La semana pasada el Fiscal General de la República nos sorprendió con el anuncio de una reforma profunda al sistema de justicia penal acusatorio, argumentando que con ello se logrará prevenir delitos y reducir la inseguridad, la impunidad y la corrupción; lo cual sin duda suena muy atractivo y necesario en el México actual.
Los documentos que se conocieron dan cuenta que se trata efectivamente de una transformación radical del sistema de justicia: se reforman 14 artículos de la Constitución, se crea un nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, entre otras importantes modificaciones legales; la propuesta contiene algunos pequeños avances y enormes retrocesos.
Literalmente es la contrareforma al sistema penal acusatorio; al desaparecer la figura de juez de control y el Tribunal de enjuiciamiento se regresa al modelo antiguo: la legalidad del proceso queda en manos de una sola persona. A sólo tres años de su plena implementación, no debería hablarse de una contrareforma, al contrario, se debe fortalecer con mas y mejores asesores jurídicos que defiendan a las víctimas, así como impulsando a las comisiones de víctimas en todo el país.
Se elimina el derecho de las víctimas a realizar actos de investigación y se les limita el derecho de interponer recursos. Esto resulta revictimizante, especialmente si atendemos a que son los familiares, especialmente las madres de las decenas de miles de desaparecidos, quienes normalmente han hecho la investigación en la busqueda de sus seres queridos y lo seguirán haciendo, por lo que de prosperar la iniciativa, podrían incluso llegar a ser criminalizadas.
Se propone ampliar el arraigo a todos los delitos (ya no sólo en casos de delincuencia organizada), lo que implica que una persona puede ser detenida arbitrariamente para ser investigada hasta por 40 días sin ser acusada formalmente, ni gozar de las garantías procesales que tiene cualquier detenido. Esta nefasta figura debe desaparecer en México, de hecho el Senado ha avanzado en ese sentido: contraviene los tratados internacionales que México ha ratificado y viola principios fundamentales como la presunción de inocencia, además de que normalmente deviene en abusos de todo tipo; asi lo han señalado de forma unánime todos los organismos de Naciones Unidas cuyo mandato les permite analizar dicha figura. Paradojicamente, tampoco favorece una investigación profesional: al asumir que ya hay un culpable, la autoridad sólo se esforzará en confirmarlo.
Se permite la intervención de llamadas con motivo de posibles delitos electorales, lo cuál resulta sumamente peligroso como excusa para facilitar el espionaje a opositores políticos.
Si todo esto fuera poco, en mi opinión es todavía más grave la posible modificación al artículo 20 constitucional: las pruebas ilícitas podrán ser tomadas en consideración y valoradas por el juez en determinadas condiciones. Lo anterior abre la puerta, entre otras graves violaciones, a la tortura, que como ha reconocido el gobierno actual, es una práctica generalizada en México: de nuevo, si se puede obtener una “confesión”, sólo basta encontrar argumentos para confirmarla.
Una última novedad que resulta especialmente grave tomando en consideración que de acuerdo con la UNESCO, México es uno de los países mas peligrosos para ejercer la libertad de expresión: en la iniciativa para crear el Código Penal Nacional se vuelve a criminalizar la difamación y la calumnia, lo que permitiría encarcelar a periodistas por realizar su trabajo, como lo señaló ante la Cámara de Diputados Jan Jarab, en su carácter e representante de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en México No es posible determinar cuáles son las verdaderas intenciones de la Fiscalía para proponer tan desacertadas reformas. Sin duda es positivo que se haya detenido momentáneamente la presentación de estas iniciativas, debido al rechazo generalizado que provocaron, lo cual puede ser un acicate para lograr una verdadera reforma humanista que facilite el acceso a la justicia y que derrumbe el círculo de impunidad que hasta ahora sigue siendo la constante. México requiere retomar el camino de la paz, por ello Javier Sicilia, de la mano de miles de víctimas, está convocando a una nueva marcha partiendo de Cuernavaca hacia Palacio Nacional; es perentorio escuchar su llamado hasta que la dignidad se haga costumbre. #HagamosComunidad