El Senado de la República reservó durante cinco años la información relacionada con los comprobantes de gastos correspondientes a apoyos y ayudas financiados con recursos públicos otorgados por senadores cerrando el acceso ciudadano a documentos que permitirían conocer el destino específico de ese dinero.
La determinación fue notificada a partir de una solicitud de acceso a la información presentada por La Silla Rota, en la que se requirió copia en versión pública de facturas, comprobantes fiscales digitales (CFDI), pólizas, recibos, contratos, informes y cualquier otro documento que acreditara el uso de esos recursos durante el ejercicio fiscal 2025.
En los primeros nueve meses de 2025, los informes presupuestales del Senado registraron la entrega de 551 millones 211 mil 400 pesos a las bancadas, es decir, 61.2 millones de pesos mensuales, lo que representó un incremento de más de 30% respecto a la legislatura anterior.
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Durante las legislaturas anteriores estos recursos incluían subvenciones por senador, apoyos derivados de presidencias y secretarías de comisiones, así como subvenciones variables en especie.
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La petición buscaba conocer el desglose por senador o grupo parlamentario, incluyendo montos, conceptos de gasto, fechas de erogación y la identidad de las personas físicas o morales que recibieron pagos con cargo a recursos públicos.
Sin embargo, mediante el oficio SGSA/CT/UT/LXVII/0184/26, la Unidad de Transparencia del Senado informó que la documentación fue clasificada como reservada a petición de la Contraloría Interna, bajo el argumento de que forma parte de procedimientos de fiscalización y auditoría que aún se encuentran en trámite.
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La determinación fue respaldada por el Comité de Transparencia de la Cámara alta, que resolvió mantener fuera del escrutinio público la información relacionada con el destino de esos recursos durante un periodo de cinco años.
La resolución significa que la ciudadanía no podrá revisar las facturas, contratos y recibos que acrediten cómo se ejercieron los recursos destinados a apoyos y ayudas legislativas, pese a tratarse de dinero proveniente del erario.
La decisión se da en un contexto en el que el discurso oficial ha insistido en la austeridad republicana y en el combate a la corrupción como ejes de la vida pública. No obstante, la reserva impuesta por el Senado limita la posibilidad de verificar si los recursos fueron utilizados conforme a la normativa aplicable y bajo criterios de eficiencia, legalidad y transparencia.
Especialistas en rendición de cuentas han sostenido que el principio de máxima publicidad obliga a las instituciones públicas a privilegiar el acceso a la información, particularmente cuando ésta se relaciona con el ejercicio del gasto. Incluso cuando existen procedimientos administrativos en curso, la legislación prevé la elaboración de versiones públicas que permitan la supervisión ciudadana sin comprometer investigaciones específicas.
En este caso, la reserva impedirá conocer quiénes fueron los proveedores contratados, qué bienes o servicios fueron adquiridos, cuáles fueron los conceptos específicos del gasto y cómo se distribuyeron los recursos ejercidos por los legisladores.
Organizaciones civiles han advertido reiteradamente que el acceso a la información sobre el gasto legislativo constituye una herramienta fundamental para prevenir actos de corrupción y fortalecer la confianza en las instituciones democráticas.
Aunque el Senado sostiene que la divulgación de la información podría afectar el desarrollo de los procesos de fiscalización en curso, el efecto práctico de la resolución es que los documentos permanecerán fuera del alcance público hasta dentro de cinco años o hasta que desaparezcan las causas que dieron origen a la clasificación.
AJA