La Cámara de Diputados lleva casi dos años sin resolver los más de 57 juicios políticos que se han acumulado desde el inicio de la legislatura en septiembre de 2024.
El retraso se debe a que las comisiones de Justicia y Puntos Constitucionales no ha instalado la subcomisión de examen previo, que es el órgano legislativo encargado de recibir, analizar y determinar la procedencia de las solicitudes de juicio político contra servidores públicos de alto nivel.
Por tanto, las solicitudes se encuentran radicadas en la Secretaría General, sin que se les puedan dar trámite.
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Una vez que se instale la subcomisión de examen previo, el análisis para determinar si proceden estaría a cargo de la Sección Instructora, que preside el morenista Hugo Eric Flores y está integrada por Belinda Quiroz, de Morena; Germán Martínez, del PAN y Raúl Bolaños-Cacho, del Partido Verde.
En mayo pasado, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal se comprometió a acelerar la instalación de la subcomisión de examen previo, sin embargo, no hay avances.
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Uno de los casos más relevantes es contra el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, que tenía dos juicos en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.
El primero, iniciado desde la legislatura pasada, fue desechado luego de que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche se desistió de las acusaciones. Sin embargo, queda uno pendiente por otras denuncias.
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Pide diputado del PT desahogar juicios
El juicio reciente fue interpuesto por el diputado del PT, Ricardo Mejía Berdeja en contra del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez y el fiscal Federico Fernández, por su presunta intromisión en la elección del Congreso local.
En entrevista con La Silla Rota, el legislador hizo un llamado a que la Sección Instructora dé trámite a las decenas de juicios políticos que están acumulados sin resolver.
“¿Qué estamos esperando en la 4T para darle curso a una serie de juicios políticos como este de Manolo Jiménez, pero también el juicio contra “Alito” Moreno?”, cuestionó.
Explicó que la solicitud fue interpuesta porque el gobernador y el fiscal del estado presuntamente ordenaron a la policía estatal secuestrar, golpear y torturar a militantes del PT y Morena antes, durante y después de la jornada electoral.
También apuntó la intromisión de medios de comunicación afines al gobernador, lo que afectó la celebración de elecciones libres y auténticas.
La pretensión, dijo, es que una vez que la Cámara de Diputados determine que hay una responsabilidad de ambos funcionarios, el asunto se turne a la legislatura local para que sean destituidos.
Juicios políticos son usados como estrategia
Al respecto, el académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Salvador Mora, señaló que los juicios políticos se han utilizado más como una estrategia política, más allá de si se aprueban o rechazan.
“Debes de valorar el contexto nacional en el que, si se promovieran este tipo de acciones legislativas, pueden provocar inestabilidades regionales que no necesariamente puedan tener una salida suavecita, en tanto que son factores que desestabilizan y pueden activar manifestaciones sociales”, expuso en entrevista.
Recordó casos como el de Perú, donde a base de juicios políticos han logrado cambios incluso en la presidencia.
El especialista en ciencia política subrayó que la Sección Instructora se convierte en un actor con un papel estratégico, que sirve como un veto utilizado por el partido gobernante.
“Ese tipo de órganos se han convertido en actores políticos, no tanto técnicos”, sostuvo.
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AJA