Durante la “mañanera” del miércoles 27 de febrero de 2019, una reportera requirió la opinión del presidente de la República, respecto de la reserva de información por cinco años, que había sido decretada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en relación a las últimas conversaciones de los pilotos del helicóptero en que perdiera la vida Martha Érika Alonso Hidalgo, entonces gobernadora de Puebla y su esposo, Rafael Moreno Valle.
Andrés Manuel López Obrador se pronunció porque hubiera “transparencia completa” y se comprometió a pedirle a Javier Jiménez Espriú, entonces titular de la SCT, que revisara el asunto para no dar “motivo a suspicacias” porque –dijo– “el que nada debe, nada teme”.
En ese mismo acto, López Obrador anunció la publicación del decreto que supuestamente permitiría el acceso público a los expedientes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), órgano que cambiaría su denominación al inicio de la administración del tabasqueño, por el de Centro Nacional de Inteligencia, aunque sus atribuciones continúen siendo las mismas que el órgano creado en 1989.
En realidad, el decreto que se publicó el día siguiente en el Diario Oficial instruye a las dependencias del Ejecutivo a “transferir al Archivo General de la Nación (AGN) la totalidad de los documentos históricos que posean y que se encuentren relacionados con violaciones de derechos humanos y persecuciones políticas vinculadas con movimientos políticos y sociales, así como con actos de corrupción”; conceptos ambiguos por subjetivos e inespecíficos, además de que la propia Ley de Archivos, de junio de 2018, ya obligaba la transferencia de archivos históricos al AGN.
En el fondo, el compromiso del presidente de la República, respecto a “abrir los archivos del Cisen” se circunscribió a algo más elemental y menos temerario: que el AGN pusiera a disposición del público para su consulta, documentos con alto impacto mediático por sus implicaciones históricas –como la matanza del 68–, pero inocuos en cuanto a los personajes involucrados y a la forma en que las sucesivas instituciones de seguridad obtuvieron sus informaciones.
No sabemos hasta qué punto los actores políticos actuales –incluyendo al jefe del Ejecutivo– fueron objeto de espionaje; como tampoco sabemos si como resultado de esa actividad legal o ilegal se obtuvieron datos que a la larga los comprometen por su relación con hechos delictivos, como podría ser la gestión y uso de recursos provenientes de la delincuencia organizada.
Los datos obtenidos por otras fuentes del propio gobierno y por investigaciones periodísticas apuntan, por ejemplo, a la vinculación del ex candidato al gobierno de Guerrero, Félix Salgado Macedonio o a los senadores chiapanecos Manuel Velasco Coello y Eduardo Ramírez Aguilar, con personajes de la delincuencia organizada. Todos ellos, apoyos fundamentales de Andrés Manuel López Obrador.
Las agencias de seguridad del gobierno mexicano han espiado desde siempre a periodistas, políticos, empresarios, jerarcas religiosos, secretarios de Estado, narcotraficantes, líderes magisteriales, integrantes de las organizaciones de la sociedad civil, entre otros.
En qué grado las informaciones legal o ilegalmente obtenidas sirvieron para chantajear a las personas espiadas o para preservar la integridad del Estado mexicano, es cosa que difícilmente se sabrá.
Los expedientes que sobre el partido Morena posee el Centro Nacional de Inteligencia han sido reservados por cinco años, bajo el sobado argumento de que hacerlos públicos atentaría “contra la seguridad nacional”, lo mismo que los contratos de adquisición de las vacunas contra la covid-19. En estos casos –como en muchos otros– el gobierno de López Obrador no aplica el concepto de “transparencia completa” a que hizo referencia en relación a las grabaciones del hecho en que perdiera la vida la ex gobernadora de Puebla. ¿A qué le teme?