El pasado 27 de mayo, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) alertó que cualquier modificación legal que pretendiera someter la impartición de justicia a criterios políticos o procesos electorales constituye una violación directa a los estándares internacionales de protección de los derechos humanos.
Ante la aprobación por parte del Pleno del Senado de los ajustes a la reforma judicial de 2024, la JUFED consideró este viernes que se consumó el reconocimiento oficial del fracaso operativo del diseño original que desmanteló el buen funcionamiento del Poder Judicial Federal.
A través de un comunicado, la JUFED indicó que el aplazamiento de la elección judicial hasta junio de 2028 no es una solución, sino la confesión de que el Estado es incapaz de llevar a cabo reformas estructurales: "Este parche constitucional solo prolonga la agonía de un sistema bajo asedio y mantiene en el limbo los derechos de las personas juzgadoras federales de carrera judicial, que afecta directamente a todos los ciudadanos".
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Se señala que, en análisis previos, la Asociación alertó que la reforma ha pasado de ser un supuesto ejercicio democrático a convertirse en una moneda de cambio para pagar favores políticos y/o beneficiar a perfiles específicos que rompen con cualquier principio de igualdad y mérito en la carrera judicial.
"Resulta alarmante la incorporación de cambios de última hora que permiten a magistraturas del Tribunal Electoral buscar su reelección en 2028, pudiendo sumar hasta 17 años en el cargo".
"Mientras el Congreso se enreda en reformas de última hora, la justicia se detiene"
La JUFED explicó que con la reducción del número de candidaturas y la simplificación de los comités de evaluación, se confirma la denuncia de que el oficialismo busca controlar quién aparece en la boleta para garantizar una justicia de contentillo.
"Insistimos que la elección es un fracaso. Nos parece irregular y sospechosa la prisa con que el Congreso aprobó esta Reforma. Mientras el Congreso se enreda en reformas de última hora para corregir sus propios errores de diseño, la justicia en México se detiene".
Por último, subrayaron que el presupuesto que se gastará en este experimento electoral, ahora postergado, sigue siendo un desvío de recursos que deberían destinarse a fortalecer los juzgados que hoy están saturados. "En JUFED no aceptamos como triunfo un aplazamiento que mantiene intactos los vicios de origen. Exigimos respeto irrestricto a los derechos de las y los juzgadores de carrera, el cese de las simulaciones legislativas y el respeto pleno a la Constitución".
Cabe recordar que el debate sobre el "fracaso" de la reforma al Poder Judicial del 2024 alcanzó su punto más crítico hace unos días, luego de que el propio bloque oficialista (Morena y aliados) promoviera una "reforma a la reforma" para posponer las elecciones judiciales hasta el año 2028. Esta decisión legislativa ha sido interpretada por las bancadas de oposición (PAN, PRI y Movimiento Ciudadano) como una confesión pública y un reconocimiento tácito del colapso operativo y el diseño defectuoso del modelo original implementado en septiembre de 2024.
CAGC