El gobierno federal publicará cada mes la información sobre las contrataciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como los contratos del gobierno en general, además de auditorías, procesos de fiscalización y otros datos relacionados con el ejercicio de recursos públicos, como parte de un decreto para fortalecer la transparencia.
Durante la conferencia mañanera, la mandataria firmó el decreto que amplía las obligaciones de transparencia de las dependencias federales tras la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Explicó que la medida busca reducir la discrecionalidad en la clasificación de la información y fortalecer el acceso de la ciudadanía a datos públicos.
Entre los principales cambios destaca la actualización mensual de la información relacionada con contrataciones públicas, así como la publicación de datos sobre las filiales de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), procesos de fiscalización, auditorías y el seguimiento a las observaciones derivadas de revisiones.
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Decreto pone orden: especialista
El decreto que acota la discrecionalidad con la que se reservaba información precisa todo lo que se debe transparentar y no se deja al criterio de los servidores públicos que información se hace pública, consideró Gerardo Lozano Dubernard, especialista en fiscalización, quien fue Auditor especial de cumplimiento financiero de la Auditoría Superior de la Federación.
"La obligación ya existía en las dos leyes de transparencia y el INAI obligaba a su cumplimiento", señaló.
El decreto pone orden, estimó Lozano, ya que refuerza el cumplimiento de una disposición ya incluida en la Ley General de Transparencia que obliga a los entes públicos a transparentar casi todas las actividades e información.
"En realidad es muy poco lo que no se debe de transparentar en sus portales, por lo que no me parece una transición a una etapa de mayor transparencia sino de cumplimiento de obligaciones legales".
En términos generales, sin embargo, no se repara el vacío dejado por la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI).
"Recuperar lo que se perdió con la extinción del INAI no lo volveremos a tener ya que se trataba de un órgano autónomo y único órgano garante. Ese andamiaje se destruyó. Tratándose de la Administración Pública Federal el órgano garante que se creó depende de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y ahí pues se privilegia el interés del Ejecutivo".
Si se trata de la Auditoría Superior de la Federación el órgano garante es la Cámara de Diputados y ahí también dependerá de qué se solicite, precisó.
Máxima publicidad
Sheinbaum recordó que el derecho de acceso a la información está garantizado en el artículo sexto de la Constitución, el cual establece principios como la máxima publicidad, el acceso a información gubernamental y la rendición de cuentas sobre el ejercicio de los recursos públicos.
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"Está en la Constitución, está en los lineamientos, pero vamos a ser todavía más transparentes. Es la garantía de la transparencia de la información del Gobierno de México", expresó.
El decreto también establece que los criterios para reservar información deberán limitarse a los casos previstos por la ley, como asuntos de seguridad nacional o procesos judiciales en curso, con el propósito de ampliar el acceso a la información pública.
Asimismo, Sheinbaum invitó a los gobiernos estatales, municipales y a los demás poderes públicos a adoptar este modelo de transparencia para fortalecer la rendición de cuentas en todos los niveles de gobierno.
Información se actualizará cada mes
La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, explicó que el decreto modifica la política de transparencia para que la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) publique información actualizada cada mes y no de manera trimestral.
"Este decreto lo que va a buscar es impulsar a que todas las instituciones publiquen información más allá de las obligaciones legales", señaló.
Buenrostro indicó que el decreto, que se publicará este martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), contempla cuatro ejes: contrataciones públicas; filiales de Pemex y CFE; fiscalizaciones y auditorías, así como la invitación a estados, municipios y otros poderes para incorporarse a la política de máxima publicidad.
Como parte de las primeras acciones, las dependencias contarán con un plazo de 30 días hábiles para incorporar información adicional de interés público a la Plataforma Nacional de Transparencia.
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Plataforma actualizará información cada mes
Por su parte, la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, presentó los principales alcances del decreto, el cual incorpora modificaciones a la política de transparencia y refuerza el principio de máxima publicidad.
La funcionaria explicó que el objetivo consiste en impulsar que todas las instituciones publiquen información adicional a la prevista en la ley. Precisó que la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) actualizará la información cada mes, en lugar de hacerlo de forma trimestral.
"Este decreto lo que va a buscar es impulsar a que todas las instituciones publiquen información más allá de las obligaciones legales", señaló.
Buenrostro indicó que el decreto, que se publicará este martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se enfoca en cuatro rubros: contrataciones públicas; filiales de Pemex y CFE; fiscalizaciones y auditorías, así como la invitación a estados, municipios y otros poderes para sumarse a la política de máxima publicidad.
Como parte de las acciones inmediatas, las instituciones contarán con un plazo de 30 días hábiles para incorporar información adicional de interés público a la Plataforma Nacional de Transparencia.
Tras ocho años de operación, agregó, la plataforma cuenta con mayor estabilidad y ahora ofrece herramientas para descargar información de manera masiva y consultar datos en formatos simplificados.
Ampliarán información de Pemex y CFE
En el caso de las filiales de Pemex y CFE, la información pública incluirá estados financieros, políticas de operación y los reportes que ambas empresas entregan a agencias del extranjero.
En materia de contrataciones públicas, la actualización mensual abarcará tanto los contratos originales como los convenios modificatorios que se firmen durante su ejecución.
Además, los órganos responsables de la fiscalización deberán publicar su programa anual de trabajo, el estado de las observaciones realizadas por los órganos internos de control y el padrón de despachos de auditores externos con sus respectivos procesos de designación.
Buenrostro agregó que también se simplificarán las reservas de información para limitar su aplicación a los casos relacionados con seguridad nacional y asuntos que permanezcan bajo litigio.
CAGC