Le tienen en la mira. Le acusan de todo y por todo. Se le considera oneroso a más no poder. Sus consejeros –fuera de los recomendados por las altas esferas del poder, en el poder– son mal averiguados; que son gastalones y reciben sueldos que ‘ni siquiera el presidente’: es el Instituto Nacional Electoral (INE) que vive días de turbulencia y, en consecuencia, también la democracia mexicana.
La guerra en contra del INE viene desde el inicio de este sexenio. De pronto el presidente, que aceptó su resolución en julio de 2018, le encontró todos los defectos del mundo, sobre todo a sus consejeros “contestones” que daban respuesta a los dardos envenenados, lanzados desde Palacio Nacional. Así tanto Lorenzo Córdova como Ciro Murayama pasaron a ser ‘aves del mal’ y por tanto dañinos para el desarrollo de la 4T.
Y lo peor es que las huestes morenistas, en gobierno o legisladores, obedientes a ciegas y sin muestras de pudor alguno y ni siquiera en defensa de su propia responsabilidad y respetabilidad, hacen suya esta demanda de desaparición del INE. El mismo Instituto que les aprobó el triunfo electoral sin mácula, el que tiene un enorme significado para todos los mexicanos y que se construyó paso a paso como una gesta nacional en favor de la democracia mexicana.
Así que, en frecuentes ocasiones, el presidente mexicano ha planteado la desaparición de este organismo autónomo: ‘Esto –dijo en abril de 2021– como parte de la reforma que busca eliminar los órganos autónomos.’ Y enseguida amplió: ‘Las funciones del organismo electoral no irían a ninguna dependencia del gobierno federal, sino al Poder Judicial’. Así dicho entonces.
Con su desaparición se volvería a la vieja historia del principio, que sea un organismo afín a los intereses políticos y electorales del gobierno en turno, en este caso de la 4T.
De hecho, durante los debates legislativos por la ampliación del tiempo de la Guardia Nacional en las calles hasta 2028, y cuando parecía que no se aprobaría esta decisión, desde el Palacio Nacional se dijo que en todo caso se haría una consulta ciudadana organizada por la Secretaría de Gobernación, lo que es indicio de por dónde irían las cosas en caso de que desaparecieran al INE.
Pero ya se debate en el Legislativo el futuro de este organismo autónomo. Y mientras son peras o manzanas, al INE se le ha impuesto un castigo económico al reducirle el presupuesto para sus operaciones.
El 27 de septiembre pasado, la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados anunció su decisión de recortar 4 mil 913 millones de pesos al presupuesto del INE solicitado para 2022, en respuesta a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
"La Cámara de Diputados en ejercicio de sus facultades exclusivas y atendiendo los resolutivos de la sentencia dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, referente a la Controversia Constitucional 209/2021, reitera su decisión respecto al monto de los recursos aprobados al Instituto Nacional", indica el dictamen.
El dictamen obtuvo 29 votos a favor de Morena, PT y Partido Verde, así como 22 en contra de las bancadas de oposición conformadas por PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano.
Luego, el documento expone que el órgano electoral "no ha atendido a los criterios de administración de los recursos federales; particularmente los de economía, racionalidad, austeridad y rendición de cuentas". Esto no es así.
La Institución ha explicado peso a peso a dónde se dirigen los recursos para coordinar lo electoral y la credencialización, y todo lo que toca a la política democrática. Pero eso: con dinero o sin dinero, el INE habrá de seguir, si sigue autónomo e independiente.
El Instituto Nacional Electoral es una institución muy valorada por los mexicanos. Es un organismo que durante muchos años el país necesitaba. Y necesita. Es indispensable.
Esto es así porque había que parar los abusos, los engaños, los chanchullos y la corrupción electoral por la que el gobierno en turno decidía quién y cómo llegar al poder político nacional, estatal, municipal o legislativo.
Aquellas viejas artimañas, de las que ya hoy comenzamos a ver de nueva cuenta como en esbozo, están en espera del descuido, de la falta del árbitro, de la falta de vigilancia y regulación; de la ausencia de una institución cuya composición permite que predomine el espíritu democrático y no el espíritu de control político único nacional.
El Instituto Nacional Electoral está en peligro. Y lo está el país en su aspiración por consolidar su democracia. Y está aún en mayor riesgo porque el peligro surge desde el poder político mismo; ese poder que no se contiene con el marco de las leyes y la Constitución, sino que persigue la omnipresencia y el dictado vehemente de su voluntad de preeminencia por sobre toda razón.
Decidir en contra del INE, en favor de su desaparición o en favor de transformarlo en un organismo sin autoridad ni fuerza ni voluntad autónoma propia, podría trasladarse en estruendo a la opinión pública nacional, y podría generar un muy serio problema de credibilidad para quienes así lo decidan o así lo manden: por instrucciones superiores.