Una jueza federal dictó auto de vinculación a proceso en contra de Gilda Susana Lozoya Austin por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en el marco del caso Agronitrogenados.
La Fiscalía General de la República (FGR) formuló la imputación inicial por lavado de dinero bajo la modalidad de transferir recursos ilícitos para adquirir bienes inmuebles.
La acusación sostiene que Gilda Susana se benefició de una cuenta bancaria en Suiza a nombre de la empresa fachada Tochos Holding Limited, en la cual su hermano, el exdirector de Pemex Emilio Lozoya, habría recibido un soborno de 3.5 millones de dólares por parte de la empresa AHMSA, propiedad de Alonso Ancira.
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Según la FGR, a través de esta cuenta se realizaron dos transferencias por 2 millones 580 mil dólares para la compra de una residencia en Lomas de Bezares en 2012.
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Durante la audiencia, la jueza de control Nora Ileana García Peralta determinó reclasificar el delito, vinculándola a proceso específicamente por transferir recursos del extranjero a México teniendo conocimiento de su procedencia u origen ilícito.
Se mantienen medidas cautelares
Actualmente, Gilda Lozoya enfrenta el proceso en libertad, sujeta a diversas medidas cautelares que incluyen: uso de brazalete electrónico, entrega de pasaporte, presentación quincenal ante la Unidad de Medidas Cautelares, y la prohibición de abandonar la Ciudad de México y el país. Además, la juez otorgó un plazo de cuatro meses para llevar a cabo la investigación complementaria.
No obstante, su libertad condicional podría modificarse. La FGR presentó de último minuto 150 fojas con nuevos datos de prueba argumentando que existe un riesgo de fuga, por lo que solicitó la imposición de prisión preventiva justificada. Para definir si se impone o no esta medida, la juez la citó a una nueva audiencia el próximo jueves a las 9:40 horas.
Reclamos de la defensa
La entrega repentina de estas nuevas pruebas generó el reclamo del abogado defensor, Alejandro Rojas Pruneda, quien calificó el acto como una "vulgaridad" y acusó que se trata de "un proceso desaseado para lograr un fin", comparándolo con las irregularidades vividas en el proceso de Emilio Lozoya.
La defensa también intentó, sin éxito, excluir del proceso la información bancaria proporcionada por Suiza, alegando que carecía de control judicial previo, y solicitó que tampoco se tomara en cuenta la denuncia de Emilio Lozoya de agosto de 2020 (donde reconoce haber pactado la compra de Agronitrogenados con Ancira). La jueza rechazó esta petición aclarando que la exclusión de dichos elementos probatorios se encuentra actualmente impugnada y aún no cuenta con una sentencia definitiva.
Así fue la captura de Gilda Lozoya
Contexto: el pasado 2 de julio, la FGR detuvo a Gilda Lozoya en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por el caso Agronitrogenados, que se remonta a 2014, cuando Pemex compró la planta de fertilizantes en mención a Altos Hornos de México (AHMSA), durante la gestión de Emilio Lozoya al frente de la empresa pública.
La FGR sostuvo que la operación se concretó con sobreprecio y mediante un esquema de sobornos y lavado de dinero.
El ente fiscalizador también afirmó que Gilda Lozoya “probablemente habría fungido como prestanombres de una empresa con la finalidad de encubrir actos de corrupción y triangular recursos de procedencia ilícita” y ratificó que la investigación está vinculada con dicho caso.
La presidenta Claudia Sheinbaum recordó durante una de sus conferencias matutinas que este fraude se hizo mediante una compra de una planta de fertilizantes a un sobreprecio de más de doscientos millones de dólares, en los que la hermana de Lozoya estaba vinculada a depósitos monetarios y otros esquemas financieros.
“La fiscalía desde entonces tenía orden de aprehensión contra ella y por eso se ejecuta la orden de aprehensión y está fuera del país y cuando llega a México se le detiene”, explicó la mandataria.
La decisión de la jueza se da mientras el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, continúa enfrentando, bajo prisión domiciliaria, procesos penales por los casos Agronitrogenados y Odebrecht.
lrc