Las autoridades judiciales de Estados Unidos en el Distrito de Arizona formalizaron cargos contra dos redes distintas que operaban en el suroeste del país para adquirir armamento y suministros bélicos destinados a cárteles del narcotráfico en México.
Los documentos judiciales detallan los métodos de reclutamiento, las transacciones financieras y la logística utilizada para cruzar el material por la frontera.
El esquema de reclutamiento y la red de "compradores de paja"
La organización liderada por Fernando Daniel Castro operó aproximadamente desde el 1 de diciembre de 2024 hasta septiembre de 2025. Según la acusación, Castro, quien no contaba con licencia para comercializar armas, utilizaba redes sociales como Instagram para reclutar individuos dispuestos a comprar armas en su nombre a cambio de dinero.
En una publicación del 10 de julio de 2025, se registró un mensaje desde su cuenta solicitando personas que quisieran "ganar dinero mañana" sin tener antecedentes penales.
Los reclutados acudían a múltiples establecimientos autorizados en Arizona, entre ellos Ammo AZ, Baseline Pawn, Harris Brothers y Arizona State Armory, donde firmaban el formulario federal 4473 de la ATF declarando falsamente que eran los compradores reales. Entre los 21 acusados de esta red se encuentran compradores frecuentes, individuos como Andrew Roy Odin, Ricky Raynard Gregory y Darius Lamar George, quienes realizaron decenas de adquisiciones en periodos cortos.
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La red se enfocaba en adquirir rifles estilo AK y pistolas Glock modelo 19X, sabiendo que serían exportadas ilegalmente para su uso en actividades criminales.
Operación logística y contrabando de municiones a gran escala
Una segunda acusación formal, fechada en marzo de 2025, detalla las actividades de Juan Jesús Estevez, José Daniel Medina y Christian Alberto Pereida Ramírez. Este grupo se especializaba en la logística de transporte y la adquisición de grandes volúmenes de munición bajo órdenes directas de compradores en México.
La logística documentada por las autoridades incluye que la conspiración logró movilizar más de 65,000 rondas de munición calibre 7.62 x 39 mm de la marca TelaAmmo y 1,000 rondas de calibre .380 ACP.
Además, se identificó el tráfico de pistolas Glock (modelos 17, 25, 34 y 44), Walther y Armscor de diversos calibres.
Los acusados utilizaban vehículos como una furgoneta blanca (van), un Honda Pilot y un Cadillac plateado para transportar el material. Las entregas de dinero y armas se coordinaban en estacionamientos de centros comerciales en Tempe y parques públicos en Phoenix, en Arizona.
Los documentos señalan que los implicados ingresaban desde México por el puerto de entrada de Nogales, Arizona, para recoger los suministros y posteriormente transportarlos hacia el sur por la Interestatal 10.
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Cargos judiciales y consecuencias
Los implicados enfrentan múltiples cargos, entre ellos conspiración para defraudar a Estados Unidos, realizar declaraciones falsas en la compra de armas de fuego y contrabando de mercancías desde Estados Unidos. Adicionalmente, José Daniel Medina fue acusado de ser un ex convicto en posesión de armas de fuego y municiones. El gobierno federal ha solicitado el decomiso de cualquier propiedad o beneficio derivado de estos delitos.