Felipa Guadalupe Obrador Olán, prima del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se convirtió en uno de los nombres más polémicos vinculados al círculo familiar del exmandatario durante su sexenio, luego de que investigaciones periodísticas revelaran contratos millonarios otorgados a empresas relacionadas con ella por distintas dependencias públicas.
Aunque no ha ocupado cargos políticos ni ha tenido una presencia constante en la vida pública, su cercanía familiar con López Obrador colocó su nombre en el centro del debate sobre nepotismo, conflicto de interés y presunto tráfico de influencias, especialmente por el discurso anticorrupción que marcó al gobierno federal entre 2018 y 2024.
La empresaria está vinculada principalmente a Litoral Laboratorios Industriales S.A. de C.V., compañía fundada en Campeche y dedicada a servicios industriales, ambientales y químicos para el sector energético. Su nombre también ha sido relacionado con Química Apollo, firma señalada recientemente por presuntas irregularidades en operaciones contratadas por Pemex en la refinería de Salina Cruz.
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Antes de la llegada de López Obrador a la Presidencia, la empresa de Felipa Obrador había tenido actividad limitada en contrataciones públicas. Sin embargo, distintas investigaciones documentaron que durante el sexenio pasado los montos obtenidos mediante contratos federales crecieron de forma significativa.
Reportes basados en información de Compranet y de la Plataforma Nacional de Transparencia señalaron que empresas vinculadas a Felipa Obrador recibieron adjudicaciones relacionadas con Petróleos Mexicanos, el ISSSTE, Aeropuertos y Servicios Auxiliares y dependencias estatales de Tabasco.
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El escándalo que alcanzó a Palacio Nacional
El caso tomó dimensión nacional en diciembre de 2020, cuando Latinus reveló que Litoral Laboratorios Industriales había obtenido contratos con Pemex pese a que funcionarios de la empresa productiva del Estado tenían conocimiento del parentesco entre Felipa Obrador y el entonces presidente de México.
Parte de las adjudicaciones estaban relacionadas con análisis químicos, tratamiento de aguas, manejo de residuos y servicios especializados para instalaciones petroleras. En algunos casos, las empresas participaron en concursos junto con otras compañías proveedoras del sector energético.
Las investigaciones periodísticas estimaron que los contratos y asignaciones ligados a empresas relacionadas con Felipa Obrador ascendían a cientos de millones de pesos. Otras publicaciones posteriores elevaron las cifras a más de 900 millones de pesos en contrataciones públicas acumuladas durante el sexenio.
Tras el escándalo, López Obrador abordó el tema en conferencia matutina y reconoció públicamente que Felipa Obrador era su prima. El entonces mandatario afirmó que desconocía los contratos y aseguró que había dado instrucciones para cancelarlos al considerar que podían representar un conflicto de interés.
“No puede haber corrupción, nepotismo ni influyentismo”, sostuvo entonces el presidente, quien aseguró que incluso sus familiares debían ser investigados si existían irregularidades.
Pemex informó días después que rescindiría contratos relacionados con empresas vinculadas a Felipa Obrador; sin embargo, investigaciones posteriores señalaron que algunos acuerdos continuaron vigentes o siguieron generando pagos tiempo después del anuncio oficial.
Denuncias ante la FGR y señalamientos de oposición
La controversia derivó en denuncias formales presentadas ante la Fiscalía General de la República por legisladores de oposición, quienes acusaron posibles actos de tráfico de influencias y uso indebido de relaciones familiares para acceder a contratos públicos.
Diputados del PRI y del PRD pidieron investigar si existieron beneficios indebidos hacia empresas relacionadas con la prima del presidente, especialmente en Pemex, una de las áreas estratégicas del gobierno de López Obrador.
Además de las denuncias políticas, organizaciones y periodistas especializados en transparencia señalaron inconsistencias en algunos procesos de contratación, adjudicaciones directas y presuntos esquemas de subcontratación relacionados con compañías donde Felipa Obrador aparecía como socia o colaboradora.
Uno de los puntos que más llamó la atención fue que algunas empresas relacionadas con estos contratos cambiaron de nombre o continuaron operando mediante otros esquemas de participación conjunta tras el escándalo público de 2020.
En paralelo, Felipa Obrador promovió recursos legales contra medidas implementadas por el propio gobierno federal para impedir que familiares del presidente obtuvieran contratos con la administración pública. En sus argumentos sostuvo que las restricciones afectaban su derecho al trabajo y la actividad empresarial.
Sin embargo, la justicia federal negó los amparos promovidos por la empresaria.
Bajo perfil y nuevas polémicas
A diferencia de otros personajes cercanos al entorno político de López Obrador, Felipa Obrador ha mantenido un perfil discreto y pocas apariciones públicas.
En medio de la polémica de 2020 anunció que acudiría a Palacio Nacional para explicar personalmente su versión de los hechos, pero finalmente nunca apareció en la conferencia matutina.
Desde entonces, su nombre ha reaparecido de forma periódica en investigaciones relacionadas con contratos públicos, particularmente en el sector energético y en operaciones vinculadas con Pemex.
Recientemente, nuevas denuncias sobre presuntas irregularidades en la refinería Antonio Dovalí Jaime, en Salina Cruz, Oaxaca, volvieron a colocar a empresas relacionadas con su entorno en la discusión pública.
Un ex trabajador de Pemex acusó presuntas simulaciones en servicios de limpieza de derrames y tratamiento de residuos industriales. Entre las empresas señaladas aparece Química Apollo, firma donde Felipa Obrador fue identificada como socia.
Las acusaciones sostienen que algunas compañías habrían continuado operando mediante cambios de razón social o esquemas de subcontratación aun después de los cuestionamientos públicos realizados durante el sexenio pasado.
Aunque los señalamientos han derivado en investigaciones periodísticas, solicitudes de transparencia y denuncias políticas, hasta ahora no se han dado a conocer resoluciones judiciales definitivas contra Felipa Obrador Olán.
VGB