Una iniciativa presentada en el Senado de Estados Unidos busca colocar al robo y contrabando de combustibles, huachicol fiscal, en el centro de la estrategia de seguridad contra los cárteles mexicanos, al señalar directamente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al Cártel de Sinaloa y a otras organizaciones criminales como actores clave en una red multimillonaria de tráfico ilegal de hidrocarburos.
El proyecto, denominado “Stop Fueling Cartel Violence Act”, fue impulsado por el senador republicano John Cornyn y la demócrata Jacky Rosen. En el documento, los legisladores afirman que grupos criminales mexicanos han desarrollado operaciones de gran escala para robar petróleo crudo, gasolina y diésel a Petróleos Mexicanos mediante tomas clandestinas, asaltos a refinerías, secuestro de pipas y corrupción de empleados.
La iniciativa de ley, de ser aprobada, obligaría al Pentágono a entregar un reporte al Capitolio sobre el robo de combustibles que fomenta la violencia criminal en México.
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La propuesta retoma información del Departamento del Tesoro estadounidense para sostener que el robo de combustible se convirtió en la fuente de ingresos ilícitos no relacionada con drogas “más significativa” para los cárteles mexicanos. Según el texto, las redes criminales también utilizan empresas fachada y mecanismos de lavado para mover las ganancias obtenidas del llamado huachicol fiscal.
Uno de los puntos más delicados para México es que la iniciativa liga de forma explícita el negocio del combustible robado con organizaciones ya clasificadas por Washington como grupos terroristas extranjeros, entre ellas el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo y el Cártel del Noreste. El documento recuerda que el gobierno estadounidense formalizó esas designaciones en febrero de 2025.
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La iniciativa sostiene que el combustible ilegal no sólo financia actividades criminales en México, sino que también fortalece las operaciones de tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. Incluso cita declaraciones del Departamento del Tesoro que describen el robo de hidrocarburos como una de las principales “vacas lecheras” financieras del CJNG.
El proyecto también pone bajo presión a Pemex y al gobierno mexicano al señalar que el robo de combustible alcanzó niveles históricos. Según cifras citadas en el documento, durante 2024 fueron sustraídos alrededor de 987 millones de litros de combustible, casi tres veces más que en 2019. Además, menciona estimaciones independientes según las cuales el contrabando y la evasión fiscal asociada generan pérdidas cercanas a 24 millones de dólares diarios para México.
Otro aspecto relevante es que la propuesta acusa que parte del petróleo robado cruza la frontera hacia Texas disfrazado como “aceite residual” o materiales peligrosos. De acuerdo con el texto, las redes criminales utilizan intermediarios mexicanos y empresas importadoras estadounidenses para introducir el crudo ilícito en regiones como el Valle del Río Grande, Eagle Ford y la Cuenca Pérmica.
La iniciativa no autoriza acciones militares directas, pero sí ordena al Departamento de Defensa elaborar un informe sobre cómo utilizar capacidades de vigilancia, inteligencia y monitoreo fronterizo —actualmente usadas en operaciones antidrogas— para combatir el tráfico de hidrocarburos. Entre las medidas planteadas aparecen intercambio de información, cooperación con fuerzas de seguridad extranjeras y análisis de redes criminales vinculadas al combustible robado.
djh