Consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE) pidieron un informe sobre la baja de al menos 100 personas en las últimas semanas, así como aclarar si se trató de renuncias, despidos o terminación de contrato.
Durante la Comisión Temporal de Presupuesto 2027, la consejera Rita Bell López, expuso que de manera extraoficial, la Secretaría Ejecutiva les informó que poco más de cien personas han presentado su renuncia.
Sin embargo, mencionó que también ha trascendido que en algunas áreas como la Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación, al personal le han pedido entregar su renuncia.
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“Es preocupante que decisiones de este impacto no se sustenten en una base objetiva, ni en una metodología clara o en un sistema sólido de evaluación que justifique justamente la separación del número considerable de personas que están pues renunciando o se les está pidiendo la renuncia”, apuntó.
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También pidió que se respeten sus derechos laborales y se proceda al pago de prestaciones pendientes.
El consejero Uuc-Kib Espadas alertó que el INE ha sufrido varios recortes desde las elecciones de 2024 que sí han afectado los proyectos, tareas y derechos laborales del Instituto.
“Me parece que la austerización del Instituto ha llegado muy sobradamente a los objetivos que se planteó y es el momento de comenzar a prestar atención a otro de los criterios legales del uso de recursos públicos, que es el de la racionalidad presupuestal”, expuso.
Sostuvo que no es racional pedirle al instituto que realice cada vez más tareas y paralelamente estrangular su presupuesto, como se hacía en viejos momentos de la política mexicana.
Mientras que el consejero Arturo Chávez pidió esperar a que haya un informe institucional de las condiciones en las que se dieron las renuncias antes de emitir una postura sobre si ocurrió de forma legal o no.
Contexto: los recortes de personal ocurren después de la renovación de la mayoría de los titulares de Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas, nombrados por la consejera presidenta Guadalupe Taddei.
Algunos nombramientos fueron impugnados por consejerías inconformes alegando que no cumplen los requisitos legales para el cargo o que no se garantizaba la paridad de género, aunque posteriormente se ajustó para alcanzar la igualdad en estos puestos de decisión.
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