Está en curso de aprobarse en el Senado la Iniciativa turnada por la Cámara de Diputados para reformar los artículos 4º y 73 de la Constitución y establecer el derecho de toda persona al cuidado: derecho conmutativo que implica el cuidar y ser cuidado.
La carga del trabajo doméstico y del cuidado representa entre el 60 y 75% del tiempo de vida de las mujeres, desde los seis u ocho que comienzan a ocuparse en estos trabajos, hasta arriba de los sesenta años para muchas de ellas. Y es sin duda uno de los principales obstáculos para superar la brecha de participación económica, pero también de remuneración entre hombres y mujeres. En América Latina la brecha de participación es particularmente negativa, ya que la carga femenina del cuidado deja fuera del mercado de trabajo a prácticamente la mitad (48%) de las mujeres, mientras que solo 1 de cada tres hombres no trabaja. No se quedan atrás los efectos nocivos sobre el capital humano y el desarrollo de la región que se dejan ver en la brecha de remuneración y puestos según el sexo, ya que mientras las mujeres con educación terciaria y cuaternaria (prepa, técnico profesional y licenciatura) exceden por casi 50% a la de los hombres con las mismas calificaciones educativas, sus remuneraciones difieren entre 10 a 28% a las de los hombres, e incluso las mujeres con mayores cotas de escolaridad (maestría y doctorado) reciben en promedio 50% menos remuneración que los hombres con esas mismas certificaciones.
La carga de cuidado y la manera de sortearla también es un asunto de desigualdad entre mujeres. Entre las que pueden pagar a una mujer tome su lugar en la casa y desempeñarse profesionalmente a jornadas completas, elevando su competitividad, aunque deban descontar este costo de sus ingresos mensuales; y las que dejan a sus hijas mayorcitas a cargo del cuidado de sus hermanos menores o, aún las niñas y niños que quedan solos, atados a las patas de las mesas mientras sus madres salen unas horas a conseguir algo para comer. De modo que las cargas de un lado se pasan a otro y quedan siempre acumuladas en los grupos mas pobres y precarizados.
Por estas y otras razones, hay todavía un gran debate de fondo en torno a las modalidades de cuidado que una segunda iniciativa de ley secundaria tendría que definir; cómo será este sistema, quiénes serán sus beneficiarios, qué tipo de servicios ofrecería, quiénes sería sus proveedores y cómo se financiará. Cuestiones no menores en la idea de pasar de una simple declaración o derecho más que se establece en la Constitución, pero no se acata ni se cumple, a una realidad que contribuye efectivamente la igualdad de género a la reducción de la pobreza de tiempo y de cuidado, el bienestar social y vuelque sus efectos positivos en el desarrollo humano y económico.
De ser aprobada -como se prevé- esta Iniciativa, se estaría concretando una histórica demanda del feminismo desde los años 70s, que ha venido debatiéndose y reformulándose desde entonces, entre las diferentes vertientes intelectuales y políticas del feminismo. En este debate entre feministas hay importantes matices. En el fondo está la cuestión del punto del origen político del planteamiento. El feminismo radical, autonómico (Dalla Rosa; Federici, Mezadra, et al) parten de la fisura estructural del orden económico moderno, que separa por un lado las actividades para el mercado mayormente realizadas por los hombres, que son reconocidas y remuneradas y se contabilizan entre los valores generados en la sociedad; mientras se invisibiliza todo el segmento de las actividades para generar, mantener o reparar la capacidad de las personas para el trabajo, que se realizan en el ámbito doméstico a cargo mayormente de las mujeres y, que no son remuneradas, reconocidas ni contabilizadas en el conjunto de trabajos que generan valor económico, ya que se atribuyen a la naturaleza de las mujeres y como parte del amor romántico que sienten y dispensan a sus hijos y sus parejas.
