En mayo de 2025, personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) colocó una notificación en instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas en El Oro, Estado de México; ahí le requerían el pago de 16 millones 616 mil pesos por el consumo de un bimestre; en el aviso, se advertía que el SME consumió energía eléctrica sin contrato, pero el detalle se pasaba por alto y sólo se exigía el pago.
Integrantes del SME que rompieron con Martín Esparza, dirigente del sindicato desde hace más de 15 años, denunciaron a este y sus cercanos en el comité ejecutivo por ese fraude ante la Fiscalía General de la República.
De acuerdo con la denuncia, ese consumo eléctrico corresponde al uso de las instalaciones del SME para “minar” criptomonedas; en 2025 al menos en dos instalaciones de los estados de México y Puebla, autoridades detectaron que en instalaciones del sindicato se generan esos instrumentos.
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En el aviso se estipulaba que al detectar la conexión irregular, trabajadores de la CFE hicieron pruebas como toma de cargas en corrientes primarias en mediana tensión, entre otras, y de estas se determinó que la energía eléctrica consumida y no facturada en un bimestre equivalía a 5 millones 939 mil kilowatts, el consumo propio de una fábrica.
Contexto: el llamado “minado” consiste en usar computadoras muy potentes para resolver problemas matemáticos que permiten confirmar las transacciones de una criptomoneda. Cada vez que una computadora resuelve uno de esos problemas, su propietario puede recibir una recompensa en monedas digitales. Mientras más equipos participan, mayor es el consumo de energía necesario para mantener funcionando la red. Los denunciantes califican estas acciones como un "huachicoleo eléctrico" a gran escala.
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En la denuncia que se presentó ante la FGR, se estima que para generar una sola moneda de bitcoin se requieren 450,000 kilovatios por hora, con un valor aproximado de 1.8 millones de pesos.
El huachicoleo eléctrico
La denuncia presentada por disidentes del SME como Mario Benítez, de la que La Silla Rota tiene copia, señala que en las instalaciones del SME en Necaxa, Puebla, se registró un incendio el 12 de marzo de 2024. El personal técnico de la CFE identificó que el siniestro fue provocado por “una sobrecarga eléctrica en los sistemas de conexión clandestina, los cuales no contaban con infraestructura técnica ni condiciones de seguridad adecuadas para la demanda energética requerida por los equipos de cómputo ahí instalados, destinados para la producción de criptomonedas".
La denuncia describe que en operativos ejecutados por la CFE, la Marina y la Guardia Nacional el 31 de enero de 2025 se desmantelaron canales de alimentación eléctrica que conectaban de forma ilícita con la red nacional.
En el salón de usos múltiples de la sede de la División Necaxa del SME se hallaron “aproximadamente 62 computadoras y cientos de servidores apilados desde el piso hasta el techo”, también dos transformadores trifásicos de 225 Kilovatios por hora cada uno, con capacidad para alimentar el consumo de más de 50 viviendas, instalados exclusivamente para la “granja” de moneda.
En la denuncia presentada contra Martín Esparza, José Humberto Montes de Oca Luna, Román Olvera García y Miguel Márquez Ríos se acusa que usaron predios que el gobierno federal les entregó en 2019 con fines de reinserción laboral para actividades de lucro personal.
Denuncia sin resultados
Benítez dijo a La Silla Rota que el sitio no fue resguardado tras los operativos de Marina y Ejército, y que los aparatos de cómputo no fueron decomisados. Tampoco se detuvo a ninguna persona.
De acuerdo con la denuncia, el responsable del SME en el municipio es Miguel Márquez Ríos, actual diputado local por el partido Verde Ecologista de México, quien ha negado ante medios estar involucrado.
Pese a que autoridades estatales y federales recibieron pruebas de ilícitos, ni la Secretaría Anticorrupción y buen gobierno han informado si se abrió una investigación por los daños al patrimonio de la CFE y el uso de recursos como agua y electricidad.
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