La oposición en el Congreso de Nuevo León promueve un juicio político en contra del gobernador, Samuel García, al que acusa de triangular recursos con empresas de su familia; una investigación similar iniciada por indicios de triangulación que encontró el INE tras su elección como gobernador sigue abierta
El Instituto Nacional Electoral presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por un presunto financiamiento ilegal a Samuel García por parte de familiares que no tenían ingresos demostrables y, sin embargo, contribuyeron con 114 millones de pesos a su campaña electoral de 2021.
El esquema de triangulación detectado por las autoridades electorales en torno a la campaña de Samuel García consistió en que sus familiares directos fueron el vehículo para canalizar recursos de empresas hacia el partido Movimiento Ciudadano (MC), con lo que se evadió la prohibición legal de financiamiento por parte de empresas o personas morales.
Te podría interesar
TAMBIÉN LEE: Morena Nuevo León denuncia a Samuel García por presunto desvío
Las tres empresas vinculadas
Las autoridades electorales encontraron que tres empresas, Firma Jurídica y Fiscal Abogados S.C., SAGA Tierras y Bienes Inmuebles S.A. de C.V., y Firma Contable y Fiscal Contadores y Financieros S.C., depositaban grandes sumas de dinero a las cuentas de los familiares del candidato.
Apenas a uno o dos días de recibir los depósitos, los familiares transferían montos idénticos a las cuentas del Comité Ejecutivo Nacional de Movimiento Ciudadano.
Una porción de estos recursos fue transferida posteriormente a la campaña de Samuel García en Nuevo León para cubrir conceptos como publicidad, renta e impresión de espectaculares, cobertura de medios e instalación de lonas.
El monto total acreditado bajo este esquema de triangulación ascendió a 14 millones 26,500.00 pesos, distribuidos de la siguiente manera entre los familiares involucrados.
Familiares de Samuel García involucrados
Bertha Silvia Sepúlveda Andrade, madre del hoy gobernador, hizo cinco aportaciones que sumaron 11 millones 600 mil pesos. De acuerdo con la investigación del INE, estos fondos provenían de Firma Jurídica y Fiscal Abogados y SAGA Tierras y Bienes Inmuebles.
La hermana de García, Silvia Catalina, aportó un millón 585 pesos tras recibir depósitos previos por el mismo monto de Firma Jurídica y Fiscal Abogados y Firma Contable y Fiscal Contadores y Financieros.
Roberto Miguel García Sepúlveda, hermano del gobernador, canalizó 840 mil pesos lu3ego de recibir una cifra idéntica de Firma Jurídica y Fiscal Abogados a su madre, quien se lo transfirió a él, y dos días después, lo envió a MC.
La autoridad electoral determinó que el esquema de recibir dinero y traspasarlo al partido MC era una simulación de actos jurídicos debido a las siguientes irregularidades porque quienes hicieron las aportaciones no pudieron demostrar que los recursos formaran parte de su patrimonio personal.
Por ejemplo, la madre se identificó como ama de casa e inversionista, pero no presentó declaraciones anuales ante el SAT en 2019 y 2020. El hermano, por su parte, estaba registrado como estudiante.
Adicionalmente, ninguno de los familiares presentaba registros de certificados CFDI que justificaran la recepción de dividendos o ingresos por parte de las empresas involucradas.
Justificaciones inválidas: La madre del candidato alegó que el dinero de SAGA Tierras y Bienes Inmuebles correspondía a dividendos de una "donación onerosa" de un inmueble. Sin embargo, la autoridad resolvió que este argumento no tenía sustento jurídico y que el contrato de donación fue simulado para disfrazar la aportación prohibida.
TAMBIÉN LEE: Con dinero de NL, Samuel García paga a su empresa para promocionarse en 2030
Victoria a medias e investigación pendiente
Samuel García y MC impugnaron la sanción por 28 millones (el 200% del monto involucrado) por no rechazar aportaciones de entes prohibidos que les impuso el Consejo General del INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le dio la razón parcialmente bajo la lógica de que la investigación fue insuficiente.
El tribunal ordenó a la Unidad Técnica de Fiscalización profundizar en las indagatorias para esclarecer el origen y destino final de la totalidad del dinero involucrado.
La resolución ordena que se haga una investigación más exhaustiva que incluya a todos los sujetos y empresas involucradas, y que se aclare el destino final de la totalidad de los recursos.