Mientras Estados Unidos enfrentaba una de las peores crisis de sobredosis de su historia, agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) permitieron que cientos de miles de pastillas de fentanilo circularan en Nuevo México como parte de investigaciones dirigidas a desmantelar organizaciones de narcotráfico de mayor escala, reveló una investigación de la agencia Associated Press (AP).
De acuerdo con testimonios de agentes actuales y retirados, así como documentos oficiales revisados por AP, las autoridades federales monitorearon cargamentos de fentanilo entre 2023 y 2025 sin intervenirlos de inmediato, con el objetivo de reunir pruebas que permitieran presentar casos más sólidos contra redes criminales.
La práctica ha generado cuestionamientos dentro de la propia agencia. David Howell, agente especial de la DEA que presentó una denuncia como informante, sostuvo que la estrategia implicó riesgos significativos para la población. Según afirmó, las autoridades optaron por observar el movimiento de los narcóticos en lugar de retirarlos de circulación, aun cuando existía conocimiento detallado sobre algunas entregas.
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El debate surge en un contexto particularmente delicado para Nuevo México, uno de los estados más afectados por la epidemia de fentanilo. Mientras las muertes por sobredosis disminuyeron a nivel nacional durante el último año, los registros gubernamentales muestran que esa entidad registró un aumento de 21 por ciento.
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DEA conocía con precisión los cargamentos
Las investigaciones revisadas por AP describen casos en los que los agentes conocían con precisión la magnitud de los cargamentos. En una operación realizada en Albuquerque durante junio de 2023, las autoridades documentaron una transacción que involucró alrededor de 74 mil pastillas, según reportes posteriormente respaldados por documentos judiciales.
Howell aseguró que algunos de los cargamentos observados nunca fueron recuperados, por lo que resulta imposible determinar con certeza cuál fue su destino final. Organizaciones de defensa de denunciantes han solicitado que el Congreso y las instancias de supervisión del Departamento de Justicia revisen las decisiones adoptadas en estos casos.
Por su parte, la DEA defendió la legalidad de las investigaciones. En un posicionamiento enviado a AP, la agencia señaló que las decisiones operativas fueron razonables y consistentes con los lineamientos federales vigentes. Además, rechazó las versiones que sugieren que permitió deliberadamente que el fentanilo llegara a las comunidades.
Las autoridades sostienen que la estrategia buscaba atacar estructuras criminales completas en lugar de limitarse a decomisos aislados. Alex Uballez, quien fungió como fiscal federal en Nuevo México entre 2022 y 2025, argumentó que perseguir a organizaciones de mayor alcance puede generar un impacto más duradero en la reducción del tráfico de drogas.
Uno de los casos más relevantes culminó en mayo de 2025 con el mayor decomiso de fentanilo en la historia de la DEA. La operación permitió incautar más de tres millones de pastillas y fue presentada por la entonces fiscal general Pam Bondi como un golpe histórico contra el narcotráfico.
Sin embargo, críticos de la estrategia sostienen que las autoridades pudieron haber intervenido meses antes y evitar que una parte considerable de los narcóticos llegara al mercado ilegal.
Protocolos, en el centro del debate
La controversia también reabrió el debate sobre los protocolos internos para el manejo del fentanilo. Documentos del Departamento de Justicia citados por AP muestran que las reglas adoptadas en 2017 establecían que el opioide debía ser decomisado tan pronto como fuera posible, priorizando la seguridad pública. No obstante, una actualización realizada en 2024 otorgó mayor margen de discrecionalidad a los investigadores para decidir cuándo intervenir.
El caso cobró mayor relevancia después de que Howell acudiera a las autoridades encargadas de proteger a los denunciantes. Inicialmente, la Oficina del Asesor Especial de Estados Unidos consideró que existían indicios suficientes para investigar posibles irregularidades. Sin embargo, posteriormente el Departamento de Justicia concluyó que las decisiones tomadas por la DEA y los fiscales federales fueron razonables y no representaron un peligro específico para la salud pública.
Tras hacer públicas sus preocupaciones, Howell afirmó haber enfrentado consecuencias laborales dentro de la agencia, incluyendo restricciones en sus funciones y evaluaciones de desempeño negativas.
EU vs México por fentanilo
La política antidrogas del segundo gobierno de Donald Trump colocó al tráfico de fentanilo como uno de los principales puntos de tensión en la relación entre Estados Unidos y México. La administración estadounidense ha insistido en que los cárteles mexicanos son actores centrales en la producción y distribución de esta droga sintética, responsable de una crisis de salud pública por sobredosis en territorio estadounidense.
Desde Washington, el combate al fentanilo se ha convertido en un eje de seguridad nacional. El gobierno de Trump ha presionado a México para reforzar las acciones contra los grupos criminales dedicados al tráfico de drogas, así como para incrementar los decomisos de precursores químicos, laboratorios clandestinos y rutas utilizadas para enviar sustancias ilícitas hacia Estados Unidos.
La administración estadounidense ha señalado que una parte importante del fentanilo que llega a su mercado es producido por organizaciones criminales mexicanas a partir de químicos provenientes del extranjero. Bajo esta narrativa, funcionarios de Estados Unidos han exigido una mayor cooperación del gobierno mexicano y resultados más visibles en materia de seguridad.
Ante estas presiones, la presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido que México mantiene una estrategia propia contra el crimen organizado, basada en inteligencia, coordinación institucional y atención a las causas sociales de la violencia. Al mismo tiempo, su gobierno ha buscado evitar que la cooperación bilateral derive en una intervención directa de autoridades estadounidenses en territorio mexicano.
El tema del fentanilo también ha reavivado debates sobre la responsabilidad compartida entre ambos países. Mientras Estados Unidos enfoca sus reclamos en la producción y tráfico desde México, autoridades mexicanas han insistido en que el problema también involucra el consumo interno estadounidense, el flujo de armas hacia México y las redes financieras que permiten operar a los grupos criminales.
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