El Anexo 13, que agrupa los recursos públicos destinados a la igualdad entre mujeres y hombres, alcanzó en 2025 un monto histórico de 479 mil millones de pesos; sin embargo, apenas 21.1% de los programas incluidos tienen objetivos explícitos de reducción de brechas de género y más de la mitad se va a pensiones, de acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
"De los 508,727.4 millones de pesos aprobados para 2025 en el Anexo 13, el 52.5% se destina a programas de pensiones, como la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores", señala el documento
La investigación "Diagnóstico del presupuesto para la igualdad sustantiva en México, elaborado por la Red por una Política Fiscal Feminista" advierte que solo el 29% de los programas evaluados cumple con los criterios mínimos de un presupuesto igualitario.
Te podría interesar
“El análisis del Anexo 13 demuestra que, aunque se han logrado avances en la asignación de recursos para la igualdad de género, persisten deficiencias estructurales en su diseño, ejecución y evaluación”, subraya el texto.
Además, los programas mejor calificados dentro del Índice Simplificado para la Igualdad Sustantiva (ISAIS) reciben menos recursos, mientras que aquellos con menor puntuación concentran más presupuesto. Esto evidencia un desfase entre calidad del diseño y prioridades de asignación.
Falla en planeación y evaluación de impacto
De los 100 programas que integran el Anexo 13, apenas 22.1% ha sido auditado con enfoque de género en los últimos cinco años, señala el documento.
Además, solo el 31.5% publica datos desagregados por sexo. Las autoras alertan que esta falta de evaluación limita la rendición de cuentas y obstaculiza la participación ciudadana informada.
Los indicadores actuales, advierten, no permiten medir el impacto real del gasto en igualdad. “Las evaluaciones ex ante y ex post con perspectiva de género son escasas”, resalta el diagnóstico.
Lee: México preside la Conferencia Regional de la Mujer con deuda en cuidados
La ausencia de indicadores estratégicos impide saber si se están cerrando brechas o si los recursos se quedan en simulación.
Por otra parte, muchas reglas de operación no garantizan que los programas estén orientados a lograr una transformación real. Solo 63% menciona más de una brecha de desigualdad, y apenas 29.6% contempla coordinación interinstitucional, lo que reduce la capacidad de respuesta integral del Estado.
Recomendaciones de la CEDAW
Contexto: La semana pasada, La Cadera de Eva presentó información relevante del X informe del Comité para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (CEDAW), en el que la institución celebró los logros del Estado mexicano; sin embargo emitió recomendaciones para más de una decena de apartados.
El informe final de la CEDAW resalta recomendaciones dentro del marco legislativo en cuanto a la discriminación contra la mujer, el acceso a la justicia, violencia de género contra mujeres y niñas, y la participación igualitaria en la vida política y pública.
Lee: CEDAW pone el foco en las buscadoras y exige su protección
En lo general y con preocupación, el Comité señaló que rara vez se invocan en los procedimientos judiciales del Estado, por lo que recomienda continuar sensibilizando a las mujeres mexicanas sobre sus derechos humanos y que se garantice, de manera asequible, los recursos legales, tanto en español como en lenguas indígenas, para reclamarlos.
Así mismo, recalcó la necesidad de llenar el vacío de una definición clara y exacta en cuanto a lo referente a la discriminación conta la mujer.
La desigualdad persiste más allá del Anexo 13
El documento advierte que centrar el análisis exclusivamente en el Anexo 13 invisibiliza el resto del presupuesto público, que también tiene un impacto diferenciado por género. Subsidios, inversión pública o programas productivos no etiquetados pueden profundizar desigualdades si no incorporan esta mirada.
“Las organizaciones de la sociedad civil deben insistir en que el Anexo 13 es solo una parte del presupuesto”, señala el estudio. Por ello, propone avanzar hacia una reforma integral que establezca criterios obligatorios de equidad para todos los programas, sin importar su ramo o función.
El diagnóstico también identifica que programas con montos elevados como los de energía, justicia o comunicaciones, obtienen bajas calificaciones en el índice de igualdad. En contraste, los pocos programas diseñados con enfoque de género suelen recibir presupuestos mínimos.
Recomendaciones: de lo simbólico a lo estructural
Para revertir esta situación, el documento propone reformular las reglas de operación e indicadores de desempeño de los programas públicos, de manera que incluyan explícitamente el objetivo de cerrar brechas de género. También pide asegurar auditorías periódicas con perspectiva de género y publicación de datos completos y desagregados.
“Se debe establecer una perspectiva interseccional y territorial, desde la ética feminista, que asegure que los recursos lleguen a las poblaciones más vulneradas”, se lee en el documento. Esto incluye considerar factores como la pobreza, la racialización, la discapacidad y el territorio.
Finalmente, el diagnóstico subraya que la política fiscal no puede seguir siendo neutral ante la desigualdad: “Los mecanismos a través de los cuales los Estados se hacen de recursos públicos, para después elegir cómo, cuánto y en qué gastarlos, son instrumentos indispensables para la garantía de los derechos humanos”.
La importancia del presupuesto con perspectiva de género
El presupuesto con perspectiva de género representa una herramienta clave para reducir las brechas estructurales entre mujeres y hombres; sin embargo, su uso actual en México continúa siendo más simbólico que efectivo.
Aunque se han destinado recursos históricos al Anexo 13, su impacto real es limitado si no se acompañan de evaluaciones rigurosas, reglas de operación con enfoque de género y una distribución estratégica del gasto público.
SÍGUENOS EN EL SHOWCASE DE LA SILLA ROTA DE GOOGLE NEWS
ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP. EL PODER DE LA INFORMACIÓN EN LA PALMA DE TU MANO
Esta situación es especialmente relevante en un país donde las mujeres enfrentan desigualdad sistemática en el acceso a servicios, justicia y oportunidades económicas.
esr