La Fiscalía General de la República (FGR) llevó ante un juez de control a Antonio "N" (Antonio Molina Díaz), excoordinador general de Centros Federales de Readaptación Social en el periodo comprendido entre 2013 y 2018, por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y peculado.
La FGR informó que el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), realizó la labor ministerial que además permitió que se le impusiera a Antonio "N" la medida cautelar consistente en prisión preventiva oficiosa y tres meses de plazo para la investigación complementaria.
La acusación lo sitúa como parte de una red criminal que, bajo el mando del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, habría desviado más de cinco mil millones de pesos del erario mediante contratos simulados y empresas fachada.
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Así fue la detención del excolaborador de García Luna
Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ejecutaron la orden de aprehensión el pasado 3 de junio en la colonia Anáhuac, alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.
Al momento de su captura, el imputado portaba identificaciones apócrifas con distintos nombres, teléfonos celulares, así como dos mil 500 dólares y 36 mil 590 pesos.
Los indicios y el detenido quedaron a disposición de las autoridades judiciales en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como El Altiplano, en el Estado de México.
Contratos falsos y empresas fachada
Las investigaciones señalan que cuando Antonio Molina Díaz fungió como servidor público en el área de Prevención y Readaptación Social federal, posiblemente suscribió contratos con los que habría ocurrido un desvío de recursos públicos.
Según las indagatorias de la FEMDO, la estructura habría operado dentro del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), el área federal encargada del sistema penitenciario.
Antonio "N", cuando fungía como servidor público en esa dependencia, habría suscrito contratos aparentemente legales que en realidad habrían servido para desviar recursos del erario público.
La red no habría sido sólo de funcionarios, también involucraría a familiares y colaboradores de García Luna, así como a socios de empresas utilizadas presuntamente como pantalla para mover los fondos.
CAGC