Autoridades de México y Estados Unidos realizaron un operativo conjunto que derivó en la detención y entrega a territorio nacional de Carlos Eugenio Benítez Orta, funcionario adscrito a la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), investigado por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que la acción fue resultado de la coordinación entre autoridades de ambos países, aunque no detalló el lugar donde se concretó la captura ni los alcances de la investigación.
De acuerdo con la dependencia federal, el caso forma parte de una carpeta de investigación relacionada con presuntos hechos de delincuencia organizada.
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Benítez Orta, de 46 años, se desempeñaba dentro de la estructura de la Agencia Nacional de Aduanas, organismo responsable de supervisar operaciones de comercio exterior y cruces fronterizos.
Posteriormente, fuentes de seguridad señalaron que agentes federales cumplimentaron una orden de aprehensión en las inmediaciones del Puente Internacional Matamoros, en Tamaulipas, una vez que el funcionario quedó bajo jurisdicción mexicana.
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Será trasladado al Altiplano
Las mismas fuentes indicaron que el detenido será trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como Altiplano, en el Estado de México.
Ahí quedará a disposición de las autoridades judiciales que determinarán su situación jurídica en los próximos días.
Hasta el momento, las autoridades no han informado cuál era el cargo específico que desempeñaba dentro de la ANAM ni los hechos concretos que dieron origen a la investigación.
La captura ocurre en medio de una estrategia bilateral enfocada en el combate a organizaciones criminales vinculadas con el tráfico de drogas, armas, personas y recursos financieros.
Durante los últimos meses, ambos gobiernos incrementaron el intercambio de información de inteligencia y la coordinación operativa para ubicar objetivos considerados prioritarios.
Contexto: funcionarios bajo la lupa
La detención de Benítez Orta se suma a una serie de investigaciones y procesos judiciales que involucran a funcionarios y exfuncionarios mexicanos señalados por presuntos vínculos con organizaciones criminales.
Uno de los casos que generó atención este año fue el del general retirado Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, quien enfrentó acusaciones presentadas por autoridades estadounidenses relacionadas con presunta colaboración con integrantes de una facción del Cártel de Sinaloa. El exmando militar se presentó ante autoridades judiciales en Estados Unidos para responder a los señalamientos.
En paralelo, autoridades federales mexicanas han intensificado las investigaciones contra servidores públicos presuntamente relacionados con estructuras criminales. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó en mayo que 85 funcionarios y exfuncionarios habían sido detenidos durante la actual administración por diversos delitos vinculados con grupos delictivos. Entre ellos figuraban alcaldes y exalcaldes de distintos estados del país.
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También en mayo, la Fiscalía General de la República obtuvo la vinculación a proceso de funcionarios y exfuncionarios municipales de Morelos por presunta delincuencia organizada, en una investigación relacionada con actividades delictivas atribuidas a integrantes del Cártel de Sinaloa.
Los casos coinciden con un periodo de mayor presión de Washington para fortalecer las acciones contra las organizaciones criminales transnacionales, particularmente aquellas vinculadas con el tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas.
La cooperación entre ambos países se ha traducido en capturas, extradiciones, intercambio de inteligencia y operativos conjuntos dirigidos contra redes criminales que operan a ambos lados de la frontera.
VGB