Los personeros que laboran en la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda andan siempre con las mangas de la camisa remangadas y cuando leen las leyes del trabajo las ponen de cabeza para según ellos entenderlas mejor.
Si el presidente de la República dice que los salarios de los trabajadores deben ajustarse al nivel inflacionario, en Hacienda cuando hacen los cálculos para el pago a los trabajadores del Estado en algunos casos ni siquiera consideran incrementos salariales, dejándolos a nivel de congelación, igual a cero.
Para esos burócratas de mando alto que deciden las políticas salariales de este gobierno, el incremento no debe rebasar el 3.5% en salario y adicionalmente otorgarles un 1% de la llamada Compensación Garantizada, que claro, no “repercuta en prestaciones o seguridad social”. ¿Esta política salarial es violatoria a los derechos laborales de los trabajadores? Para estos funcionarios no.
En documentos recién expedidos por la Secretaría de Hacienda el 21 y 26 de julio de 2022 se dictaron las políticas laborales sin que hubiera interacción con los sindicatos o sus trabajadores. Éstas se aplican desde arriba y no se discuten.
En el Oficio No. 307-A.-1135 firmado por Víctor M. Mojica Vilchis como Titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de fecha 21 de julio de 2022 considera el incremento del 3.5 por ciento ponderado. ¿Ponderado? ¿Qué se entiende por éste? ¿Que se pagará al arbitrio gubernamental?
De esta manera para el gobierno federal es justificable pagar a sus trabajadores un incremento del 1 al 3.5 por ciento dependiendo de los ingresos salariales de sus trabajadores. ¿Entonces dónde quedan las promesas presidenciales de que los salarios deben alcanzar los niveles inflacionarios?
¿Por qué se castiga de esta manera a los servidores públicos? Intencionalmente la legislación laboral les cancela el derecho de huelga, para ejercerlo pone como condición una premisa imposible de cumplir, que se violen de manera general y sistemática sus derechos.
A los trabajadores al servicio del Estado no les aplica la reforma laboral. No hay obligación de consultarlos mediante el voto secreto cuando se den incrementos salariales porque no existen revisiones de contrato colectivo, ni de sus condiciones generales de trabajo ya que son impuestas por el Estado.
El 21 julio de 2022 la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FTSE) presume que “consiguió” un incremento global (salario base y prestaciones) del 7% retroactivo al mes de enero. Es un anuncio falso porque la FTSE se ha convertido en un organismo palero del gobierno federal para controlar a los trabajadores gubernamentales y engañarlos con una supuesta negociación.
El 3.5% se ha convertido en un tope salarial como en los tiempos de los gobiernos panistas y priistas, y que ahora se practica de manera “ponderada” como en el caso de los maestros de SEP a quienes se les aplicó la fórmula del 3, 2, 1.
Es decir, 3 por ciento a los salarios menores de 10 mil pesos; 2 por ciento a los del rango de 10 mil a 15 mil y 3 por ciento para los de 15 mil a 20 mil. Al no referirse a los superiores a 20 mil, incrementó un cero por ciento sus percepciones.
La política gubernamental anula a los sindicatos de los trabajadores al servicio del Estado y como rezan los oficios gubernamentales, tan ellos no existen que es la Secretaría de Hacienda la única con facultades de: “…interpretar y en su caso, dictaminar esquemas presupuestarios específicos, respecto al criterio de aplicación del incremento de los tabuladores.”