Ante lo que se puede calificar como una nueva e intensa ola de insurrección criminal en el país, localizada en Michoacán, Sonora, Coahuila, Chiapas, Tamaulipas, Zacatecas, justo después del proceso electoral más cruento en términos de homicidios desde los años veintes del siglo pasado, se ha puesto en evidencia meridiana el poder territorial consolidado de los Cárteles de la Criminalidad Organizada (CO) en sendas zonas del país, con una capacidad de control territorial y desafío abierto a los poderes locales y federales, nunca antes vista. Tal despliegue de poder y control ha llevado incluso a que el presidente López Obrador comience a cuestionarse en torno a su consabida consigna “abrazos no balazos” con la que despachaba alegremente a quienes le preguntaban sobre el curso de sus decisiones en torno al tema en las mañaneras y, a colocar el tema de pacificación como un asunto del cual depende la traza histórica de la 4T.
Lo primero que hay que decir sobre el tema y que es un asunto archisabido por todes aquellex que se han dedicado a estudiar el problema desde la academia o las oficinas de expertex, es que la historia de las relaciones de la criminalidad y el poder en México son de muy larga data. En el profiriato bandas de forajidos y criminales fueron contratados por caciques, terratenientes y aún por autoridades locales para apropiarse de tierras y mantener asolados a los pueblos, mientras bandidos justicieros con mucho arraigo popular asaltaban caminos y despojaban a ricos, repartiendo el botín entre los pobres. En los inicios del levantamiento zapatista y la revolución social en 1910, muchas de estas bandas encabezaron explosiones de insurrección popular en varias regiones del país, mismas que como el villismo se sumaron después a las fuerzas militares en disputa contra el huertismo y posporfirismo, hasta el triunfo de la revolución constitucionalista.
Los diversos académicos especialistas (como Domínguez Ruvalcaba (Nación Criminal, Ariel, 2018; Carlos A. Flores Pérez: Estado en Crisis y Crimen Organizado 2009; Historia de Polvo y Sangre 2013, Astorga, Luis entre otros) han subrayado el papel central que juega la dupla criminalidad y poder en la consolidación del Estado posrevolucionario en lo que hace al control de la disidencia o rebeldía políticas en liderazgos político-militares, sindicatos, organizaciones campesinas, etc., durante el proceso de centralización del poder (1920-1950) y consolidación de las grandes centrales obreras y campesinas en las sucesivas metamorfósis de la hegemonía y el dominio de las elites posrevolucionarias: PNR; PRM y PRI. Señalan también cómo se teje esa mezcla de impunidad frente a la justicia y abuso de los políticos y poderosos gobernadores, senadores y caciques políticos regionales que hacían uso y abuso de poder para delinquir, robar, matar y amasar enormes o legendarias forturas apropiándose de costas, bosques, aguas, terrenos nacionales a partir del poder político1.
Los autores referidos describen también cómo durante más cincuenta años, se va forjando ese doble vínculo ante la ley de los cuerpos policiacos y de los actores políticos, que hace que éstos sean indistintos a los criminales, en el uso y abuso de la violencia y la prácticas delincuenciales. Sobre todo a partir de los inicios de la guerra sucia en los años sesenta y setentas, en los que se entronizaron la tortura, la desparición, la violación a todos los derechos de las personas disidentes del régimen, así como las vías por las que se naturaliza el uso de las influencias para todo tipo de corruptelas con la exhibición hasta el cinismo del poder de la charola y los ”contactos de arriba”. Mientras la ciudadanía indefensa asimilaba a fierro y fuego que la ley y la justicia eran de quien las tenía en la mano o a la mano y que mejor valía acomodarse a los usos del “que no transa no avanza”.
En esta larga trayectoria los autores aludidos utilizan dos modelos de gobernabilidad del poder ante la criminalidad y la delincuencia que utilizan para explicar las relaciones entre éstos. Basándose en las propuestas de Bailey y Godson (…) identifican primero un Modelo Centralizado-Descendente-Incremental que habría sido generado desde los años 40s y vigente a los años 90s, es decir desde Miguel Alemán a Carlos Salinas de Gortari, periodo en el cual el Estado a partir de la cúspide del poder : la presidencia de la república, pero gestionado generalmente mediante los procuradores, los altos funcionarios de la policía, se establece un formato de gobernabilidad donde el poder central controla las operaciones y el tamaño de las organizaciones del narcotráfico y les ofrece las vías para su operación a través de darles paso en puertos, caminos, fronteras y aduanas.
Es esta etapa una fase donde el poder central unipartidista hace descender hacia debajo de la pirámide del poder (gobernadores, procuradores estatales) la operación de este control pero donde es el Estado el que manda y gobierna por arriba las rutas y territorios que ocupan estas actividades, reducidas a la producción y traslado de enervantes, el tráfico de armas, y también actividades de contrabando de mercancías. Digamos que tanto desde el punto de vista económico, como territorial y organizativo, la CO está regulada por las áreas negras del gobierno. Este decide cuándo y cómo se da la sustitución de líderes de las organizaciones criminales, de acuerdo con los grandes capos. La fase donde este modelo llega a su mayor esplendor es en los noventas cuando desde el poder se da origen a un nuevo Cártel (el Cártel del Golfo) y cómo se reinserta a las organizaciones de narco mexicano en una nueva era de globalización del narcotráfico.
