Ulises Lara López presentó su renuncia como titular de la Fiscalía Especial de Asuntos Relevantes de la Fiscalía General de la República (FGR), cargo que ocupaba desde octubre de 2024, tras haber concluido su gestión al frente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
Ulises Lara López era el encargado de la investigación del gobernador con licencia del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Lara, quien asumió el cargo durante seis meses, lideró el departamento encargado de investigar las acusaciones por narcotráfico y posesión de armas del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra nueve altos funcionarios del Gobierno mexicano, entre ellos Rocha Moya.
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Un caso sobre el que la FGR ha reiterado que Estados Unidos no ha entregado las pruebas que justifiquen la petición de detención urgente del funcionario.
Incluso, en este mismo tema, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha afirmado que las solicitudes de extradición de Rocha Moya por parte del país vecino son un acto de “injerencia” e intervencionismo.
La renuncia de Lara también ocurre después de que Sheinbaum solicitó a la FGR dar a conocer nuevos detalles sobre la detención del líder y cofundador del Cártel de Sinaloa, Ismael 'El Mayo' Zambada, y su traslado a Estados Unidos, ocurrido hace dos años en medio de una traición que desencadenó la actual crisis de violencia en el estado.
Titula exprés en Derecho
Como antecedente, el nombre de Ulises Lara cobró relevancia pública en enero de 2024, cuando asumió como encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) tras la salida de Ernestina Godoy.
Su designación estuvo acompañada de cuestionamientos debido a que su cédula profesional como licenciado en Derecho apareció registrada en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública el mismo año en que asumió el cargo, requisito previsto para ocupar la titularidad de la Fiscalía. La cédula fue expedida por el Centro Universitario Cúspide de México, mientras que previamente Lara ya contaba con registros como licenciado en Sociología por la UNAM, maestro en Gobierno y Asuntos Públicos y doctor en Derecho.
La Fiscalía capitalina defendió entonces la legalidad de la designación al sostener que Lara no fue nombrado fiscal general, sino que asumió la suplencia prevista en la Ley Orgánica de la institución en su calidad de coordinador general de Investigación Territorial. La dependencia argumentó que dicho mecanismo no exige los mismos requisitos establecidos para el nombramiento de un fiscal general por parte del Congreso de la Ciudad de México.
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Su llegada al cargo ocurrió después de que el Congreso capitalino rechazó la ratificación de Ernestina Godoy. Horas antes de dejar la Fiscalía, Godoy nombró a Lara como coordinador general de Investigación Territorial, puesto que, de acuerdo con la ley, asume el despacho de la institución en caso de ausencia temporal de la persona titular. La decisión generó críticas de especialistas y actores políticos, quienes cuestionaron tanto el procedimiento como el cumplimiento de los requisitos legales para encabezar la Fiscalía.
Además de la controversia por su formación académica, la trayectoria de Ulises Lara ha estado marcada por diversos señalamientos relacionados con cargos públicos que desempeñó con anterioridad. Durante su paso por el Instituto de Educación Media Superior (IEMS) de la Ciudad de México fue objeto de denuncias por presuntas irregularidades administrativas, entre ellas supuestas anomalías en la nómina y en el manejo de recursos, acusaciones que fueron difundidas públicamente por distintos actores.
A ello se sumaron denuncias promovidas por integrantes de su propia familia. Su media hermana, Hilda Lara Guadiana, lo acusó públicamente de presunto tráfico de influencias, abuso de poder, conflicto de interés y corrupción, en el contexto de un litigio iniciado en 2021 por una denuncia de fraude, falsificación y despojo. Lara ha rechazado en distintas ocasiones los señalamientos formulados en su contra.
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