Una de las luchas más férreas que la izquierda mexicana ha pugnado históricamente ha sido por el respeto a los derechos humanos y a las instituciones del Estado Mexicano, lo que derivó en la simpatía de muchas y muchos mexicanos, no sólo por los que han visto trastocados sus derechos en algún momento de su vida, sino por los que vemos en los derechos humanos una guía de vida y en nuestras instituciones un pilar fundamental de nuestro sistema político mexicano.
Por ello, cuando el entonces Presidente de la República, Felipe Calderón otorgó al Ejército mexicano algunas tareas propias de seguridad pública esto fue percibido por parte de la población como una afrenta; primero, en razón de que el Ejército mexicano tiene tareas específicas y, en segundo lugar, por irrumpir las funciones de las instituciones del Estado encargadas de nuestra seguridad.
Esa lucha, esa memoria hoy se ha perdido. La iniciativa de que el Ejército mexicano tenga legalmente funciones de seguridad pública ha generado en muchos sectores de la sociedad civil malestar, encono, decepción y frustración. Principalmente, por la contradicción del lenguaje: lo que ayer se criticaba y servía de lucha democrática hoy es la mejor política para las y los mexicanos.
La pretensión de seguir contando con quienes integran al Ejército, la Guardia Nacional para la realización de “otras tareas” (como varios medios han descrito su posible permanencia - hasta 2028- en las calles de todo el país) debe analizarse desde varias aristas.
Uno de dichos ejes de análisis es el hecho de que en un inicio, se contemplaba que, por ejemplo, la Guardia Nacional fuera integrada por civiles tal cual la normativa, pero el tiempo permitió la emisión de artículos como los publicados en Animal Político, en donde este principio se pone en tela de juicio gracias a una declaración vertida durante una conferencia matutina: los supuestos 100 mil miembros de la Guardia Nacional se componen en realidad de 23 mil elementos inscritos en la nómina de la Guardia Nacional, y el resto es integrada por elementos activos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) o de la Secretaría de Marina (SEMAR); en función a estos elementos, su formación los vuelve distintos a un civil.
El hecho de hablar abiertamente de una militarización en relación a la Guardia Nacional, corrompe lo establecido por la Ley de la Guardia Nacional: “La Guardia Nacional es una institución de seguridad pública, de carácter civil, disciplinada y profesional, adscrita como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría”; énfasis en “de carácter civil”.
En realidad, lo civil queda sólo al mando del Presidente de la República, materializado en una operación militar con una responsabilidad policial. Y a esto, ¿en donde quedan las instituciones encargadas de la seguridad pública? Me parece que pudiera existir alguna afectación a los derechos de este cuerpo de servidoras y servidores públicos.
Aunado a lo anterior, en el Informe Anual de Actividades 2021 que publica la Comisión Nacional de Derechos Humanos colocó a la Guardia Nacional dentro de las 10 autoridades que más quejas por violación de derechos humanos tuvieron durante ese año, entre el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales (ISSSTE) y la SEDENA.
La ciudadanía lleva años abogando por una mejor gestión en materia de seguridad pública, y tienen razón en ser tan insistentes; el actual campamento que se encuentra en el perímetro de la Glorieta del Ahuehuete es la materialización de muchas luchas que son o fueron respuestas a la incompetencia de una o varias autoridades en este ámbito. Los números hablan por sí solos y no hay otros datos que valgan, la realidad es la realidad.
El tiempo dirá si las decisiones de hoy son las correctas, lo que queda en el tintero es un doble discurso que sólo confunde a la ciudadanía siempre bajo el velo de que cualquier acción es en beneficio de la población, aunque pueda ser la ciudadanía la más afectada, así es el tamaño de responsabilidad del poder público.