La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) cuestionó las declaraciones de la ministra de la Suprema Corte, Lenia Batres, quien afirmó que la carrera judicial no es un requisito indispensable para impartir justicia o integrar el máximo tribunal del país.
La organización consideró que esa postura representa un demérito al sistema de formación profesional que durante décadas ha sustentado el funcionamiento del Poder Judicial.
En un pronunciamiento difundido este 1 de junio, la Jufed sostuvo que la carrera judicial constituye la principal garantía de profesionalismo, autonomía e independencia para quienes tienen la responsabilidad de impartir justicia.
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Recordó que, antes de la reforma judicial de 2024, el acceso a cargos jurisdiccionales estaba respaldado por procesos de evaluación, experiencia acumulada y conocimientos especializados.
La asociación señaló que el desarrollo de una carrera judicial implica años de preparación técnica, concursos de oposición, práctica en tribunales y la consolidación de criterios jurídicos que permiten a jueces y magistrados resolver asuntos complejos con independencia frente a cualquier poder político.
Desde su perspectiva, esa experiencia resulta fundamental para proteger los derechos de las personas ante posibles actos arbitrarios de las autoridades.
Asimismo, advirtió que sustituir los mecanismos de formación y selección profesional por esquemas que no privilegien el mérito podría abrir la puerta a perfiles sin la preparación necesaria para ejercer funciones jurisdiccionales. Según la organización, la impartición de justicia requiere conocimientos especializados que no pueden adquirirse de manera improvisada.
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La JUFED también vinculó sus críticas con la relación entre integrantes de la Suprema Corte y el poder político. La agrupación señaló que la presencia de ministras y ministros en un acto convocado por la Presidencia de la República envía señales que podrían afectar la percepción de independencia judicial.
En ese contexto, recordó los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial, promovidos en el ámbito de las Naciones Unidas, los cuales establecen que las personas juzgadoras no sólo deben ser independientes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, sino también proyectar ante la sociedad una imagen de imparcialidad y autonomía.
Para la organización, la legitimidad de las resoluciones judiciales depende tanto de la independencia efectiva de quienes las emiten como de la confianza pública en que sus decisiones no responden a compromisos políticos. Por ello, insistió en que la carrera judicial debe mantenerse como un elemento central en la selección y formación de quienes integran los órganos encargados de impartir justicia.
Las reformas judiciales en México
Contexto: La reforma judicial impulsada por el oficialismo representa uno de los cambios más profundos al sistema de impartición de justicia en México en décadas. Entre sus principales modificaciones se encuentra la elección mediante voto popular de ministros de la Suprema Corte, magistrados y jueces federales, un mecanismo que sustituyó el esquema tradicional de designaciones y carreras judiciales.
La iniciativa fue promovida con el argumento de democratizar al Poder Judicial y combatir prácticas de corrupción, nepotismo y presuntos privilegios dentro de la judicatura.
Desde su aprobación constitucional en septiembre de 2024, la reforma ha generado un intenso debate entre especialistas, organizaciones civiles, integrantes del Poder Judicial y actores políticos.
Mientras el gobierno federal y Morena han sostenido que la medida acerca la justicia a la ciudadanía y fortalece la rendición de cuentas, sectores de oposición han advertido sobre posibles riesgos para la independencia judicial y la autonomía de los juzgadores, al quedar sujetos a procesos electorales.
Como parte de la implementación de la reforma, el Instituto Nacional Electoral organizó por primera vez un proceso extraordinario para elegir a personas juzgadoras federales, incluyendo ministros, magistrados y jueces. El nuevo modelo también contempla la creación de instancias de vigilancia y disciplina judicial, así como mecanismos de paridad de género en la integración de diversos órganos jurisdiccionales.
Recientemente, el Senado aprobó una nueva modificación relacionada con la reforma judicial, mediante la cual se aplazó para 2028 la siguiente elección de jueces y magistrados que originalmente estaba prevista para 2027.
Los promotores de los cambios argumentaron que el objetivo es perfeccionar las reglas del proceso, simplificar las boletas electorales y dotar de mayor certeza a la organización de los comicios judiciales.
La discusión legislativa también estuvo marcada por la controversia en torno a disposiciones que permitirían la reelección de algunos magistrados electorales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este punto provocó críticas de la oposición e incluso cuestionamientos dentro del propio bloque oficialista, al considerar que podría interpretarse como una ampliación de permanencia en los cargos.
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