México busca blindarse ante cualquier controversia laboral con Estados Unidos y Canadá en el futuro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).
A la Cámara de Senadores llegó una iniciativa de ley firmada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para formalizar el empleo, fortalecer los derechos laborales y seguridad social de las personas trabajadoras del campo.
"En la parte de comercio exterior de la iniciativa tiene tres cosas que son implícitas. Una, reducir riesgos de controversias laborales en el T-MEC, dependiendo de qué es lo que vaya a suceder con el T-MEC", plantea Pedro Canabal, socio legal y comercio exterior en Bakertilly.
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Además, expone, pretende que la legislación laboral mexicana tenga una alineación con los estándares internacionales, por lo que se ha comprometido en el capítulo laboral del TMEC.
Un tercer aspecto es el fortalecimiento de las cadenas de suministro, seguridad y el Blockchain en el bloque de América del Norte, asegura a La Silla Rota.
Contexto: en 2020 se incluyó por primera vez en el TMEC el capítulo laboral, en donde se incluyó el Mecanismo Laboral de Respuesta Inmediata (MLRR), el cual ha sido invocado por trabajadores mexicanos con denuncias a sus derechos laborales.
Abona a la competitividad laboral
"Digamos que es una reforma que abona a la competitividad comercial" expone el ex Administrador Central de Planeación de Comercio Exterior del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Agregó que aunque es una reforma más a la Ley Federal del Trabajo, la lógica que trae es que en tratados internacionales incluyen capítulos laborales que son vinculantes.
"Obvio las cadenas globales de valor internacional exigen cumplimiento social y regulatorio, y el nearshoring. México debe estar condicionado por estándares laborales verificables, o sea, si no, no cumplimos", enfatizó.
Hasta 83% de los trabajadores del campo en la informalidad
De acuerdo con cifras oficiales, hasta 83% de los trabajadores que hay en el campo se ubican en la informalidad, sin seguridad social, lo cual afecta su situación económica.
Al cierre de julio de 2025, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó 23 millones 591 mil 691 puestos de trabajo formales afiliados.
Sin embargo, en el sector agrícola, durante el mismo periodo, la Población Ocupada en dicha actividad ascendió a 2.78 millones de personas, de las cuales más del 83% se encontraba en condiciones de informalidad, sin acceso a seguridad social ni prestaciones básicas, difunde la iniciativa.
"En atención a los compromisos internacionales asumidos por México en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), particularmente en sus Capítulos 23 (Laboral) y 24 (Medio Ambiente), así como a los convenios de la Organización Internacional del Trabajo ratificados por México, corresponde al Estado garantizar los derechos laborales de las personas trabajadoras del campo, su acceso efectivo a la seguridad social y la protección del medio ambiente como ejes de un desarrollo sostenible", plantea la iniciativa en el Senado.
Un sector que aporta 9.1% del PIB
De acuerdo con datos de la Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, la agroindustria en México alcanzó en el segundo trimestre de 2025, 3.27 billones de pesos corrientes, lo que representa el 9.1% del Producto Interno Bruto nacional.
A enero de 2025, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural reportó que la Balanza Comercial Agropecuaria y pesquera registró un saldo positivo de 658 millones de dólares, el cual es el nivel más alto en los últimos cinco años.
"Mientras la agroindustria se consolida como motor de divisas y empleo, se debe garantizar a las y los trabajadores del campo condiciones dignas, pues los beneficios del comercio internacional no se generan únicamente en el punto de exportación, sino a lo largo de toda la cadena de valor: desde el pequeño productor hasta las empresas empacadoras y comercializadoras", proyecta la iniciativa presidencial.