Desde las posiciones radicales la politicidad desde este punto de partida, implica englobar todas estas actividades en el continente de la reproducción social, que es el anverso negado o, reprimido, en la economía de mercado capitalista que se desentiende de los seres humanos fuera del ámbito laboral, e ignora junto con ello, todo el orden de los servicios de la naturaleza que son necesarios e indispensables para la vida humana y del planeta. Por que para que haya producción se requiere reproducción de los seres humanos y su capacidad de trabajo (fuerza, salud, vestido, desarrollo cognitivo, destrezas, habilidades, disposiciones emocionales) así como recursos naturales diversos, que el mercado capitalista ignora en sus cálculos económicos, apropiándose en última instancia del trabajo no pagado por estos servicios, consumiendo sin reposición los recursos naturales que son indispensables para la vida. De esta lectura, el feminismo radical deriva la fuerza de su posicionamiento donde coloca a las mujeres y su trabajo doméstico-reproductivo no pagado, su subordinación a la supuesta naturaleza de su trabajo doméstico, como el primer eslabón de la cadena de opresión que sujeta, por otro lado, a todos los hombres, a la condición de esclavos del trabajo y a las mujeres como esclavas de los esclavos.
Desde la perspectiva feminista radical, las sociedades son fábricas sociales, donde mujeres y hombres, sin importar la condición de trabajo formal, informal, flexible o fijo, doméstico y extra doméstico, están encadenados a actividades que en diversas formas y modalidades contribuyen a la generación del valor. Valor que termina por pago o por no pago, por producción o consumo, en los bolsillos de los capitalistas. Contribuyen a ello tanto la señora que por unos pesos cuida a los hijos de otra señora que se va a realizar trabajo en casa de otra mujer que es oficinista, técnica o profesional, en una empresa pública o privada; como la abuela que se hace cargo de sus nietos mientras la madre trabaja tres o cuatro horas en un servicio de restaurante o en una maquiladora de ropa. La baja remuneración que estos trabajos tienen en el sistema de mercado responde a la baja jerarquía de las actividades y de las personas que los realizan, cuyos precios invisibilizan - aunque no se dejan de integrar a la ganancia-, la condición precaria y vulnerable de las personas que las realizan, incluyendo las horas que estas personas dilatan en el traslado a los lugares de trabajo. De suerte que la precarización de la vida y el trabajo es el entramado por medio del cual la fábrica social, hace llegar la ganancia extraordinaria a los capitalistas. En la globalización estos encadenamientos implican las vidas de mujeres migrantes que se trasladan desde el Sur global a los países del Norte global a realizar labores de cuidado, pero también el trabajo de las mujeres asiáticas, africanas, latinoamericanas o caribeñas, que trabajan medios tiempos en las maquiladoras de ropa, mientras las abuelas cuidan, o que dividen su tiempo entre el trabajo agrícola de la parcela familiar, con el trabajo agrícola en la gran empresa exportadora.
La propuesta de este feminismo parece simple ante la infinidad de los encadenamientos productivo-reproductivos de la globalización y consiste en la creación de comunidades autonómicas de mujeres y hombres que se liberen de esas opresiones y construyan en común alternativas colectivas de producción, consumo y cuidados, en vías de articular un encadenamiento productivo-reproductivo y de consumo, no capitalista y afín con la naturaleza. No pretende la toma violenta del poder desde el Estado, sino la creación de una nueva sociedad desde lo local y desde abajo. Desde esta perspectiva los proyectos de comunalidad, son mas cercanos a las propuestas del socialismo utópico del siglo XIX, que a la idea del comunismo al estilo Marx o, Lenin. En el fondo apuestan a que el colapso económico, ecológico o sanitario del capitalismo neoliberal va a llegar mas temprano que tarde y entonces será el momento para que estas alternativas florezcan y se generalicen.
El feminismo de la igualdad o feminismo liberal reconoce igualmente la bifurcación estructural de género que divide el trabajo extra doméstico remunerado y el trabajo doméstico no remunerado, pero no pretende que toda la reproducción social sea reconocida en el proceso de producción-explotación del trabajo. Solo busca emparejar el piso para que la carga del cuidado no pese de manera casi exclusiva en las espaldas de las mujeres, de modo que éstas puedan incorporarse al mercado de trabajo en condiciones de mayor equidad. Un acuerdo de base compartido por ambas visiones del feminismo es que todas las personas en algún fase o momento de la vida, por circunstancias como la niñez, la vejez, la enfermedad, o los accidentes, requiere recibir cuidados y que todes estamos también en condiciones de prodigarlos.
