La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) manifestó su preocupación por las notificaciones de procedimientos disciplinarios iniciados por el Tribunal de Disciplina Judicial, en contra de personas juzgadoras pertenecientes a la carrera judicial, tanto en activo como en retiro.
La organización señaló que aunque reconoce la importancia de los mecanismos de rendición de cuentas dentro del Poder Judicial, es indispensable que los procedimientos se conduzcan bajo principios de legalidad, imparcialidad, debido proceso y seguridad jurídica.
Advirtió que las determinaciones de responsabilidad administrativa pueden tener consecuencias relevantes para las personas juzgadoras, por lo que consideró necesario que estos procesos cuenten con estándares de prueba estrictos y motivaciones reforzadas que los sustenten.
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La JUFED sostuvo que en un Estado democrático de derecho, las decisiones judiciales deben estar sujetas a los medios de impugnación previstos en el orden jurídico y no convertirse en mecanismos que generen presiones o efectos inhibitorios sobre la independencia judicial.
"Desde el inicio de la reforma Judicial, la necesidad de que los órganos disciplinarios actúen con absoluta objetividad, transparencia y respeto a la autonomía judicial. Por ello llamamos a que, en caso de existir, toda investigación se sustente exclusivamente en elementos objetivos, ajenos a consideraciones políticas, mediáticas o de cualquier otra naturaleza incompatible con la función jurisdiccional", señala la JUFED en un comunicado.
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Contexto: Reforma judicial en México
La reforma judicial en México es un conjunto de cambios impulsados para modificar la estructura, funcionamiento y forma de integración del Poder Judicial de la Federación, incluida la SCJN.
Sus objetivos planteados incluyen mejorar el acceso a la justicia, hacer más eficiente la impartición de justicia y redefinir algunos procesos internos de selección y organización de jueces y ministros.
Sin embargo, también ha generado debate y preocupación entre distintos sectores, que advierten posibles riesgos para la independencia judicial y el sistema de contrapesos institucionales.
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