Las familias de personas desaparecidas recibieron con cautela la reunión sostenida con autoridades federales en Zacatecas, debido a que el mejor resultado será tener acciones concretas en las búsquedas y no quedarse únicamente en compromisos públicos, dijo Mariana Ávila Montejano, presidenta del Observatorio de Violencia Social y de Género en Aguascalientes.
Ávila, quien participó en las Mesas de diálogo con familias y colectivos de búsqueda de la región occidente, comentó a La Silla Rota que es positiva la presencia de la fiscal, Ernestina Godoy, y de funcionarios responsables de la política nacional de búsqueda en las reuniones realizadas en Zacatecas.
Sin embargo, la convocatoria no llegó con suficiente anticipación, lo que limitó la presencia de más familiares de personas desaparecidas-
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“Fue un proceso complejo para varios colectivos. Sabemos que muchas no pudieron acudir por las actividades que se tenían en sus estados, búsquedas programadas y además por el tema laboral”, explicó.
A pesar de esto, se tuvo la participación de colectivos enfocados a la búsqueda en vida como a las búsquedas en campo, quienes llevaron directamente ante las autoridades sus preocupaciones y exigencias.
Contexto: Este viernes 5 de junio, se realizó una mesa de diálogo con la participación de 320 personas integrantes de colectivos de buscadoras de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas.
Fallas institucionales
Durante el encuentro, los colectivos expusieron las deficiencias que observan diariamente en las instituciones encargadas de la búsqueda de personas desaparecidas.
“Fue importante que hicieran esas observaciones de las grandes fallas que tienen las autoridades y las responsabilidades que no han cumplido en materia de búsqueda de personas desaparecidas y también en atención a víctimas”, afirmó Ávila.
La presidenta del Observatorio explicó que uno de los objetivos principales fue colocar en el centro de la discusión las necesidades reales de las familias, quienes durante años han denunciado retrasos en investigaciones, falta de coordinación entre instituciones y carencias en los mecanismos de atención.
En el encuentro participaron representantes de la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y diversas fiscalías estatales de la región Occidente, quienes escucharon los planteamientos de las familias y sostuvieron reuniones directas con algunos colectivos.
Voluntad política y resultados
Reconoció que existió disposición por parte de las autoridades para dialogar con las víctimas, sin embargo, los colectivos mantienen una postura prudente frente a los compromisos anunciados.
“Hubo acercamiento con casi todos los colectivos de las diferentes autoridades. Sin embargo, una cosa es esta voluntad que se muestra en los eventos políticos y otra es lo que se materializa”, advirtió.
Por ello, señaló que las familias no consideran la reunión como un logro, sino como una obligación del Estado mexicano frente a una crisis que afecta a miles de personas en todo el país.
“No podemos festejar esta reunión porque sabemos que es una responsabilidad del Estado sentarse a hablar con las víctimas directas e indirectas”, sostuvo.
Reclamo frontal
Margarita López, madre buscadora de Michoacán, reprochó a la fiscal que jueces recién electos han liberado a presuntos homicidas o responsables de desaparición.
“Los están dejando salir, sus jueces del bienestar acaban de soltar a dos. Tenemos una fiscalía que valer para pura madre en el estado de Michoacán, tenemos una fiscalía que todavía les cobra a las familias por presentar una denuncia, que cobran por recibirles la denuncia”.
De acuerdo con Ávila, se plantearon futuras mesas de trabajo relacionadas con la revisión de carpetas de investigación, mecanismos de articulación institucional, registros de personas desaparecidas y procesos de cotejo genético.