El director general del ISSSTE, Martí Batres, declaró que la abrogación inmediata de la Ley del ISSSTE de 2007, una de las demandas centrales de la CNTE, es inviable debido al impacto financiero que tendría para el Estado mexicano.
De acuerdo con el funcionario, cumplir con esta exigencia en materia de pensiones tendría un costo estimado de 7 mil millones de pesos, lo que equivale a 20 puntos del Producto Interno Bruto (PIB).
Batres remarcó que "el Estado no cuenta con 20 puntos del PIB... que necesitaría para construir o constituir un nuevo fondo solidario".
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Además del obstáculo económico, Batres explicó que el gobierno federal no puede desaparecer el actual sistema de cuentas individuales de un día para otro, ya que los recursos depositados pertenecen a millones de trabajadores y cada cuenta tiene un titular legal.
La propuesta del gobierno federal
- Fortalecer PensionISSSTE y crear una aseguradora pública que sirva como complemento al sistema de retiro actual.
- Aumentar la participación del Estado para ampliar gradualmente el peso de las instituciones públicas en el sistema de pensiones, garantizando que no se ponga en riesgo la viabilidad financiera del país.
¿De dónde surge la Ley del ISSSTE de 2007?
Batres contextualizó la situación recordando que fue la reforma impulsada por Felipe Calderón en 2007 la que eliminó el sistema solidario de pensiones para trasladar los recursos a cuentas individuales administradas por privados.
No obstante, destacó que las administraciones de Morena han buscado compensar los efectos de este modelo mediante acciones como la reducción en las comisiones que cobran las Afores y la creación del reciente Fondo de Pensiones para el Bienestar.
Las demandas de la CNTE
La principal demanda del magisterio disidente es la derogación de la reforma impulsada en 2007 durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón, la cual transformó el sistema de pensiones de los trabajadores al servicio del Estado.
Antes de esa modificación, los empleados públicos estaban incorporados a un esquema solidario de pensiones, mediante el cual los trabajadores en activo financiaban las jubilaciones de quienes habían concluido su vida laboral. Con la reforma, se estableció un modelo de cuentas individuales administradas por las Afores, similar al que desde 1997 opera para los trabajadores afiliados al IMSS.
La CNTE sostiene que el sistema actual ha provocado una reducción significativa en los montos que recibirán los trabajadores al retirarse y considera que las administradoras privadas obtienen beneficios económicos a costa de los ahorros de los empleados públicos.
Por ello, el movimiento exige regresar al modelo anterior de pensiones, eliminando el esquema de cuentas individuales para los trabajadores del Estado.
lrc