Entre las propuestas del feminismo de la igualdad podemos diferenciar dos: la propiamente liberal cuyo objetivo central es redistribuir la carga del cuidado y del trabajo domestico, en lo micro entre mujeres y hombres, a partir de modificar el sentido y obligaciones de la paternidad descolocándola de la proveeduría ya que las familias tienden cada vez más a integrar a las mujeres también como proveedoras. En lo macro apuntan a la compatibilización entre familia y trabajo, lo que implica integrar a las regulaciones laborales horarios y permisos compatibles con las labores de crianza y cuidados para ambos progenitores. En sus vertientes mas liberales el sistema de servicios de cuidado se desarrolla como un brazo más de la economía de servicios disponibles en el mercado como guarderías o centros de cuidado diario tanto para la niñez como para la población adulta mayor; discapacitados y enfermos, que se externalizan a las familias y se terciariza a empresas. En sus modalidades digamos más social democráticas (si todavía puede haber algo definido así) el sistema de cuidado incorpora también la obligación del estado de procurar cuidado (cuidadanía se ha llamado) en un nuevo brazo de servicios para el bienestar social, donde se combina una vertiente gratuita con otras modalidades tripartitas (empleadores- trabajadorx-estado) y aún también un sistema de mercado con empresas privadas de cuidado o servicios domésticos diversos.
Un asunto estrechamente ligado a los debates sobre el sistema de cuidados, sobre todo en los planteamientos social democráticos es el lugar del trabajo en casa (o servicios domésticos en el hogar a través de una persona) en el sistema de cuidado. Hasta ahora en México, los derechos de las y los trabajadores del hogar (como se les denomina) están construidos en un marco liberal, donde cada persona ocupada en estas labores tiene sus derechos individualizados (salario, seguridad social, vacaciones, etc.) emulados a otros trabajos del sector formal, mientras las amas de casa o jefes/as de hogar están emuladas como empleadores, solo que en este caso no pueden amortizar de ninguna manera los costos de estos trabajos, como si lo puede hacer el resto de empleadores registrados en el Seguro Social. Esta situación puede producir varios efectos no deseados: el más directo es elevar el costo que las mujeres profesionales y técnicas que trabajan a jornadas completa, deben pagar como costo de oportunidad para seguir laborando en esas condiciones; el segundo crear un submercado de trabajo del hogar por debajo del estándar establecido por ley, que va a incrementar la desigualdad entre las trabajadoras de este sector. Por ello una legislación que estableciera el derecho al cuidado y reconociera el valor social del trabajo doméstico, tendría que considerar a la familia como una unidad de producción y por tanto también de costo que paga por estos servicios no prestados por el estado, pudiendo amortizar una parte del costo de los servicios de cuidado que contrata privadamente de los impuestos que paga.
En breve: el enfoque del cuidado desde la perspectiva del feminismo liberal o desde las perspectivas de la socialdemocracia apunta a resolver los nudos estructurales de la participación femenina en el trabajo remunerado, más que buscar el reconocimiento y la integración de la invisibilizada economía de la reproducción en el centro de la ganancia del capital. Participación amenazada por la pandemia y la eventual pos pandemia, que ha sobrecargado a las mujeres y las familias en tareas de cuidado y llevado a una caída histórica de la participación de las mujeres en el empleo, de por sí ralentizada desde el inicio de la segunda década del siglo, tanto por los nudos estructurales que han discriminado a las mujeres de los espacios del trabajo, como por los problemas del crecimiento económico después de la crisis de 2008-2009.
Habrá que esperar a generar un debate más abierto, profundo y crítico de la femocracia mexicana, a tono con lo que han dado sus homólogas en otros países del mundo y de la región, para abonar en un sistema que haga efectivamente accesible el derecho al cuidado para mexicanas y mexicanos y empareje el piso no solo entre mujeres y hombres sino también entre quienes pueden contratar o acceder a cuidados o los que no tienen siquiera eso en la vida.