La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) determinó reservar por un periodo de cinco años toda la documentación y comunicación oficial entre México y Estados Unidos relacionada con las acusaciones por presuntos vínculos con el narcotráfico del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y del senador Enrique Inzunza Cázares, de acuerdo con información de Riodoce.
Esta medida se da en el contexto de que Estados Unidos acusó a Rocha Moya y a nueve funcionarios de su gobierno de tener nexos con el Cártel de Sinaloa. Ante esto, la resolución de la dependencia federal ordena bloquear durante un lustro cualquier comunicación oficial que hayan tenido ambos países sobre los señalamientos en contra de los funcionarios morenistas por vínculos con el crimen organizado.
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Así justifica la Cancillería esta medida
Para justificar esta reserva de cinco años, la SRE argumentó que la divulgación de la información contenida en los expedientes podría generar conflictos bilaterales y menoscabar la conducción de las relaciones internacionales del Estado mexicano.
De acuerdo con la dependencia, hacer públicos estos documentos implicaría los siguientes riesgos:
- Revelaría elementos sensibles de los mecanismos de cooperación, el análisis de información y las estrategias de coordinación intergubernamental.
- Expondría las consideraciones para la interlocución diplomática entre México y Estados Unidos.
- Podría "afectar la confianza y confidencialidad necesarias para el intercambio de información entre autoridades de ambos países".
¿De qué los acusa EU?
Contexto: en abril pasado, el gobierno de Estados Unidos formalizó una acusación penal en contra de diez funcionarios y exfuncionarios de alto rango del estado de Sinaloa por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, entre los que destaca el gobernador Rubén Rocha Moya.
De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía estadounidense, los 10 acusados presuntamente conspiraron con líderes del Cártel de Sinaloa para facilitar la importación de grandes cantidades de narcóticos hacia territorio estadounidense.
La investigación sostiene que esta colaboración se basó en un esquema de beneficios mutuos, donde los funcionarios recibían apoyo político y sobornos a cambio de permitir y colaborar con las actividades de distribución de drogas del grupo criminal.
El caso penal ha sido asignado a la Jueza federal Katherine Polk Failla en el Distrito Sur de Nueva York.
lrc