Funcionarios y autoridades electas en México se han convertido en informantes del gobierno de Estados Unidos tras la acusación al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y 10 integrantes de su administración de estar coludidos con una facción del Cártel de Sinaloa, informó el diario The New York Times.
El diario sostuvo que ocho fuentes confirmaron que “autoridades electas”, como gobernadores y congresistas, se han ofrecido como informantes para señalar a integrantes de Morena que son cómplices del crimen.
“Tras la acusación (a Rocha), la presidenta Claudia Sheinbaum ha puesto en duda esas investigaciones y ha denunciado que son ejemplo de injerencia extranjera”, dice el texto; sin embargo, mientras la mandataria cuestiona las acusaciones, integrantes de su partido se han ofrecido a colaborar con EU tras bambalinas y algunos de ellos ya han entablado conversaciones con funcionarios estadounidenses.
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Muchos de quienes se han ofrecido a colaborar tratan de adelantarse a posibles investigaciones que los involucren, dijeron las fuentes del diario.
La Agencia de Control de Drogas (DEA) tomó la iniciativa de hablar en privado con funcionarios y autoridades electas para convencerlos de que colaboren, lo que llevó a varios políticos a ofrecerse como informantes, dijeron tres fuentes al NYT.
Las fuentes pidieron el anonimato para relatar los esfuerzos de la DEA para persuadir a políticos mexicanos y las pláticas confidenciales entre estos y las autoridades de EU. Ni la agencia antidrogas ni el gobierno respondieron a la solicitud de presentar su versión de los hechos.
Según el medio, la decisión de los funcionarios mexicanos es una señal preocupante para el partido Morena porque demostraría que las investigaciones se fortalecen mientras la oposición a estas ha sido un asunto fundamental para el gobierno.
Contexto
El 29 de abril el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer una solicitud de detención con fines de extradición para 10 personas, entre ellas, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, seis integrantes o exintegrantes de su administración, así como del senador Enrique Inzunza, y el entonces presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez.
El gobierno mexicano se negó a ejecutar la detención bajo el argumento de que Estados Unidos no ha presentado pruebas de que los acusados en efecto hayan colaborado con el Cártel de Sinaloa, o que recibieran apoyo de este para influir en los resultados de la elección que llevó al poder a Rocha Moya, en 2021.
Tras los señalamientos, Rocha Moya y Gámez solicitaron licencia a sus cargos, mientras Inzunza se mantiene como senador y durante varias semanas no se presentó a trabajar; apenas el miércoles pasado participó vía remota en una reunión de comisiones de la Cámara Alta.
El NYT recordó que en un mitin, el 31 de mayo, la presidenta preguntó si Estados Unidos en verdad desea combatir al crimen organizado o las acusaciones son un intento de la extrema derecha de ese país para usar a México en el marco de la elección legislativa de noviembre próximo.
jcm