La existencia de publicaciones periódicas en México tiene una larga historia, prácticamente casi cinco siglos anteceden al ejercicio del periodismo en el país, pues desde los comienzos del período novohispano, se imprimieron algunas gacetas, que hacia finales del siglo XIX eran muy numerosas en muchos rincones del país. Curiosamente, en un período histórico en el que fueron modificadas las leyes de imprenta y de prensa, después de que la Constitución de 1857 les había dado apertura, pero Porfirio Díaz optó por restringir dichas libertades a fin de evitar cuestionamientos a sus múltiples reelecciones y a la imposición de autoridades.
En medio de lo conocido como el Porfiriato, que data de 1884 a 1910, surge la figura de Manuel Caballero, oriundo de Jalisco, quien entre su estado natal y la ciudad de México ejerció el periodismo, pero lo trastocó al modificar su forma de practicarlo, ya que se salió de la norma común de sólo emitir opiniones en sus textos para comenzar a realizar una labor informativa sobre lo que ocurría en las cámaras legislativas, describiendo las discusiones y las principales temáticas abordadas en las sesiones.
En su honor, se ha establecido al cuatro de enero como el Día del Periodista en México, a propósito del aniversario luctuoso del periodista que por primera vez utilizó los géneros periodísticos en sus publicaciones (nota, reportaje, artículo y entrevista, principalmente), dando un refresco de modernidad a periódicos, gacetas, gacetillas y cualquier otra publicación periódica.
A propósito de la fecha, se recordó que en México se asesinaron siete periodistas durante el año pasado, y en los últimos cuatro años, se han perpetrado 33 asesinatos en contra de los profesionales de la comunicación, de acuerdo con datos de la organización Reporteros sin Fronteras, convirtiendo al territorio mexicano en uno de los más difíciles para el ejercicio de las labores informativas.
A la par de la violencia, en los últimos años se ha discutido, en múltiples espacios, y de manera sustancial, el ejercicio de la libertad de expresión, en varios términos. Por un lado, en cuanto, a su uso dentro de los ambientes virtuales, es decir, las redes sociales, debatiéndose hasta qué punto se pueden compartir o no ciertos tipos de contenidos que pudieran herir algunas susceptibilidades o vulnerar la privacidad de las personas. Y por otro, en cuanto a la injerencia y el cuestionamiento de las autoridades gubernamentales con respecto a lo que, día con día, se publica o se transmite en los medios de comunicación, llegándose al extremo de clasificarles y de amonestarles públicamente.
El derecho a la libertad de expresión surgió en el siglo XIX como un mecanismo de respuesta a la censura gubernamental de contenidos a fin de evitar la intromisión de los gobiernos en las publicaciones. Al paso del tiempo, conforme a los cambios sociales, su sentido y su utilidad se ha ido transformando, y podríamos decir, que en el siglo XXI, este derecho ya no sólo se ejerce en un diálogo bilateral entre los medios de comunicación y el Estados, sino que, se ha comenzado a dar voz a quienes consumen la información y los contenidos mediáticos, las audiencias.
Desde una visión tradicional, las audiencias son quienes reciben la información, pero también tienen otros roles, pueden ser consideradas como cifras, segmentos cuantitativos en los que se divide la sociedad con respecto a su exposición y preferencias a algún medio, y a la vez son sujetas sociales, históricas y culturales. E incluso, gozan de derechos.
Hace ocho años, se aprobó la inclusión de los derechos de las audiencias en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y recientemente se reformó la misma. En ella, se establece que estos derechos son recibir contenidos que reflejen “el pluralismo ideológico, político, social y cultural y lingüístico de la nación y recibir programación oportuna que incluya diferentes géneros que respondan a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad”.
Además de atender las necesidades específicas de ciertos sectores como la población infantil, las personas con discapacidad, las poblaciones indígenas, entre otras, y promover la igualdad, la no discriminación, la participación ciudadana y los derechos humanos. Obligar a los medios de comunicación a contar con un código de ética, y en caso de ser público, con una defensoría de audiencias, y a garantizar el derecho de réplica al público.
Uno de los principales debates que podrían surgir con respecto a los derechos de las audiencias y la libertad de expresión es la limitación que estas podrían poner hacia los contenidos, pero también, podrían impulsar muchos otras propuestas que suelen no encontrar cabida en los medios, no porque sean deficientes, sino por la falta de interés comercial o la ausencia de otras perspectivas más incluyentes.
En momentos en que se busca imponer una agenda muy clara desde el Estado, el contrapeso que pueden tener las audiencias es crucial para impedir que los contenidos mediáticos sean absorbidos por solo una agenda, pues pueden pugnar por la diversidad de voces y de enfoques y la forzosa apertura de las estructuras masivas de comunicación.
A finales del siglo pasado, el sociólogo español Manuel Castells advertía que con internet habría una proliferación de medios de comunicación, que, justamente, aprovecharían esa apertura, para ocupar espacios que solían utilizar los grandes consorcios monolíticos estáticos unilaterales. Pero, el avance social se produciría si surgía “una democracia electrónica y medios de comunicación diversificados”.
A más de 20 años de dicha reflexión, el ejercicio de los derechos de las audiencias es más que urgente para consolidar una democracia mediática, contribuir a la información de la sociedad con base en contenidos de calidad y garantizar el derecho a la libertad de expresión.