Familias de víctimas de desaparición forzada en Nuevo Laredo, Tamaulipas, llegaron a la Ciudad de México para exigir justicia tras la reciente resolución judicial que absolvió a los últimos elementos de la Secretaría de Marina (Semar) vinculados con delitos cometidos en 2018.
Erika Castro Martínez y Jessica Molina, representantes de un grupo de 27 familias, denunciaron que existen graves omisiones procesales, en específico ante el fallo del juez de distrito Carlos Alberto Pantoja Arriola.
A pesar de contar con evidencias gráficas y testimoniales sobre la desaparición de más de 20 víctimas, el sistema de justicia, por tercera ocasión, les volvió a fallar, declararon.
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"Vengo a exigir justicia porque anteriormente tuvimos un juicio de resolución absolutoria... es injusto porque hay demasiadas pruebas, muchos videos. Estamos devastadas por esta noticia porque están libres y nuestros familiares aún no aparecen. No tenemos justicia", declaró Erika Castro Martínez, esposa de José Luis Bautista, desaparecido el 16 de mayo de 2018.
El pasado 16 de abril de 2026, Pantoja Arriola dictó sentencia absolutoria para siete marinos imputados por la desaparición forzada de José Luis Bautista Carrillo, dentro del Juicio Oral 13/2025 celebrado en el Centro Federal de Justicia Penal con sede en Reynosa, Tamaulipas.
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El caso se remonta a 2018, cuando los familiares de las víctimas presentaron quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por la desaparición de 27 personas. Ante esto, la CNDH integró 17 expedientes en los que se acreditó que personal de la Semar vulneró los derechos a la libertad, a la integridad, a la personalidad jurídica, al trato digno, a la vida y a la inviolabilidad del domicilio de 27 personas desaparecidas y 12 asesinadas.
Irregularidades y "multas de 5 mil pesos"
Para La Silla Rota, las familias denunciaron que el proceso fue opaco, debido a que los marinos llevaban un año siguiendo el juicio en libertad gracias a medidas cautelares obtenidas mediante pagos, situación de la cual las víctimas nunca fueron notificadas oficialmente.
"Se les aprobaron las medidas cautelares que ellos pidieron... con algo así de 5,000 pesos para que ellos salieran libres y siguieran este proceso en libertad. Lo cual se nos hace una burla", lamentó Molina.
Además, señalaron que, de los 30 marinos inicialmente detenidos, los últimos siete que enfrentaban juicio ya han sido absueltos.
Los marinos absueltos son Humberto Macedonio, Leonardo Barrios, Jesús Villa, Jorge Vidal, Pablo Nicolás, Rafael Zúñiga y Jesús Mongoy, todos pertenecientes a la Unidad de Operaciones Especiales (UNOPES), quienes estaban al mando del entonces Almirante Marco Antonio Ortega Siu.
“La UNOPES es la unidad que integra a las fuerzas de élite de la Marina en un solo componente especializado y preparado para operar en cualquier entorno, bajo cualquier condición”, describe la Semar.
¿Quién es Marco Antonio Ortega Siu?
Ortega Siu, conocido como “El Águila”, estuvo en activo por más de cuatro décadas en la Armada de México. Es una figura reconocida por su participación en la detención de Rafael Caro Quintero y el abatimiento de los Beltrán Leyva.
En 2016, fue el responsable del operativo Cisne Negro, mediante el cual fue capturado el exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera. Durante el gobierno de Miguel Barbosa en Puebla, el almirante fue integrado al gabinete como secretario de Seguridad de la entidad.
En 2022, durante las investigaciones por el caso de la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa, Ortega rindió declaración ante la Fiscalía General de la República tras filtraciones que apuntaban a un posible encubrimiento de operativos en el basurero de Cocula. Sin embargo, el almirante negó cualquier participación.
Omisiones institucionales
Las víctimas señalaron directamente deficiencias en el desempeño del Ministerio Público, encabezado por Abraham Ramírez, y de los asesores de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Ante la falta de apoyo institucional, las familias se han visto obligadas a contratar abogados particulares, a pesar de las dificultades económicas que enfrentan desde la desaparición de sus esposos, quienes eran los principales proveedores de sus hogares.
“La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y los asesores, no hemos tenido unos asesores directos ni (se nos ha indicado) quiénes son nuestros asesores”, remarcó Molina.
Inseguridad ante la presencia de la Marina
Tras la decisión del juez de distrito, las familias han sentido temor por la presencia de la Marina en Nuevo Laredo, a pesar de existir medidas cautelares que les prohíben patrullar la zona desde hace seis años. Asimismo, criticaron que durante el juicio se les retiró la identidad reservada, exponiéndolas directamente a los acusados.
"Ya están todos libres y pueden hacer y deshacer como lo hicieron en su caso en el 2018… Los marinos tuvieron acceso directo a ellas; las pudieron ver porque estuvieron presentes en el juicio. Ellos sí estuvieron al lado de ellas, el juez no", remarcó Molina.
En estos momentos, su propósito es conseguir una audiencia con la presidenta Claudia Sheinbaum y una posible reposición del juicio, en el cual el juez esté presente para entender el sufrimiento de las víctimas.
djh