Pero la llegada de la alternancia en el año 2000 y la democratización de gobiernos locales desde mediados de los ochenta, empieza a gestar un cambio de fondo a este modelo. La pérdida del pináculo de poder priísta y la disputa por la hegemonía pluraliza las áreas políticas de las entidades y municipios y abre un proceso inverso en el modelo de gobernabilidad del CO. Este segundo Modelo Atomizado-Multidireccionado-Incremental, que habría iniciado a nivel nacional a partir de la llegada de Fox a la presidencia, aunque se estaba ya implantando desde el triunfo del panismo en Chihuahua en el Congreso local y 67 presidencias municipales, de 1986.
Vale la pena citar in extenso lo que apunta Carlos A. Flores Pérez (2009)
“La confrontación política que se aprecia a mediados del sexenio de Fox, entre las diversas fuerzas políticas –que constituyen gobiernos en diversas entidades– aunado a la desarticulación de varias instituciones de seguridad federales incrementa naturalmente la capacidad de los delincuentes organizados para imponerse eventualmente en los nuevos acuerdos de protección, que cuentan ahora con incentivos especiales para establecerse en el ámbito local o con funcionarios federales de jerarquía media. Estos funcionarios, sin embargo, mantienen la capacidad de extorsionar a delincuentes de menor influencia. La descomposición institucional que esto implica y las confrontaciones concomitantes entre las múltiples alianzas de funcionarios y delincuentes, por obtener mayores beneficios, características del Modelo Atomizado-multidireccionado-incremental –hacia el cual parece transitarse cada vez más– constituyen factores altamente negativos para la consolidación en México de un régimen democrático liberal, y pueden contribuir notablemente a erosionar aún más la hegemonía del Estado mexicano sobre su propio territorio”. Pág,. 148
En este contexto, la guerra de Calderón contra el narco y sus veladas alianzas con uno de los cárteles según se sabe ahora, no es sólo un recurso para legitimarse frente a la ciudadanía ante su cuestionado triunfo electoral, sino también un intento por reconstruir el tejido centralista de estas relaciones del poder político central con el narco y por esa vía reconstituir también el poder político frente a los gobernadores de la oposición (PRI y PRD) que gozaban de creciente autonomía en esos arreglos desde el período de Fox. Pero como al Dr. Frankenstein la criatura se le salió de las manos por lo que además del baño de sangre y desapariciones que dejó como cauda su gobierno, las organizaciones entraron en una nueva sinergia multiplicándose a nivel regional y abriendo nuevas lineas de negocio como la trata de personas tanto migrantes como para fines de explotación sexual, los secuestros y extorciones, la extracción ilegal de minerales, madera, especies, órganos etc, incrementando la fragmentación de actores, territorio y espacios económicos del mercado criminal.
La penúltima etapa de esta dinámica de fragmentación y atomización de los espacios de la criminalidad y las relaciones con el poder es la que corresponde a Peña. Los autores mencionados no llegan hasta ahí, pero aventuro sin mucho riesgo la hipótesis de que esa atomización aumentó sensiblemente por dos razones. Primero porque el ascenso de Enrique Peña Nieto se basó en una suerte de pacto entre los poderes feudales de los gobernadores de su partido y de los aliados del panismo y perredismo. Un pacto entre pares donde los gobernadores se comprometieron a apoyarlo financiera y logisticamente para ganar la elección, a cambio de que los dejara a manos libres y con garantías de impunidad. Este pacto que había comenzado a operar desde 2009 cuando bajo el liderazgo de un alfil de Peña (Videgaray) se pusieron más de 100 diputados, abrió un gran espacio de discrecionalidad y poder en los gobiernos estatales que entraron en una vorágine de corrupción desmedida. La prueba de que 14 de ellos sean hoy reos de la justicia por diferentes motivos pone en perspectiva el tamaño de la descomposición en las instituciones del poder político, que guardan un estrecho vínculo de comunicación y contagio con las organizaciones policiales, el brazo armado de esa ley.
El asunto es que hoy, los espacios económicos y los territorios donde la criminalidad campea y aún tiene una base social se multiplicaron, mientras las disputas por el poder cercenan el piso para los acuerdos y el cierre de filas que una lucha eficaz contra estas organizaciones requiere. Hoy ya no es el poder central el que manda. Son las organizaciones de la CO las que imponen sus reglas y sus límites.
La estrategia de no insistir en descabezarlas o perseguir sus liderazgos que es resultado de la consigna de “abrazos no balazos “ puede ser prudente pero no está sirviendo para controlarlos o reducirles poder. Los programas sociales de dar a los jóvenes 4 mil pesos mensuales para que no sean atraídos por estas organizaciones no es suficiente, cuando el suelo del sicario que es el operador equivalente a trabajador offsourcing de la economía blanca es de 16 mil pesos. Y para las comunidades que compran protección de los cárteles para no ser atacados por otros, o aún para dirimir sus conflictos internos, no resultan atractivas las inconfiables policías o la Guardia Nacional que un día están aquí y otro en un lugar distinto.
Está bien no alborotar el avispero ni abrir otro ciclo más de sangre. Pero si no se combate a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, a la economía criminal con más ahínco de lo que se hace con los políticos opositores y a través del SAT se identifica a toda la red de empresas de lavado, no va a drenarse la fuerza de estas organizaciones. Si no se persigue a fondo el tráfico de armas y cartuchos y se pone en marcha una política de desarme más severa, no vamos a sacarle fuerza a este monstruo alimentado por la connivencia del poder con la criminalidad.
1. Entre los casos más emblemáticos se refieren a casos como Abelardo Rodriguez en Baja California que auspició las casas de juego y el tráfico de drogas en Tijuana, además de apropiarse de enormes extensiones de terrenos en Baja California Norte y Sur. El caso de Juan N. Guerra tío de Juan García Abrego jefe fundador del Cártel de Golfo en Tamaulipas; el caso de Miguel Aleman Valdéz.