Con un presupuesto histórico de 2.8 billones de pesos, un incremento del 4.4% respecto a 2025, el gasto en subsidios en México vuelve a marcar un récord en 2026. Sin embargo, detrás de esta expansión del gasto público se mantiene un patrón preocupante: los recursos continúan beneficiando más a la población asegurada que a quienes más los necesitan.
De acuerdo con un análisis de las proyecciones del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2026, esta tendencia cumple nueve años consecutivos de favorecer a quienes cuentan con seguridad social formal, en detrimento de la población no afiliada.
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Panorama general del gasto en subsidios en 2026
Los subsidios gubernamentales son instrumentos clave de política pública que buscan reducir desigualdades, fomentar el desarrollo social y garantizar derechos. Se otorgan como asistencias, transferencias o incentivos para sectores o actividades prioritarias. Para 2026, los subsidios en México se dividen principalmente en dos grandes componentes:
- Subsidios generales (modalidades S y U): programas que no dependen del estatus laboral de las personas, como la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, las becas educativas o los subsidios a las tarifas eléctricas.
- Ramo 19: Aportaciones a la Seguridad Social, que concentra los apoyos al IMSS, ISSSTE y otros organismos, destinados a financiar pensiones contributivas y servicios de salud para la población asegurada.
Aunque oficialmente el Ramo 19 se clasifica como “transferencias” y no como “subsidios”, los especialistas lo consideran subsidio implícito, ya que permite que los beneficiarios reciban prestaciones sin cubrir su costo total. En conjunto, ambos componentes equivalen a 7.5% del PIB nacional.
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Concentración de recursos: un gasto social que amplía desigualdades
En los últimos años, la distribución del gasto ha mostrado una tendencia regresiva. En 2017, el 49% de los subsidios se destinaban a la población asegurada. En 2025, esa proporción ascendió a 55%, su nivel más alto en casi una década.
El crecimiento más acelerado se ha dado en los subsidios al IMSS y al ISSSTE, que aumentaron 41% entre 2019 y 2024, frente a un 28% de crecimiento en los subsidios para población sin seguridad social.
Para 2026, se espera una ligera corrección: los subsidios para la población no afiliada crecerán 107 mil millones de pesos, frente a 8.9 mil millones para la población asegurada. No obstante, los analistas advierten que esta mejora no cambia el patrón estructural de concentración.
“El sistema de subsidios mexicano sigue beneficiando a quienes ya cuentan con derechos laborales y contributivos, mientras la población informal sigue dependiendo de transferencias universales con bajo impacto redistributivo”, explica el economista Carlos Brown Solá, especialista en gasto social.
Brecha per cápita en la recepción de subsidios
La desigualdad es aún más evidente al medir el gasto por persona. En 2026, se estima que 64.8 millones de afiliados al IMSS, ISSSTE e ISSFAM recibirán 1.5 billones de pesos, lo que equivale a 23,802 pesos por asegurado.
En contraste, 69.5 millones de personas sin seguridad social recibirán el remanente de 1.4 billones, equivalente a 19,423 pesos por persona.
Además, las personas aseguradas también tienen acceso a programas universales, como pensiones y becas, lo que duplica su beneficio efectivo. En términos reales, las personas con seguridad social reciben más del doble en subsidios que las no afiliadas.
Principales programas de subsidios en 2026
El programa con mayor presupuesto seguirá siendo Pensiones y Jubilaciones en curso de pago (IMSS), con 795.8 mil millones de pesos, equivalente al 2.1% del PIB. Le siguen la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, con 526.5 mil millones, y los Apoyos a Pensiones del ISSSTE, con 390.4 mil millones.
De los 13 programas más costosos, cinco benefician exclusivamente a la población asegurada, entre ellos el Seguro de Enfermedad y Maternidad del IMSS y las Pensiones Civiles y Militares de Gracia.
En contraste, programas dirigidos a la población no afiliada, como IMSS-Bienestar, registran recortes de hasta 9%, lo que evidencia una reasignación de recursos que prioriza transferencias sobre servicios públicos básicos.
Menos programas, más concentración
Entre 2018 y 2026, el número total de programas de subsidios se redujo de 146 a 95, una disminución del 35%.
Los sectores más afectados fueron Agricultura, Ciencia, Vivienda y Seguridad, mientras que los programas educativos y de transferencias directas se mantuvieron o incluso crecieron.
Dos programas, Pensiones y Jubilaciones del IMSS y Pensión para Adultos Mayores, absorberán 45.7% de todo el gasto en subsidios, casi el doble de su participación en 2018 (22.9%).
Esta concentración refleja una estrategia gubernamental orientada a fortalecer programas universales y transferencias directas, pero con efectos limitados en la reducción de la desigualdad estructural.
Subsidios y desigualdad: una redistribución inversa
Aunque las transferencias sociales han incrementado los ingresos de las familias y contribuido a reducir la pobreza por ingresos, su impacto en la desigualdad ha sido opuesto.
Al depender de recursos fiscales generales, los subsidios contributivos generan una redistribución inversa, donde toda la sociedad financia las prestaciones de los trabajadores formales, quienes suelen tener mayores ingresos y estabilidad laboral.
“El gasto público debería corregir desigualdades, no reproducirlas. Pero en México, el sistema de subsidios tiende a reforzar las brechas entre el empleo formal y el informal”, advierte el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) en su análisis del PPEF 2026.
Recomendaciones para una política de subsidios más equitativa
Para que los subsidios en México cumplan su función redistributiva y contribuyan al desarrollo sostenible, los especialistas proponen:
- Reformular los criterios de focalización para dirigir los recursos a los sectores de menores ingresos.
- Reducir los subsidios universales regresivos y priorizar programas focalizados en pobreza y desigualdad.
- Aumentar la inversión en salud y educación para población sin seguridad social.
- Vincular la asignación de subsidios a indicadores de desigualdad y pobreza, garantizando equidad territorial y sectorial.
AJA