSA como anticipo para construir el Tramo Tres. En agosto de 2021 se anunció que se había otorgado un nuevo anticipo para reactivar el proyecto. En forma singular, ello fue acordado con la empresa Cargo Crane, una compañía especializada en manejo de grúas y… filial de la corporación de los Amodio. La vigencia del contrato correspondiente, identificado con el número DGOT-AD-F-1-001-2021, fue del 19 de mayo de 2021 al próximo 18 de octubre. Pero poco o nada ocurrió. Reportes del sector financiero aseguran que los señores Amodio utilizaron ambos anticipos para concretar la compra de OHL y consolidar su fortaleza económica en espera de mejores tiempos.
La administración de la señora Sheinbaum alentó la integración de un consorcio formado por 12 empresas que fue anunciado en junio pasado, y se espera que con ello se logre la meta de finalizar la construcción del referido Tramo Tres justo a tiempo para que ella pueda participar en el proceso que coordinará Morena junto con sus partidos satélite a fin de definir la candidatura presidencial del oficialismo.
Al proyecto ejecutivo del tren México-Toluca le fue agregada una estación –que se llamará Vasco de Quiroga– en el pueblo originario de Santa fe. E incluirá también un puente atirantado en la zona residencial de Santa fe para no afectar una zona de manantiales y asentamientos arqueológicos en el área. El presupuesto original para la obra fue de 30 mil millones de pesos, que brincó a 60 mil hacia el 2018. La última estimación oficial es de 90 mil millones. Analistas independientes calculan que el costo final será de 120 mil millones de pesos.
(Anel Celine Ramírez contribuyó en la documentación de este texto).
Para el registro: Los seis terabytes de información extraída de los sistemas de la Secretaría de la Defensa Nacional equivalen a 40 millones de páginas, si se tratara solo de texto. También, a 1.2 millones de fotografías con resolución promedio, o a 3,000 horas de video. Ese es el volumen de material entregado por la organización Guacamaya a por lo menos dos medios de información: el portal Latinus y el diario madrileño “El País”. Colegas de ambas empresas reportan que han reforzado la tarea de revisión, pero hasta este fin de semana habían logrado procesar apenas 5% de lo recibido.
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Hay una historia por contar en la súbita decisión de la flamante gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, de cesar en el cuarto día de su gestión a Manleich Castilla como secretario de Seguridad, para abrir paso a alguien designado desde el gobierno López Obrador. Lo que está detrás de este jaloneo es el dilema de convalidar, o no, la podredumbre en temas de criminalidad dejada por el anterior mandatario, Carlos Joaquín González, quien ayer festejó, en un lujoso restaurante de comida libanesa en el sur de la ciudad de México, su postulación para ser embajador en Canadá, (rockroberto@gmail.com).